El hotel Ávila, un centro ‘estable’ para la inserción sociolaboral

El hotel Ávila de Jerez fue convertido en un Centro de Acogida de Menores hace prácticamente un año. La falta de recursos en el Manuel de Falla obligó a la Junta de Andalucía a utilizar las instalaciones que otrora albergaron un hotel como un lugar para la acogida de niños sin familia. En total, 70 chavales llegaron a un lugar donde no se reunían las condiciones mínimas de habitabilidad, según denunció la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. La excusa utilizada por entonces para mantener el hotel lleno de menores inmigrantes era el carácter de urgencia de esta medida. Desde el pasado mes de marzo, el número de plazas se ha reducido a sólo medio centenar y la Junta asegura que ha dotado al centro de nuevo contenido. El carácter de urgencia ha cesado y desde abril ya no es un centro de emergencias y primera acogida a menores inmigrantes, sino que tiene un objetivo de inserción sociolaboral.

Todo comenzó a principios del mes de septiembre de 2018. Un hotel con unas 30 habitaciones y unas instalaciones destinadas a la pernoctación de viajeros pasaba a ser la residencia habitual de siete decenas de niños. Las ventanas tapiadas y el oscurantismo no permitían ver lo que ocurría dentro de un hotel donde los chavales han sufrido unas condiciones paupérrimas desde su llegada.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ya lo denunció en varias ocasiones. Incluso remitió una queja al Defensor del Menor de Andalucía y a la Fiscalía de Protección de Menores de Cádiz durante el último trimestre del pasado año. La misiva apuntaba: “De forma directa a través de menores huidos del propio centro, (la Apdha) ha tenido conocimiento de las condiciones absolutamente intolerables que están padeciendo estos niños, tanto por inadecuación del propio lugar, como por el régimen y gestión de la empresa que los cuida”.

La asociación denunció las insuficiencias sufridas por estos menores desde el principio. Tanto en la alimentación, como en artículos de higiene o ropa. Aunque pueda parecerlo, esto no era lo peor. La Asociación Pro Derechos Humanos denunció que los menores estaban hacinados en cuatro camas por habitación y las destinadas al ocio sólo contaban con sillas. “No les permite estar cómodos a los menores es su poco tiempo de ocio”, decía el pasado septiembre la carta remitida.

Además, sólo se les permitía salir por las tardes y en grupos reducido. Es decir, se les separaba de sus amigos. Era sólo el principio, donde sólo se les dejaba llamar durante dos minutos. Todo fue denunciado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Casi un año después, Diego Boza, miembro de la Apdha, expone: “Era un centro de emergencia y la emergencia se ha convertido en algo estable. No tiene condiciones para mantener a la gente allí. Los chavales están pasándolo mal y es una tónica en el proceso de ayuda de primera asistencia de la administración, porque los recursos que hay son muy limitados y eso impide un desarrollo adecuado de estos chavales y que puedan avanzar”.

Además, Boza apunta a otros problemas, surgidos a raíz de las malas condiciones de las que disponen los menores: “El otro gran problema que hay, que está claro que existe y se da también en otros sitios, es el de las desapariciones. Hay menores que se van por las condiciones en las que viven, porque no están bien, y no sabemos dónde están. Es algo preocupante. La opinión pública está cargando contra ellos cuando en realidad son víctimas del sistema migratorio y de la falta de recursos que hay en el país para atender estas necesidades”.

La Junta de Andalucía defiende que hay inspecciones, controles y que se dan los medios necesarios para facilitar el desarrollo de programas de inserción laboral. No es algo que defienda sólo el nuevo gobierno. Ha sido la postura mantenida por la administración desde el principio. Así lo hizo Juan Luis Belizón, delegado de la Junta en Cádiz en el último mandato socialista. El nuevo gobierno popular afirmó recientemente que las inspecciones periódicas no habían detectado ninguna anomalía.

La última inspección fue realizada a finales de junio, según el ente autonómico. Coincidió con los últimos problemas de convivencia, cuando dos menores regresaron más tarde de lo estipulado por la empresa y uno de ellos tuvo una discusión con una de las monitoras por llegar acompañado por una chica ajena al centro. Los mismos trabajadores llegaron a llamar a la policía para que actuara.

Los problemas de convivencia son puntuales, según esgrime la Junta de Andalucía. Los vecinos se han quejado en múltiples ocasiones por las molestias ocasionadas por los menores, que hacen ruido al salir a los balcones del hotel. Los problemas que suelen ocasionarse son los normales dentro de un grupo de 50 personas que conviven dentro de una misma residencia y no en las mejores condiciones de habitabilidad para buscar el objetivo de la inserción sociolaboral.