Un mal acuerdo para el campo
La posible ratificación del acuerdo UE-Marruecos ahonda la crisis de los agricultores de la provincia, que producen a costes europeos para vender a precios de países en vías de desarrollo
Cambio de realidades, cambio en las circunstancias, cambios en el sistema. El campo español se encuentra afectado por la coyuntura económica mundial, las imposiciones de los mercados, el predominio de las grandes multinacionales, las políticas comunitarias, el incremento de los costes de producción y un etcétera que, inevitablemente, conducen a la palabra crisis.
El acuerdo UE-Marruecos está pendiente de ratificación por parte del parlamento europeo que celebrará sesión para su aprobación los próximos 15 y 16 de febrero después de que la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo votará a favor de la ratificación del Acuerdo de libre Comercio UE - Marruecos.
Todo el sector hortofrutícola se ha unido para mostrar de manera firme y unánime su más contundente rechazo a la revisión del acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos por su grave impacto en el sector hortofrutícola español. Este asunto es de vital de importancia porque la riqueza que esta actividad agraria genera en el conjunto del Estado es de 13.670,2 Millones de euros lo que supone el 33 % del total del agro español, mientras que en Cádiz alcanza casi el 50 % con unas cuantías superiores a 250 Millones de euros.
Es por esto que COAG-Cádiz ha iniciado una campaña contra la aprobación del mencionado acuerdo promoviendo la presentación de mociones en los ayuntamientos entre los que se encuentra el de Jerez de La Frontera, diputación provincial, con objeto de recabar apoyos de sus Plenos y que insten a la Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura y europarlamentarios para que rechacen de forma clara un acuerdo que perjudica seriamente los intereses de los productores andaluces.
Los diferentes acuerdos han profundizado en la liberalización de las transacciones comerciales sin que existan mecanismos de control de las cantidades que entran por frontera. Esta política neoliberal está provocando el derrumbe de los precios en origen, comprometiendo de forma clara la rentabilidad y el futuro de las explotaciones hortofrutícolas gaditanas (Litoral, Campo de Gibraltar y por supuesto de la campiña jerezana), un sector estratégico para el empleo y la creación de riqueza en las comarcas afectadas.
Todo esto se produce incluso con la existencia de estudios elaborados por la propia Comisión Europea que muestran el grave impacto del aumento de las concesiones comerciales en frutas y hortalizas al no poder afrontar la competencia de los países vecinos Mediterráneos, cuyas producciones soportan unos costes de producción considerablemente inferiores.
COAG-Cádiz denuncia este "dumping social, laboral, medioambiental y sanitaria", la hipocresía de la clase dirigente y exige condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria de las producciones de terceros países.
Con todos estos antecedentes, la propuesta de Acuerdo liberaliza prácticamente la exportación marroquí a los mercados europeos, destino de nuestras exportaciones, y erosiona seriamente la protección arancelaria para nuestras producciones. Esta situación tendría consecuencias nefastas y comprometería el presente y futuro de nuestros agricultores, sus cooperativas y las empresas que trabajan directa e indirectamente en el sector.
Asimismo hay que recordar que Marruecos ha vulnerado en múltiples ocasiones el marco comercial actual, situación que no se subsanaría con el nuevo acuerdo sino que se agravaría. En este sentido, es urgente y necesario potenciar y coordinar los controles aduaneros antes de realizar cualquier avance en el proceso de liberalización comercial.
COAG-Cádiz anima a los europarlamentarios, para que ejerzan verdaderamente su poder de codecisión y rechacen la ratificación de un Acuerdo que ahoga la producción hortofrutícola y de esta forma mostrar realmente la oposición a la propuesta de reforma de la PAC que precisamente profundiza en esa senda desreguladora, obviando los mecanismos de gestión y organización de unos mercados que se mueven por intereses especulativos y que no tienen en cuenta el carácter estratégico de la producción.
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