El peor semestre para los proveedores municipales
El Ayuntamiento cierra junio con 75 millones de euros en facturas impagadas, el mayor importe desde 2015
Jerez/La deuda que el Ayuntamiento jerezano mantiene con sus proveedores alcanza máximos históricos. Desde que en septiembre de 2014 el Ministerio de Hacienda empezara a publicar esta magnitud, el Consistorio no había superado los 75 millones de euros en facturas pendientes de abonar. Sin embargo, este importe lo superó el pasado junio, según los datos publicados en la jornada de ayer por la administración central.
De este modo no solo se ratifica que el Ayuntamiento jerezano sigue siendo uno de los que tiene más deuda con sus proveedores y, de paso, de los que más tarda en pagar -en ese mes solo le superaron en cuantía Madrid y Granada- sino que, lejos de mejorar, continúa empeorando mes a mes en una magnitud que es un fiel referente del estado de la tesorería municipal.
El importe de las facturas impagadas se situó a finales de primer semestre en los 75,4 millones de euros, un 28% más que en el mismo periodo de 2016. Además, en lo que va de año, se ha destinado al pago de facturas unos 22,5 millones de euros, unos 15 millones menos respecto a 2016. Esto se debe a que en el pasado ejercicio el Consistorio recibió una inyección de liquidez al acogerse a una de las líneas de crédito habilitadas por el Ministerio de Hacienda para mejorar la situación financiera de las entidades locales.
Mientras tanto, el Ayuntamiento tarda unos ocho meses y medio de media desde que reconoce la factura hasta que la abona -la federación de autónomos ATA, en cambio, sostiene que a este tiempo hay que sumarle los 30 días que tiene la administración para dar por buena la factura y que Hacienda no contabiliza-. Hace un año, en cambio, se retrasaba una media de seis meses. En este caso, hay entidades locales peores que la de Jerez como Jaén, Algeciras, Parla, Telde o Gandía pues algunas de ellas superan el año en abonar obligaciones con sus proveedores.
Por lo tanto, el Ayuntamiento sigue lejos de cumplir con su compromiso de ir reduciendo de manera progresiva los tiempos de pago a sus proveedores. De hecho, en la última modificación de plan de ajuste, aprobada hace dos semanas para poder acogerse a un crédito para pagar sentencias condenatorias, tuvo que revisar a la baja sus previsiones sobre esta magnitud. Así, si el año pasado se comprometió a que se situaría el retraso en una media de cuatro meses, ha tenido que reconocer que este año no bajará de los ocho meses. El Consistorio no se plantea cumplir con la obligación legal de pagar en 30 días hasta, al menos, 2022 aunque visto los precedentes es previsible que este objetivo se siga retrasando.
En cuanto a las empresas municipales, resulta especialmente preocupante la situación de Cirjesa, la sociedad que gestiona el trazado de velocidad. Su periodo medio de pago supera los seis meses de media. Sobre su deuda, el último dato corresponde al balance del presupuesto de este ejercicio situándose en los 4,6 millones de euros.
Mientras, las únicas que en el mes de junio cumplieron con el periodo legal de pago fueron Ememsa (Montes de Propio) y la Fundación Andrés Ribera.
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