El gobierno no suspenderá la zona ORA para no indemnizar a la empresa concesionaria
El delegado de Movilidad señala que es la firma la que debe solicitar el cese del servicio
Adelante le exige que suprima el pago obligatorio al igual que han decretado otras ciudades
El Ayuntamiento jerezano no va a suspender el pago obligatorio por aparcar en las calles del centro de Jerez, la conocida como ORA o zona azul, durante el tiempo que dure la actual situación de crisis sanitaria por el coronavirus.
El delegado de Movilidad y Seguridad, Rubén Pérez, argumentó que el Consistorio "no puede suspender de forma unilateral" esta prestación puesto que este servicio es explotado por una empresa concesionaria, la firma Setex Aparki SA, ya que esto provocaría que tuviera que ser compensada económicamente por el cese de la actividad.
Fue el Partido Popular quien el pasado lunes reclamó la suspensión del pago obligatorio. Asimismo, los trabajadores de esta concesión reclamaron a la firma no trabajar al considerar que no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad ni era un servicio de obligada prestación en la actual situación de Estado de Alarma en el pais.
Rubén Pérez señaló que debe ser "la empresa" la que "solicite" la suspensión del pago obligatorio para, de este modo, "eximirnos de cualquier posible compensación". Asimismo, descartó que el gobierno local vaya a dar la orden de cese temporal de esta actividad ya que "no vamos a asumir que el cese del servicio lo paguen los jerezanos".
Adelante plantea que se denuncie a la empresa concesionaria
La formación Adelante Jerez ha reclamado que se decrete el cese de este servicio al entender que “no es un servicio básico esencial, tal y como se ha realizado en otras ciudades del entorno como Cádiz.
En un comunicado, la edil de esta formación Rocío Monedero propuso: “Siendo conscientes que el ORA no es servicio municipal ya que depende de una empresa privada, Adelante exige al Ayuntamiento que denuncie ante la policía, la inspección de trabajo y de las autoridades pertinentes a la empresa concesionaria porque sus actuaciones no se adaptan a las obligaciones, restricciones y recomendaciones que han dado desde el gobierno estatal para evitar la propagación del coronavirus”.
Además, denuncia que los trabajadores “continúan realizando su trabajo […] sin las medidas de seguridad pertinentes y de obligado cumplimiento”. “No es de recibo que una empresa anteponga sus intereses económicos a la salud pública de sus empleados y empleadas saltándose todas las normas de cumplimiento para salvaguardar la seguridad no solo de sus trabajadores, si no del resto de la sociedad”, añade.
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