La polémica persigue a la asesoría jurídica

Jerez/La decisión del gobierno local de contratar a un bufete de abogados para que llevara las riendas de la asesoría jurídica municipal adoptada hace un año sigue generando controversia. Ahora se ha conocido que esta labor se ha encomendado hasta 2020 a dos bufetes sevillanos -Sanguino y Asociados llevará la representación jurídica del Ayuntamiento y Martínez Escribano Abogados y Economistas la asesoría en materia de personal-. Sin embargo, el PP presentó el pasado jueves un recurso contra la prórroga del contrato con la firma de Martínez Escribano para que siga prestando este servicio durante los meses de enero y febrero mientras se resuelve el nuevo concurso. Mientras, CSIF irá más allá y recurrirá al Juzgado de lo Contencioso el proceso de externalización de este servicio emprendido el pasado año.

La junta de gobierno local aprobó el pasado viernes la adjudicación provisional de dos lotes en los que se dividió la externalización de la asesoría jurídica municipal. La oferta que ganó al contrato de mayor importe (unos 70.000 euros) fue la del despacho que dirigen los abogados sevillanos Ernesto Sanguino y José María Rodríguez Díaz-Alfar. Mientras, el bufete de Martínez Escribano, que durante el pasado año ha desempeñado esta función, se quedará con la asesoría a la Delegación de Recursos Humanos.

El viernes, la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, daba a conocer el resultado del proceso de adjudicación de esta prestación para los próximos dos años -los adjudicatarios tienen ahora que ratificar su oferta- e insistía en los motivos que han llevado al gobierno a externalizar este servicio. "En este gobierno lastra el problema heredado por gobiernos anteriores y en concreto la RPT (Relación de puestos de Trabajo) del PP al carecer de funcionarios licenciados en Derecho que puedan representar al Ayuntamiento en los numerosos procesos que tenemos", explicó.

En cambio, este argumento sigue sin convencer ni a algunos grupos de la oposición ni a varios sindicatos. De hecho, un colectivo afín a CGT llegó a paralizar el proceso de adjudicación tras un recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación, aunque finalmente no fue admitido. El PP presentó el pasado jueves un recurso al acuerdo de la junta de gobierno de prorrogar durante los meses de enero y febrero el contrato suscrito con el despacho de Martínez Escribano para llevar la asesoría jurídica entre septiembre y diciembre del año pasado. Para empezar en el escrito se acusa al gobierno de haber incurrido en una presunta "clara, manifiesta ilegalidad" con este acuerdo ya que durante el pasado año "se hicieron tres contratos" con esta firma, una circunstancia que a su juicio es un "fraccionamiento de contrato" ya que "la acumulación de los tres contratos menores adjudicados a Martínez Escribano no solo han superado con creces el montante de los 18.000 euros permitidos [para adjudicaciones directas] sino también la duración del año".

Por otro lado, el PP insiste en que el Ayuntamiento cuenta con personal capacitado para desempeñar esta función -habla de 10 letrados en nómina- y acusa al ejecutivo de haber "creado ex profeso" la necesidad de contratar abogados dejando sin personal la asesoría jurídica "cesando y trasladando forzosamente a dos de los cinco letrados que había". Asimismo se alude a un presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia ya que en el acuerdo de la junta de gobierno no se especifica el tiempo de duración de la prórroga. Por ello sentencia en su recurso: "Es injustificable que una administración con gravísimos problemas económicos y con 50 técnicos licenciados en Derecho y, al menos, nueve de ellos con acreditada experiencia en tribunales, contrate jurídicos externamente".

Ahora tendrá que ser el gobierno quien resuelva este recurso. Eso sí, optó por el silencio administrativo a uno presentado previamente por el sindicato CSIF al concurso que se resolvió el viernes de externalizar estos servicios municipales durante dos años. Tal y como establece la Ley, esta falta de respuesta se entiende como una negativa al recurso por lo que al sindicato pasará a la segunda opción: recurrir al Juzgado de lo Contencioso.

De hecho, fuentes de este sindicato afirmaron que se está ultimando un recurso donde no solo se cuestionará este último proceso sino la decisión en sí de externalizar este servicio municipal. El argumento es similar al ya esgrimido, la "ausencia de necesidad" de contratar este servicio ya que el Ayuntamiento cuenta con personal habilitado para ejercer esta función, tal y como se ha venido realizando desde hace años.