Las cloacas de Corredera

El proyecto de reurbanización del eje viario Corredera-Esteve-Santa María-Cerrón se ha convertido en un arma política, un arma arrojadiza que los partidos al frente de las administraciones públicas en litigio, Junta y Ayuntamiento, utilizan en su provecho sin importarles demasiado las penurias de los afectados a pesar de que a todos se les llena la boca diciendo que los intereses de los administrados están por encima de todo.

La cubierta de alquitrán habilitada en Corredera a principios de semana en previsión de la llegada de las primeras lluvias fuertes es la única buena noticia que han recibido los comerciantes y vecinos de la zona en los seis meses que duran ya las obras, dos más del plazo de ejecución previsto y cuya finalización se desconoce por la judicialización del pulso que mantienen gobierno andaluz y local sobre el pavimento más idóneo para rematar la obra: adoquín o asfalto.

Mientras el contencioso sigue su curso en los tribunales, Urbanismo decidió por su cuenta y riesgo acometer el alquitranado ante la falta de respuesta de la Consejería de Cultura a su solicitud de reunión, cursada a finales de septiembre para abordar el inminente riesgo de inundaciones si no se actuaba de urgencia.

Curiosamente, el miércoles, un día después de proceder a cubrir la base de hormigón con la fina capa de alquitrán, se recibió en Urbanismo la respuesta de la Consejería, en la que, según la información recabada por este medio, se da una patada a seguir a la solicitud municipal. La Consejería se limita a señalar en su escrito que acusan recibo de la reunión solicitada y que enviarán a sus técnicos, sin concretar fechas, para estudiar sobre el terreno la viabilidad de la actuación ya ejecutada por el Ayuntamiento.

Llama la atención que la Junta tardara tres semanas en responder –es un decir porque no precisa fechas– a una cuestión urgente por el riesgo de inundaciones y que tan sólo dos días después de que Urbanismo decidiese actuar, la Policía Autonómica se personase en la zona para levantar acta ante un posible incumplimiento de la orden de paralización de las obras recurrida por el Ayuntamiento.

“Dentro de lo malo, es lo mejor”, señala Sebastián Giráldez, propietario del bazar Sakito de Corredera, en alusión al alquitranado de la calle, que considera necesario tanto por motivos de seguridad como por comodidad y accesibilidad de cara a la próxima reapertura al tráfico de vehículos autorizados para la campaña de Navidad.

Los comerciantes del entorno, que están hastiados de lo que consideran una lucha de egos, temen que este parche necesario haya venido para quedarse por mucho tiempo, el que tarde en resolverse el litigio por la falta de voluntad de las administraciones para ponerse de acuerdo en buscar la solución definitiva al problema, que reivindica la plataforma de afectados.

“Por una vez, han entrado en razón, han visto la luz y han actuado”, indica Giráldez tras la medida provisional adoptada por el Ayuntamiento, no sin subrayar que “más vale tarde que nunca, aunque no se entiende por qué no lo han hecho antes, porque lo que había antes era un carril lleno de polvo”.

La opinión de los comerciantes contrasta con la actitud de PP y Ciudadanos, socios de gobierno en Andalucía y principales partidos de la oposición en Jerez, que sin contar con los afectados, han recurrido al bombardeo indiscriminado del alquitranado provisional, coyuntura que han aprovechado para condenar al Ayuntamiento antes de que el juez se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, a saber, si el pavimento debe recubrirse finalmente de adoquín o de asfalto.

Si bien es cierto que el Ayuntamiento se precipitó y abrió el melón al iniciar las obras pese a las advertencias previas de la Administración autonómica –decisión que justifica en la necesidad de cumplir unos plazos para no perder la subvención de la Edusi que financia el proyecto–, pues lo lógico hubiera sido litigar antes y actuar después, el mal ya está hecho y cabe esperar que, de un lado, las partes en litigio se sienten a encontrar una solución negociada y, de otro, dejen de ponerse zancadillas a cada paso y empiecen a pensar de verdad en los intereses de los afectados.

El gobierno local se aferra a que tiene las competencias delegadas en la materia y que, por tanto, no era necesario elevar consulta a la Junta para ejecutar el proyecto, que contemplaba la supresión del adoquín y su sustitución por asfaltado. La Consejería de Cultura, por su parte, esgrime que al tratarse de una demolición del adoquinado es de su competencia y cualquier modificación requiere su aprobación.

En la única ocasión en la que Junta y Ayuntamiento se han sentado para abordar el problema y buscar una salida airosa, ya con el litigio en marcha, coincidieron en la posibilidad de zanjar el conflicto con un pavimento mixto, que incorporaba bandas de rodadura al adoquín.

Pero una vez más se perdieron en las formas, pues el Gobierno andaluz pretende que el Ayuntamiento le pida permiso sobre la modificación del proyecto, mientras que el gobierno local se niega porque sería reconocer que las competencias son de la Consejería. Y como uno y otro se empeñan en que tienen la razón, prefieren esperar a que sea un juez el que se pronuncie por mucho daño que, mientras tanto, sufran comerciantes y vecinos de la zona y su entorno.