Obras de plaza de San Juan y calle Oliva: algo más que un simple problema con una empresa

Las obras de reurbanización del eje que conecta la plaza Rafael Rivero con la calle Oliva (que incluye las plazas San Marcos, Compañía y plaza de San Juan y las calles Francos y Padre Rego) han sido un cúmulo de problemas desde sus inicios. Y tanto es así que el actual gobierno municipal ha decidido renunciar a ejecutarla, al menos como estaba planeada por el anterior ejecutivo local.

Los retrasos en la ejecución del primer tramo de la obra, de poco menos de 100 metros de longitud de la calle Oliva (entre las plazas de San Juan y de los Ángeles) por la aparición de conducciones en el subsuelo inicialmente no contempladas en el proyecto y los problemas surgidos con la empresa constructora, la firma granadina AFC Construcciones y Contratas SL, han provocado que el ejecutivo haya solicitado ya al Gobierno central poder acometer otras actuaciones con los fondos europeos que iba a financiarse la reurbanización de este eje que cruza intramuros desde la Alameda Cristina hasta la plaza de Santiago.

Ahora bien, esta decisión es un arma de doble filo. Si el Ministerio de Transportes no acepta la propuesta, el Ayuntamiento se vería obligado a devolver la totalidad de la subvención recibida (unos 1,8 millones de euros aproximadamente tenía asignados) o bien a ejecutar a toda prisa una obra que debería tener lista antes del 31 de diciembre del año próximo.

Una subvención europea de 1,8 millones

Todo comenzó a fraguarse a mediados de 2021 cuando el Ministerio de Transportes abrió una convocatoria para que los ayuntamientos de toda España presentasen proyectos para crear zonas de bajas emisiones (ZBE) — son áreas en las que el acceso a determinados vehículos está restringido debido a sus emisiones— con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos.

El anterior gobierno del PSOE decidió que esta zona se implantara en el perímetro de intramuros por lo que planteó que uno de los proyectos que se presentara a la primera convocatoria de ayudas del Ministerio fuera las obras de reurbanización de un eje viario de más de 600 metros de longitud y casi 5.000 metros cuadrados que partía de la plaza Rafael Rivero y, tras continuar por plaza de San Marcos, Compañía, Francos y plaza de San Juan, culminaba en calle Oliva para entroncar con una actuación posterior en las inmediaciones de la plaza de Santiago. El proyecto contemplaba que el peatón ganara espacio en detrimento del tráfico rodado, aunque este se seguiría permitiendo, aunque de manera restringida para cumplir con los parámetros de la zona de bajas emisiones.

En febrero de 2022, el Ministerio dio a conocer que el Ayuntamiento jerezano era beneficiario de una subvención de 1,8 millones para esta intervención. También recibía otros 743.000 euros para mejorar la implantación de cámaras de control de tráfico para la implantación de estas zonas de tráfico restringido.

Tal y como establecía las bases reguladoras de esta convocatoria, el Ayuntamiento tenía que cumplir una serie de hitos en la licitación y desarrollo de la obra. Para empezar, tenía que iniciar el proceso de adjudicación el 15 de junio de 2022. En este caso, inició el procedimiento un día antes. Y a finales de septiembre aprobó la adjudicación y a mediados de octubre se firmó el contrato con la constructora granadina, unos 45 días antes del plazo final para hacerlo.

De las ocho que se presentaron al concurso, la de AFC Construcciones y Contratas SL fue la oferta económica más baja. Su propuesta bajó un 9,9% el precio máximo de licitación.

Unas obras con problemas desde su inicio

Las obras se iniciaron de manera oficial el 18 de noviembre del pasado año y con un plazo de ejecución de 15 meses. Para reducir el impacto de su ejecución, se decidió ejecutarla por fases comenzándose por la calle Oliva en el tramo entre la plaza San Juan y de los Ángeles.

Pero, no había transcurrido un mes cuando la empresa pidió una prórroga ya que aparecieron conducciones que inicialmente no estaban recogidas en el proyecto. Ya por entonces, la obra empezaba a acumular retrasos que provocaron, incluso, que las hermandades de la zona no pudieran procesionar por ellas, a pesar de que el ejecutivo anterior señaló que la zona estaría transitable para esa celebración.

Sin embargo, llegada la primavera, y ante la falta de avances en la obra, el anterior gobierno inició una tramitación de la modificación del proyecto que concluyó el pasado mes de septiembre, ya con un nuevo ejecutivo al frente del Ayuntamiento. Así, se ampliaba tanto el plazo de ejecución (se alargaba hasta mediados del año próximo) como el presupuesto en unos 256.000 euros. Incluso, la pasada semana se aprobaba la incorporación de un técnico más a la dirección facultativa de la obra.

Pero los problemas continuaron y las controversias entre el Ayuntamiento y la constructora por la firma de las certificaciones —el documento que marca la conclusión de cada una de las fases de la obra y que es necesario para recibir los pagos— ha acabado con la firma declarando la suspensión unilateral de la obra, una posibilidad que, según el ejecutivo no contempla la ley, por lo que ha renunciado a seguir, de ahí que empezara a retirar material de la calle la pasada semana. La empresa ha alegado que el Ayuntamiento le adeuda varios pagos.

Unos fondos europeos en peligro

Ante la marcha de la empresa, el gobierno tiene un problema con esta obra. El camino más corto es alcanzar un acuerdo con la adjudicataria para rescindir el contrato. Tiene la posibilidad de iniciar un proceso para sustituir a la empresa adjudicataria, pero, claro está, es mucho más lento y engorroso.

Y a ello se une que los plazos corren y, según la convocatoria de las ayudas recibidas, las obras deberían concluirse antes del 31 de diciembre de 2023. Ahora bien, se cuenta con una prórroga de 12 meses para poder acabarla.

Con la ampliación del plazo aprobada hace poco más de un mes, las obras deberían concluir en julio del año próximo. Sin embargo, el gobierno ha decidido no seguir adelante con la reurbanización alegando que no le da tiempo a ejecutarla en el plazo fijado por la convocatoria de estos fondos por lo que ya ha solicitado al Gobierno central que le permita destinar estos fondos a otras actuaciones —estas no han sido especificadas públicamente—.

Las bases de la convocatoria, así como una nota de aclaratoria sobre modificaciones y renuncias emitida por el Ministerio de Transportes, establece la posibilidad de que los ayuntamientos realicen modificaciones en sus proyectos subvencionados. Eso sí, también advierte de que las entidades locales no pueden renunciar a parte de la ayuda, sino que o la utilizan entera o están obligadas a devolver todo el importe asignado inicialmente.

Así se recoge la posibilidad de solicitar “una modificación” que debe ser analizada por el Ministerio. El requisito es que la propuesta alternativa no debe alterar “la naturaleza u objetivos de la subvención ni supongan un cambio sustancial en el conjunto de actuaciones subvencionadas”. Es decir, la modificación debe servir para implantar una zona de bajas emisiones en la ciudad.

En el caso de que el Ministerio acepte la propuesta, deberá ejecutarla en el plazo previsto (antes de finales del año próximo). Pero, en el caso de que reciba una negativa, tendrá que retomar las obras tal y como tenía prevista o bien devolver la totalidad del importe recibido —está por ver si serían los 1,8 millones para esta intervención o se le sumaría también otros 743.000 euros de la sala de control de tráfico que también se financia con esta intervención y que está actualmente en proceso de instalación—. Es más, cabe la posibilidad de que el Ministerio reclame intereses de demora o, incluso una “posible sanción adicional”.