Pastranilla, historia de un polígono pendiente

El Ayuntamiento de Jerez sigue buscando la vía con la que poder financiar el desarrollo de nuevo suelo industrial a espaldas de las Bodegas del Real Tesoro, en la zona suroeste de la ciudad. Hasta el momento, las distintas vías que ha barajado desde que a principios de este siglo iniciara los trámites de reclasificación de estos suelos con una clara vocación para albergar actividades económicas no han surtido el efecto deseado.

El último capítulo conocido sobre estos suelos es una sentencia del Juzgado de lo Contencioso que condena al Ayuntamiento a indemnizar a una propietaria con más de 3,4 millones de euros por no haber cumplido con los plazos de urbanización de este enclave que se había comprometido en 2004 a través de un convenio urbanístico. El fallo, eso sí, ha sido recurrido por el Consistorio

Pastranilla es un sector de suelo de unos 273.000 metros cuadrados situados a espaldas de Bodegas Estévez y del parque empresarial de la Carretera de Sanlúcar. Así, es la ampliación natural del polígono Guadalquivir, cuyo desarrollo está previsto a corto plazo, y de las antiguas bodegas Bobadilla. De esta superficie, se prevén que la superficie lucrativa sea de unos 160.000 metros cuadrados (se deben destinar al desarrollo de actividad económica, es decir, industrial) y se reserven unos 40.000 metros cuadrados para zonas verdes y unos 11.600 metros cuadrados para equipamientos.

En torno a un 58% de la titularidad de estos suelos está en manos del Ayuntamiento. Mientras, el resto está repartido entre cuatro propietarios privados. Para su urbanización, se requiere de una importante inversión pues, según el plan parcial aprobado en 2013, el coste de estos trabajos ascendería a unos 8,2 millones de euros, un importe que a buen seguro se habrá incrementado una década después de realizarse esta estimación.

Los terrenos están declarados urbanizables desde finales de la primera década de este siglo tras haberse tramitado una modificación puntual del anterior Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, con posterioridad, se plasmó en el vigente ordenamiento, que entró en vigor en 2009. Previamente, se habían firmado convenios urbanísticos con algunos de los propietarios —su incumplimiento ha acabado derivando en una indemnización millonaria que, salvo que se revoque la sentencia, tendrá que pagar el Ayuntamiento—.

En 2013, se aprobó el plan parcial de ordenación, el documento que dibuja de manera pormenorizada el futuro desarrollo, y, poco después, los proyectos de urbanización y de reparcelación (donde se concretan los repartos de costes y de edificabilidades a cada propietario). Por lo tanto, las obras de urbanización podrían ejecutarse una vez se liciten.

Ahora bien, el gobierno municipal ha reconocido en los últimos años que no tiene capacidad económica para poder acometer esta intervención, de ahí que haya buscado alternativas de financiación que, por el momento, no han fructificado. El desarrollo de estos suelos se incluyó dentro de una “biblioteca de proyectos, tal y como lo definió el ejecutivo local, para poder financiarlos con los fondos Next Generation, una cuantiosa bolsa de fondos de la Unión Europea gestionada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia promovido por el Gobierno de España. Este medio preguntó al ejecutivo local si ya ha presentado este proyecto de urbanización a alguna convocatoria sin obtener respuesta.

Colaboración público-privada, acuerdos con Sepes...

En los últimos años, se han buscado distintas fórmulas para el desarrollo de estos terrenos. En 2021, por ejemplo, la Delegación de Urbanismo barajó la posibilidad de recurrir a la colaboración público-privada para el desarrollo de estos suelos. Así, la pretensión era que un promotor privado hiciera las obras de urbanización a cambio de obtener edificabilidad en el sector. Previamente, se mantuvieron contactos con Sepes, la empresa pública de desarrollo de suelos dependiente del Ministerio de Transportes, para que participara en la intervención, aunque estos no acabaron por fructificar.

A esto se une que hace 15 años el Ayuntamiento llegó a recibir más de 7,7 millones de euros para el desarrollo de este y otros suelos industriales. Por aquel entonces, la desaparecida Emusujesa, la empresa municipal de suelo de Jerez, obtuvo del denominado Plan Reindus del Ministerio de Industria esta cuantiosa transferencia para esta actuación. Sin embargo, estos fondos se acabaron destinando para otros gastos municipales por lo que en 2013 fueron reclamados por el Estado. Esto provocó que la sociedad municipal tuviera que liquidarse, pasando la deuda al Ayuntamiento, dado que no podía afrontar este cuantioso importe.

En una situación similar se encuentra El Carrerista, unos suelos situados al oeste de la ciudad que están proyectados para ser la ampliación del Parque Empresarial. Cuentan con su plan parcial aprobado y, al igual que Pastranilla, el Ayuntamiento llegó a recibir fondos del Ministerio de Industria para su urbanización, que también tuvo que devolver.