La Junta de Andalucía insiste: "No se ha perdido ningún fondo en La Asunción"

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha vuelto a negar que se hayan “perdido” fondos destinados a la rehabilitación de los bloques de la barriada de La Asunción, una intervención que arrastra importantes problemas debido a la mala ejecución y la escasa calidad de parte de los materiales empleados, además de continuos retrasos, tal y como llevan meses denunciando los propietarios desde hace meses. Por este motivo, la responsable del ejecutivo andaluz reiteró que se ha contratado una auditoría para que analice la ejecución de esta actuación rehabilitadora y determinar dónde se han producido los “fallos” en la gestión.  

Estas afirmaciones fueron apuntadas por la máxima responsable de la Consejería de Fomento y Vivienda, organismo que repartió las ayudas con las que se hicieron estas obras, aunque fueron las comunidades de propietarios quien tenían encomendada su contratación, durante una visita a una casa-palacio en el barrio de San Miguel que se ha rehabilitado para destinarla a alquileres sociales.  

Díaz incidió en que “no se ha perdido ningún fondo”, tal y como asegura el partido Adelante Andalucía, sino que se han tratado de buscar una “solución” a los vecinos ampliando el plazo de ejecución hasta finales de este año. Para ello, se ha procedido a “trasladar” los fondos europeos destinados a esta obra para ampliar el plazo de conclusión —las obras deberían haber estado concluidas a finales del año pasado—.  

La consejera de Fomento defendió la gestión de su consejería asegurando que están en contacto continuo con los propietarios afectados y con el Ayuntamiento. “Hemos tenido más de 40 reuniones con los vecinos, En ellas se les explica todo y tratamos de buscar soluciones a los problemas”, aseveró.  

Acto seguido, mencionó que se ha contratado a una auditoría para que analice la ejecución de los trabajos realizados y determine las causas de los problemas que los propietarios de estos pisos llevan denunciando desde hce meses. Este estudio será realizado por la empresa Cogesur, que supondrá un coste para la administración autonómica de unos 14.876 euros más IVA, deberá estar listo en cuatro meses.