El Hospital de Jerez secunda una concentración en Rota por dos sanitarias agredidas

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra ha organizado dos concentraciones en repulsa por un episodio de violencia acaecido en la mañana del pasado miércoles en el Centro de Salud de Rota, donde una celadora conductora ha sufrido una agresión física y una enfermera fue agredida verbalmente.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha condenado estos hechos y ha mostrado toda su solidaridad a las profesionales afectadas por esta lacra, “fruto de una pérdida del principio de autoridad, de un problema de educación y de un nivel de tolerancia mínima”.

Los hechos se produjeron cuando un hombre y una mujer entraron por Urgencias del centro de Atención Primaria demandando un tratamiento para la mujer; la celadora conductora les indicó que cogieran cita con la enfermera, ya que no se trataba de una situación urgente, y la pareja comenzó a arrojar sobre esta profesional todos los utensilios que encontraron a mano (mampara protectora, un monitor...), provocándole una contusión.

Una enfermera salió en su ayuda y recibió por parte de los agresores numerosos insultos y gritos. Finalmente acudió la Policía y se está tramitando la correspondiente denuncia.

Las concentraciones con lectura de manifiesto se han desarrollado en el Centro de Salud de Rota y en el Hospital Universitario de Jerez, donde ha estado presente la gerente del Área, Lourdes García, y su equipo directivo.

Precisamente, a principios de mes, el hospital jerezano fue escenario de una reunión a nivel provincial de la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la que se presentó el documento del Banco de Buenas Prácticas en aplicación del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En el encuentro participaron los responsables de las unidades de prevención de riesgos laborales de los centros sanitarios de la provincia de Cádiz, así como las organizaciones sindicales

El Banco de Buenas Prácticas recoge distintas acciones y medidas encaminadas a prevenir las agresiones y minimizar sus consecuencias y por otro lado a mejorar la atención recibida y percibida por las personas trabajadoras de los centros asistenciales del SAS tras recibir una agresión. El objetivo que se persigue es disponer de un conjunto de medidas a disposición de los centros asistenciales para que éstos, en base al análisis concreto de su casuística y al contexto actual, puedan valorar qué aspectos pueden mejorarse en el abordaje del problema que supone la exposición de los profesionales a conductas violentas en los lugares de trabajo por parte de los usuarios y que se materializa en forma de agresiones físicas y verbales.

Cabe recordar que la provincia de Cádiz cuenta con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.

Estos encuentros, en los que participan los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, se celebran trimestralmente en un punto diferente. Asimismo, son integrantes de la comisión, presidida por Eva Pajares, los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.

Salud cuenta además con diversos instrumentos de lucha contra esta lacra incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del ‘profesional guía’, la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; el refuerzo de las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

La delegada territorial ha advertido a los agresores de que hay sentencias que consideran estas acciones como delito de atentado, castigándose con penas de uno a tres años de prisión, “y hay condenas contundentes sólo por delitos leves”. De hecho, una reciente sentencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez de la Frontera ha condenado a un paciente por un delito leve de amenazas a una médico de familia a la prohibición de aproximarse a su víctima a una distancia de 200 metros durante el plazo de seis meses, así como de comunicación con la misma, por cualquier medio o sistema, durante el mismo plazo