El gobierno local esgrime el riesgo de lluvias para justificar el alquitranado de Corredera

Serpiente de verano y culebrón del otoño. El proyecto de reurbanización del eje viario Corredera-Esteve-Santa María-Cerrón sigue siendo uno de los principales focos de confrontación política en Jerez, donde la última actuación ejecutada por el gobierno local con el alquitranado provisional de la zona –que no asfaltado definitivo–, aunque aplaudida por los comerciantes, ha desatado las críticas del PP y Ciudadanos.

Los dos principales partidos de la oposición y socios del gobierno andaluz han mostrado su asombro ante una intervención realizada sin previo aviso y que, según interpretan, contraviene la orden de paralización de las obras dictada por la Junta.

El gobierno local, por contra, insiste en el carácter provisional de una actuación que justifica en motivos de seguridad por el riesgo de inundaciones con la llegada de las lluvias del que advirtió Aqualia y que, de paso, permitirá responder a la demanda de los comerciantes de reabrir este eje viario al transporte urbano durante la campaña de Navidad.

La plataforma de afectados por las obras, muy crítica con las administraciones públicas por el retraso que acumula el proyecto y por la falta de información, da credibilidad en esta ocasión al gobierno local, cuyo teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, detalla que únicamente se ha cubierto con una fina capa de alquitrán para proteger la base de hormigón y facilitar la recogida de aguas para conducirla a los imbornales.

Según la versión de Díaz, la boca de los imbornales quedaba por encima del hormigón y se ha nivelado con la capa de alquitrán, que ocupa sólo tres centímetros de los 13 que tiene la caja de calle Corredera, por lo que quedan otros diez para rematar la plataforma única con el asfaltado o el adoquinado, según determine el juez en la resolución del contencioso administrativo que enfrenta a Junta y Ayuntamiento en este proyecto.

El responsable municipal asegura que la capa de alquitrán también facilitará la circulación de los vehículos autorizados, aunque a velocidad limitada de 10 km/hora, durante la reapertura al tráfico por la campaña de Navidad, sin que suponga sobrecoste alguno para el proyecto, porque “habría que ponerla tarde o temprano”.

“No se incumple nada porque la orden de paralización dicta que no se levante el adoquín, y el asfaltado o el adoquín irá sobre esta base de alquitrán”, enfatiza Díaz, quien hizo hincapié en que el Ayuntamiento decidió actuar el martes en previsión de fuertes lluvias como las registradas la pasada madrugada ante la falta de respuesta de la dirección de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura al escrito que remitieron el pasado 30 de septiembre para informar de esta intervención. Fuentes del Gobierno andaluz confirmaron la recepción del escrito, aunque no pudieron precisar si se había comunicado ya respuesta al Ayuntamiento o si, por contra, está aún pendiente de remisión.

Los populares, que no dan crédito a la versión municipal, han solicitado los informes técnicos que avalan esta actuación, toda vez que la consideran “un nuevo ejercicio de arrogancia y prepotencia” por parte de Mamen Sánchez, “más empeñada –a juicio del concejal Jaime Espinar– en incumplir la ley que en buscar el bien general para el centro de Jerez y para los comerciantes”.

En un comunicado, el PP lamenta en este sentido que “mientras la Junta de Andalucía está a la espera de que el gobierno local envíe el proyecto modificado y ajustado a la Ley para autorizar las obras, Mamen Sánchez y el PSOE parecen preferir tener asfixiados a los comerciantes del centro de Jerez”.

Ciudadanos, por su parte, considera que se trata de una actuación realizada con “nocturnidad y alevosía” que tilda de “autoritarismo cortijero” y, pese a la aprobación de la plataforma de afectados, señala que “serán los comerciantes de la zona los que ahora sufrirán aún más" esta “esquizofrenia urbanística”.

El portavoz de la formación naranja, Manuel Méndez, entiende que el gobierno local “se salta a la torera la normativa en patrimonio”, decisión que “podría terminar costando una sanción de hasta un millón de euros que tendrán que pagar todos los jerezanos”, por lo que anuncia que exigirán responsabilidades por “el daño irreparable que este hecho inflige a la ciudad”.