El fallo que tumbó la plusvalía ya afecta a los ingresos municipales

El Ayuntamiento ya está notando la bajada de los ingresos que percibe por la plusvalía, el impuesto que grava la compraventa de inmuebles, por el fallo del Tribunal Constitucional que tumbó parte de la normativa que lo regula. Hasta octubre, según datos publicados sobre el grado de ejecución del presupuesto municipal, había obtenido unos 6,2 millones de euros hasta el mes de octubre por el denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos (IIVTNU). Este importe supone la mitad de lo previsto para todo el año.

Aunque apenas quedan tres meses para que concluya el ejercicio, el delegado de Economía, Santiago Galván, aseguró a este periódico que prevé que no se va “a estar lejos” de los presupuestos una vez se cierre el ejercicio. De hecho, afirmó que “en las últimas semanas han entrado bastantes plusvalías” por lo que confía en rebajar la diferencia existente actualmente entre lo estimado y lo realmente obtenido.

Ahora bien, los 6,2 millones de euros obtenidos por este impuesto son derechos reconocidos, es decir, importes que el Ayuntamiento puede reclamar al contribuyente. En cambio, la recaudación líquida hasta octubre fue de 3,8 millones.

El Tribunal Constitucional dictaminó el pasado mes de mayo que este tributo no puede ser reclamado por las entidades locales en las operaciones en las que se acredite que el vendedor no ha obtenido beneficio económico. El caso que analizó el Alto Tribunal fue precisamente un recurso presentado por el bufete jerezano de José Cepero por una plusvalía reclamada a la promotora Rentas y Vitalicios por la ejecución hipotecaria de unos terrenos que pasaron a manos de Unicaja en 2014.

Galván apuntó que hace meses se dio instrucciones a los servicios de recaudación para que los ciudadanos puedan liquidar este impuesto “a cero”—no abonen nada— si demuestran que han vendido por debajo del valor adquirido previamente o heredado. En este sentido, explicó que siguen a la espera de que el Gobierno central modifique la Ley de Haciendas Locales para adaptarla al fallo del Tribunal Constitucional. “Nos consta que el Ministerio de Hacienda ya le ha metido mano al cambio normativo y que lo está abordando con la FEMP (Federación Española de Municipios yProvincias)”, agregó Galván.

Esta decisión judicial está conllevando un importante impacto en las haciendas de los ayuntamientos puesto que la plusvalía es uno de los principales ingresos en materia tributaria. En el caso de Jerez solo le supera lo recaudado por IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles). Ahora bien, en 2017 las previsiones del Consistorio jerezano fueron demasiado optimistas ya que estimó unos 14,5 millones y la recaudación se quedó finalmente en 10 millones, aunque es cierto también que en 2016 este impuesto le reportó la nada desdeñable cifra de 14,7 millones de euros.

Eso sí, el delegado de Economía señaló que esta reducción de los ingresos por este tributo está siendo compensada por el buen comportamiento que está teniendo otro impuesto, el de actividades económicas (IAE) y la mejora de los ingresos que genera la actividad urbanística. Según el grado de ejecución del presupuesto, el Ayuntamiento ha logrado más de 11,6 millones de euros hasta octubre, unos 1,9 millones más de lo previsto para todo el año.

La causa de esta mejoría está sustentada en gran medida en el incremento de las inspecciones por fraudes a este tributo, una labor que ha sido realizada hasta hace escasos días por una empresa contratada para ello. Es más, se da la circunstancia de que aún no ha acabado el periodo de cobro de este tributo correspondiente al segundo semestre.

También se está comportando mejor de lo previsto la recaudación por el impuesto de construcciones (ICIO) por el que las arcas municipales ya han superado los tres millones, cuando se barajó 2,3 millones para todo el ejercicio. Y los aprovechamientos urbanísticos ya le ha reportado más de 330.000 euros cuando solo esperaba obtener por esta vía unos 50.000 euros.