La guerra de los accionistas en Carbures llega al regulador de Bolsa

Cádiz/La guerra entre accionistas de Carbures, la empresa de tecnología en aeronáutica y automoción, entre otras cosas, que prometía ser uno de los grandes lanzamientos de emprendedores industriales desde la provincia y que reventó la Bolsa con cotizaciones estratosféricas para después caer en picado y llegar a la suspensión de cotización hace dos años, se está embarrando hasta situaciones límite. El último episodio ha sido la carta que el fundador y presidente de la compañía, Rafael Contreras, ha enviado al presidente de Bolsas y Mercados Españoles, Antonio Zoido, en la que le explica que uno de sus accionistas, el portuense Antonio Herrero-Haupold, aliado con los accionistas catalanes de la firma, está llamando a confusión a los 7.000 accionistas de la empresa. En definitiva, que les está haciendo la cama en su nuevo plan de empresa.

Esta batalla viene de lejos, pero el estallido se produjo en la última junta de accionistas, celebrada hace una semana. La junta consistía en nombrar nuevos consejeros y convertir la deuda con un fondo de capital riesgo, Black Toro, en acciones de la compañía. Esto suponía, según porcentaje accionarial, en convertir a Black Toro en máximo accionista a cambio de que con su dinero enjugaba 55 millones de la deuda. Una parte del accionariado minorista, los más pequeños, se sumaron a esta salida para dar estabilidad a la empresa. Nombraron de consejera a Cristina Romero y unieron en una sola fuerza un 18% de las acciones.

La oposición estuvo en el grupo que aglutinaba a los accionistas cercanos al antiguo vicepresidente de la compañía, José María Tarragó, procedente de la industria clásica familiar catalana, que entró en el proyecto Carbures en el año 2010 para apoyar la internacionalización de la compañía, cuando pequeños y medios accionistas, especulando, lograron grandes cantidades de dinero ante el crecimiento exponencial, pero no real, del valor de las acciones. Detrás de Tarragó, además, se encuentra la familia Santacana y en el plano local su portavoz, de algún modo, es Antonio Romero-Haupold, heredero de la firma de ginebra Rives, que fue el que tomó la palabra en la junta de accionistas en nombre de los socios críticos, que suman un 13% del accionariado.

En esa junta, Romero-Haupold quiso saber el modo en el que Black Toro se había hecho mayoritario, ya que entendía que se habían utilizado dos tramos en el precio de la acción, uno primero de 1,5 euros y un segundo de 0,18. De este modo, Black Toro sería accionista mayoritario, con un 49%, de manera artificial. Es decir, que aportando 30 millones de euros, que deberían haber supuesto un quinto de la compañía, se habrían quedado con la mitad. Además, denunció los sueldos que se habían puesto tanto el presidente como el responsable de Black Toro, que rondarían los 700.000 euros al año y el incremento en los incentivos a los miembros del consejo de más de un 3.000%. La acusación era grave si se habla de una empresa que aún cuenta con una elevada deuda y no ha empezado a consolidar beneficios.

No es muy difícil entender que la parte 'catalana' del accionariado estaba visiblemente enfrentada al nuevo accionista, Black Toro, en el momento en que éstos exigieron la caída de Tarragó como consejero delegado de la empresa a la vista de los malos resultados de 2015. Es más, la junta de accionistas aprobó emprender acciones contra lo que consideran una administración desleal de Tarragó. La parte 'catalana' del accionariado, descabalgada del control de la empresa, argumentaría que no fue Tarragó el único responsable de esos resultados, ya que las acciones que se tomaron, en previsiones de unas facturación de cerca de 500 millones de euros, también estaban firmadas por Contreras. Es por eso que no creen que esas actuaciones, del tipo que sean, cuajen en nada (el que todo esto llegue a los tribunales es algo que planea sobre esta crisis accionarial de la compañía). Cualquier acción contra Tarragó, piensan, acabaría salpicando a Contreras.

La contestación de Rafael Contreras a estas acusaciones, ya abiertamente enfrentado con los catalanes, ha sido enviar la carta no sólo al regulador, sino también a las empresas que forman parte de una asociación del mercado alternativo bursátil. Esta asociación engloba a empresas de emprendedores que trabajan con nuevas tecnologías y surgió a raíz del escándalo Gowex, una empresa de telecomunicaciones que decía ganar millonadas con la colocación de wi-fi gratuito. Se descubrió que vendía humo y afectó a todo el mercado alternativo, incluido muy especialmente Carbures. El presidente de esta asociación es Romero-Haupold.

Lo que denuncia Contreras en su carta, filtrada al digital El Confidencial, es que el comportamiento del accionista Romero-Haupold en su junta, en la que él no estuvo presente para contestar a sus preguntas, "adquiere una difícil significación cuando viene de alguien que dice ostentar la condición de presidente de la Asociación de Empresas del MAB. Es más grave que en dichas intervenciones utilice el nombre del regulador para reforzar su opinión, creando una gran confusión entre el accionariado minoritario".

De lo que acusa Contreras al que fue su aliado y ahora accionista enfrentado es de generar turbulencias entre los accionistas invocando el nombre de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El motivo que habría tenido Romero-Haupold para este movimiento sería el no haber conseguido el control de la compañía con el capital aportado por los socios catalanes. Aquí, una vez más, se habla de distintos precios de las acciones de compra. La familia Santacana se habría visto frustrada por no ver satisfechas sus pretensiones a la hora de entrar en la empresa que les recomendó José María Tarragó. Santacana entró en Carbures a través de la empresa Anangu. De hecho, tras la conversión de la deuda de Black Toro en acciones, Anangu (Santacana) pasaba de tener un 11% de la firma a poco más del 5%, al haber aumentado el capital.

El juego de tronos empresarial de Carbures continúa con las distintas visiones que se tienen de lo que debería ser propiamente el negocio, es decir, la fabricación de piezas de fibra de carbono para coches y aviones y sus esultados empresariales. Es lo que Rafael Contreras quería destacar en una entrevista en este periódico que se publicó la pasada semana: no más dinero rápido, sólo un proyecto industrial. Investigar, producir y tener clientes para vender sus productos. Contreras afirma que el Ebitda del primer semestre (el ebitda es un indicaor financiero con su acrónimo en inglés de resultados antes de impuestos) era por fin positivo. Romero-Haupold negó la mayor en la junta de accionistas. Aportó datos que hablan de que las pérdidas se mantienen. Es más, en determinados círculos accionariales afirmó que, en realidad, Carbures está al borde de la quiebra.

Contreras estalló al conocer estos comentarios y considera en la carta que pone en conocimiento del regulador que Romero-Haupold utiliza su presidencia en la aociación de empresas del mercado alternativo para hablar con un "halo de insitucionalidad" para dinamitar desde dentro el proyecto industrial de Carbures mientras dice defender a sus asociados de un nuevo caso Gowex. Romero-Haupold ya es muy minoritario dentro de Carbures y las personas cercanas a él consideran que ya lo que está haciendo es poner la voz de Tarragó, con el que le une una amistad personal. Y todo este ruido lastra la nueva imagen de estabilidad que quiere proyectar Carbures.