El PP se queda solo en la aprobación de la subida del recibo del agua

Como era de esperar, el gobierno municipal del Partido Popular se quedó solo para aprobar la subida de las tarifas del agua para el año próximo. Los votos de los ediles populares fueron los únicos favorables, aunque suficientes, para sacar adelante la modificación de las dos ordenanzas que regulan la tasa de abastecimiento, saneamiento y depuración de Jerez. PSOE y La Confluencia votaron en contra mientras que Vox se abstuvo. Ahora, este expediente se expondrá públicamente para la presentación de alegaciones antes de que entren en vigor.  

La propuesta supone un aumento de entre un 19 y un 45% de las tarifas domésticas que se abonan actualmente por la prestación del servicio, cuyos precios no se han revisado desde 2016. El ejecutivo cifra en un incremento del recibo en unos 42 euros anuales de media; en cambio, el PSOE lo eleva hasta los 100 euros al año.  

El gobierno municipal justificó la medida en la obligación de aplicar el IPC a los precios ya que así lo establece el contrato por el que la empresa Aquajerez, del grupo Aqualia, se hizo con la gestión del servicio integral del agua en Jerez, aunque no se ha cumplido desde 2016 generando una obligación de compensación de pago a la concesionaria de 7,2 millones hasta 2022 —la de 2023 y 2024 aún no se ha concretado, aunque el ejecutivo ya eleva esta cifra hasta los 10 millones de euros—. En cambio, la oposición le recordó al ejecutivo sus promesas de que no iba a subir la carga fiscal a la familia y la aprobada ahora se suma a otra realizada meses atrás en impuestos como el de construcciones (ICIO), actividades económicas (IAE) o circulación (IVTM). 

El delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, defendió la propuesta alegando que el gobierno ha adoptado esta decisión “por responsabilidad política y no hipotecar el futuro del Ayuntamiento” justificándola en varios factores. Para empezar, aludió al “encarecimiento” de la prestación de los servicios públicos, una circunstancia que, aseguró, “está afectando a todos los municipios”.  

Por otro lado, hizo mención de la subida de los precios del abastecimiento del agua aprobada meses atrás por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana para hacer frente a la “situación excepcional de la sequía” y para acometer “inversiones” en la vetusta red de abastecimiento y saneamiento de la provincia.  

Y, claro está, se refirió a la cláusula del contrato con Aquajerez que obliga a las revisiones anuales de los precios del servicio mediante la aplicación del IPC. Espinar aludió al “déficit” que arrastra el contrato desde 2016 ya que no se ha subido este índice desde 2016, provocando un débito con la compañía que gestiona el agua que ha tenido que ser afrontado por el Ayuntamiento. “Estos siete millones de euros los han pagado los jerezanos con menos inversiones y menos servicios públicos”, indicó.  

Por este motivo, el edil indicó que adoptan esta subida por “responsabilidad política” anunciando también que se va a proceder a realizar una fiscalización mayor a la empresa concesionaria de las obras de mejora en la red que está obligado a hacer cada año.  

“Un engaño a Jerez” 

En el turno de intervenciones de la oposición, la concejala del PSOE Laura Álvarez acusó a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de ser una “profesora del engaño” recordándole que en campaña electoral para las municipales del pasado año prometió que no iba a subir los impuestos a los jerezanos. “Pelayo ha engañado a los jerezanos porque esta subida es un ‘sablazo’ de 100 euros a las familias, a los hosteleros y a los comercios”, advirtió Álvarez.  

Acto seguido defendió la gestión realizada por el anterior gobierno del PSOE, del que formó parte, afirmando que las propuestas de subida que se llevaron a pleno, aunque no llegaron a aprobarse por no obtener la mayoría necesaria, iba dirigida a que el incremento recayera sobre “los grandes consumidores” y no el conjunto de las familias. Y le recriminó, además, que el ejecutivo del PP en 2013 “vendiera” el agua a una empresa privada e incluyera dentro del contrato la cláusula de la revisión de precios según el IPC de cada año.  

Por su parte, Ignacio Soto, en representación de Vox, acusó tanto al PP como al PSOE de incurrir en un ejercicio de “hipocresía política” y de variar de opinión sobre las subidas de este tipo “cuando está en el gobierno o en la oposición”. Así, le reprochó al PP que prometiera que no iba a subir los impuestos y al PSOE de no haber cumplido con el contrato de Aquajerez durante sus años de gobierno.

Finalmente, Kika González, del grupo de La Confluencia, volvió a exigir que el Ayuntamiento de Jerez recupere la gestión directa del servicio ya que este sistema protege a las familias más vulnerables. “Evita que haya cortes de agua a las familias más necesitadas y consigue que se cumpla con un derecho humano que es el acceso universal al agua”, indicó. Asimismo, la edil le reprochó al ejecutivo que esté “velando” por los intereses de la empresa concesionaria del servicio “en lugar de proteger los intereses de los ciudadanos”. 

Una nueva modificación presupuestaria

En el pleno celebrado este viernes también se aprobó de manera definitiva una de las mayores modificaciones presupuestarias del Ayuntamiento de Jerez de los últimos años y que asciende a más de 27 millones de euros. Este importe irá destinado, entre otros gastos, a pagar parte de los gastos de personal que no estaban presupuestados (unos 16,4 millones de euros) y unos tres millones de euros para repartir subvenciones entre unas 200 entidades de la ciudad.  

La propuesta incluía el rechazo a cuatro alegaciones presentadas (una de ellas del PSOE y otras dos de asociaciones que han quedado fuera del reparto de subvenciones) a la propuesta. Precisamente, el grupo socialista denunció que la modificación aprobada incumple la Ley de Subvenciones que establece que no se pueden conceder este tipo de ayudas si la entidad local no cumple con el objetivo de estabilidad, como es el caso de Jerez. 

Los grupos políticos coincidieron en reprocharle al gobierno municipal que, por un lado, incremente los costes del capítulo de personal, especialmente en el coste de los complementos salariales como la productividad, y en el “arbitrario” reparto de las subvenciones entre las entidades al no haberse realizado mediante un procedimiento de concurrencia.  

El gobierno local defendió la propuesta señalando que se han rechazado las alegaciones ya que la Ley de Haciendas Locales limita los motivos por los que pueden aceptarse en el caso de modificaciones presupuestarias y los argumentos esgrimidos por los escritos presentados no cumplen con este requisito. En cuanto al posible incumplimiento de la Ley de Subvenciones, del que hace mención la Intervención Municipal en uno de sus informes, señaló que se establece que en supuesto, cuando se dé al entender que ahora no es el “momento” administrativo, se podrá solventar con la presentación de un plan económico financiero.  

Por otro lado, en el pleno celebrado este viernes se aprobó también la cesión del antiguo Museo Taurino, situado en la calle Ponce, a la Cámara de Comercio de Jerez y el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Jerez, un documento elaborado por el ejecutivo con un conjunto de proyectos que servirá para aspirar a subvenciones europeas.