El contundente informe policial sobre el calvario que sufren los vecinos de las calles Remedios y Algarve en Jerez

Los vecinos de la calle Remedios barajaron la posibilidad de acudir a la vía judicial ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Jerez a los problemas, que vienen arrastrando desde hace años, derivados de la concentración de bares y las aglomeraciones de jóvenes consumiendo en la vía pública. El anterior gobierno socialista hizo oídos sordos a sus quejas y denuncias por la imposibilidad de conciliar el sueño e incluso de acceder a sus viviendas por el tapón que formaban los clientes en los accesos desde Algarve y Consistorio, mientras consumían de pie en la vía pública las bebidas dispensadas por los bares.

La inacción municipal frente al consumo desbordado en el exterior de los locales y el incumplimiento de los horarios de cierre, reflejado en multitud de expedientes incoados por la Policía Local, agravó la situación, permitiéndose incluso la apertura de nuevos negocios que han contribuido a aumentar el nivel de ruido para desesperación del vecindario.

Con la llegada del nuevo gobierno, en manos del PP, los vecinos han arrancado el compromiso del inicio del procedimiento para la declaración de las calles Remedios y Algarve como zonas acústicamente saturadas (ZAS), resolución publicada días atrás en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y que se acompaña de la interrupción de la concesión de nuevas autorizaciones para la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado de actividades que contribuyan a aumentar el nivel de ruido.

La decisión de los nuevos responsables municipales, acorde con la insistencia de los vecinos en su denuncia de la contaminación acústica en este enclave céntrico y la necesidad de adoptar medidas correctoras, se sustenta en un contundente escrito firmado por el jefe de la Policía Local al hilo de la campaña de vigilancia y control desarrollada en horario nocturno en la zona en la segunda quincena de septiembre.

El informe policial no deja lugar a dudas del calvario que sufren los residentes de estas calles, pues pone de manifiesto tanto la saturación de personas que se concentran en Algarve y Remedios como el exceso de ruido que provoca su presencia, lo que “hace imposible garantizar el descanso de los vecinos”.

La Policía Local procedió durante los días en los que extremó la vigilancia en la zona al "desalojo" de las personas que no ocupaban los veladores de los establecimientos y comprobó que había “multitud de clientes consumiendo bebidas en la vía pública, ocasionando ruidos y alterando la pacífica convivencia”.

El escrito, que se acompaña de numerosas actas de inspección y denuncias incoadas por el dispositivo policial, así como de un reportaje fotográfico que ilustra las noches en Remedios, Algarve y Santa Ana, también advierte del peligro que representa la “gran afluencia de personas, que impide transitar por dichas calles”.

Al hilo de la actuación policial, el jefe de Departamento de Gestión Medioambiental emitió un informe técnico en el que recomendaba iniciar el procedimiento para la declaración de estas calles como zonas acústicamente saturadas, al tiempo que proponía paralizar en paralelo la autorización para la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado de actividades que incrementen los índices de ruido existentes, de acuerdo con el principio de prevención de impacto ambiental y en virtud de lo dispuesto en el Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

Del mismo modo, el informe técnico recuerda que la declaración ZAS debe implicar, como mínimo, la adopción de restricciones en la concesión, modificación o ampliación de licencias de apertura como al horario de las actividades, según establece la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía.

Así se detalla en la exposición de motivos de la resolución del inicio del procedimiento para la declaración ZAS de las calles Remedios, Santa Ana y Algarve publicada en el BOP, por la que el teniente de alcaldesa delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, resuelve igualmente “no autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado de actividades que incremente los valores de los índices de inmisión existentes”.