Un preso 'ejemplar'

En la última memoria del Consejo General del Poder Judicial se recogía que en enero de 2016 en España se investigaba judicialmente (imputados) a 1.900 personas por corrupción, casi todos políticos y empresarios en connivencia acusados de malversaciones, cohechos, prevaricaciones... Una plaga. Entre el verano de 2015 y septiembre de 2016 se redactaron un total de 399 condenas, pero a día de hoy entre rejas sólo hay 78 presos por corrupción. Uno de ellos es Pedro Pacheco. Es uno de los más veteranos.

Pacheco ingresó en la cárcel de Puerto 3 en octubre de 2014, seis meses después que José María del Nido, ex presidente del Sevilla, y dos antes que el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Saqueo de Marbella y aeropuerto sin aviones. No fueron condenados por eso, pero formaron parte de la alarma social, del 'no hay pan para tanto chorizo' que se gritaba en las calles. Ambos están hoyt en tercer grado. Pacheco no lo está y lo de Pacheco fue un asunto doméstico. La gente sabe que está en la cárcel, pero sus delitos no se hallan en el hit parade ni apenas han ocupado espacio en la prensa más allá del Sur. Sin embargo, él sigue en prisión.

Pacheco sale de la cárcel tres días al mes. Logró ese beneficio en julio de este año. Ha cumplido 1.124 días de condena. El pasado 28 de septiembre alcanzó un tercio de cumplimiento de los 3.215 días a los que ha sido condenado por (en trazo grueso) contratar a unos asesores, compañeros de su minipartido en el año 2004, que no asesoraban; por arrimar dinero público a la construcción de una casa en el Rocío de la hermandad de Jerez; y por favorecer en un concurso a un empresario amigo suyo en la adjudicación de una estación de autobuses. Ninguna de las personas que recibió estos favores se encuentra en prisión y en ninguno de estos tres casos se juzgaba si hubo enriquecimiento. Si Pacheco enriqueció con la política es algo que la Justicia desconoce y, por tanto, no lo juzga.

Se podría decir que en la vida delictiva de Pedro Pacheco él robaba para invitar. O, como dice un amigo suyo, cuyo nombre no quiere que figure en este reportaje: "Está en la cárcel por tonto". Ahora tiene otros dos casos pendientes, uno por fragmentar concesiones en la construcción de una circunvalación para no sacarla a concurso (la circunvalación está hecha, le llaman la ronda del colesterol) y otra por echar a los adjudicatarios de unos huertos de ocio, unos huertos que él mismo montó, para una promoción inmobiliaria: ambas cosas ocurrieron hace más de 15 años. Pedro Pacheco tiene 68 años. El anciano purga penas del que fue un impulsivo político desde los 29 años hasta mediada la cincuentena.

En la ciudad que gobernaba como un cacique ("persona que en un pueblo ejerce excesiva influencia") hasta sus más descarnados enemigos empiezan a pensar si no está siendo un castigo excesivo. Al fin y al cabo, el origen de su historial judicial se encuentra en un desencuentro: el odio que se profesaban Pacheco y la persona con la que gobernó en coalición en una legislatura, la socialista Pilar Sánchez, que recientemente ha obtenido el tercer grado tras pasar más de un año en prisión. Se odiaban tanto que se cruzaron denuncias y cuando la política pasó a manos de la Justicia la cosa se puso seria y los dos acabaron con su soberbia entre rejas.

Cualquier persona que conociera el funcionamiento de los ayuntamientos en los quince años que distan entre el fin de la crisis del 92 y el inicio del estallido de la burbuja en el 2008, conoce lo que era moneda común: enchufismo, amiguismo, obras a dedo, paternalismo social... Eran delitos, sí. Y se hacían. Nadie pensaba en la cárcel y hay miles de funcionarios municipales que han visto pasar casos de este tipo por sus manos. "Ahora no pasan ni una. No de ésas, sino de cualquier tipo", dice un joven alcalde de la Bahía gaditana que lamenta tener que gestionar miseria cuando conoce que en el pasado los alcaldes tenían ayuntamientos muy muy ricos. Y los arruinaron.

Pero ¿es excesivo? Las cantidades de dinero público que se han perdido en los casos delictivos de Pacheco no son escandalosas. Pacheco vendió su segunda vivienda en la urbanización roteña de Costa Ballena para abonar 260.000 euros, que ahí iban de los sueldos de los dos amigos a los que colocó. El ex consejero Luciano Alonso firmó el nombramiento de un director del Centro Andaluz de Flamenco y aquel director nunca apareció por allí. Nadie pidió cárcel para él y todo se quedó en inhabilitaciones. En Pontevedra, el ex presidente de su Diputación, José Luis Baltar, un cacique mucho más cacique que Pacheco, fue condenado por 104 enchufes y se le inhabilitó de por vida. Pero no fue a la cárcel. Pacheco no enchufó a dos, enchufó a muchos más, pero sólo se le juzgó por dos. Porque enchufó chapuceramente. Cinco años y medio de cárcel.

Manuel Arjona es el látigo de los corruptos en la provincia de Cádiz. Su trabajo es lograr condenas. Con Pacheco lo consiguió. Se lo puso fácil una defensa que optó por una estrategia suicida de negar evidencias. Esa negación hasta el final no sólo le supuso los cuatro años a los que se le condenó en la Audiencia de Cádiz, sino un año más cuando la defensa optó por un doble salto mortal en su recurso al Supremo.

Para Arjona, "en el caso de Pacheco han concurrido una serie de procedimientos sobre procedimientos. Los delitos son los que son, están ahí, han sido probados, y las penas son las que son. A partir de ahí, cómo haya planteado su estrategia para conseguir beneficiarios penitenciarios, si ha existido arrepentimiento u otras causas, ya no es mi trabajo".

La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz María Alcane, lo explica técnicamente: "El artículo 36 del Código penal estableció desde 2003 el periodo de seguridad en virtud del cual la regla general es que al condenado a una pena de prisión superior a 5 años, como es el caso de Pacheco, se le podrá clasificar en tercer grado cuando haya cumplido la mitad de la condena impuesta, criterio matemático al que ha de sumarse lo establecido en el artículo 102.3 del Reglamento Penitenciario, que dice que la clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad".

Si se suman, como así, ha sido, las tres condenas, Pacheco no cumplirá la mitad de su condena hasta el 18 de marzo de 2019, siempre y cuando no haya más condenas. Para un hombre que se jubiló sólo unos meses antes de entrar en prisión, se podría decir que alcanzaría la libertad cuando rozara los 70 años.

Su actual abogado, Manuel Hortas, ha intentado evitar la acumulación de condenas y de sus recursos se deduce que Pedro Pacheco piensa que sufre persecución. Y lo cierto es que se le aplican en las resoluciones de sus recursos términos que parecen no encajar en un político inhabilitado. Uno de ellos es el de "peligrosidad". Hortas no lo entiende. "No tendría capacidad de reincidir en sus delitos. No puede ejercer cargos públicos, no puede tener contacto con la Administración. Es lógico que piense que en su caso se trata de castigar por castigar y no es ese el objetivo".

En definitiva, ¿qué pinta Pedro Pacheco en la cárcel? Rafael Padilla es un catedrático de Derecho Mercantil de la UCA y siempre ha sido una persona muy activa en lo que llamaríamos la sociedad civil de Jerez. No duda de que los jueces han aplicado las leyes, pero también piensa que "la situación jurídica de Pacheco es incomprensible. Es excesivo. La Justicia también tiene que buscar formas de duclcificar las penas cuando no existe riesgo para la sociedad y él ya ha cumplido con su patrimonio por los delitos que se le imputan. Si no es así, tendríamos que pensar que nos encontramos ante un componente ejemplificante y eso no es derecho penal y tampoco es ejemplo para nadie". Deja caer Padilla, sin querer hacer de ello un teorema, que pudiera exisitir algún componente de "pequeña venganza. Este hombre -dice abiertamente- tiene que estar en casa con su familia como corresponde a un hombre de su edad".

De todas las personas consultadas para este reportaje nadie lo dice muy alto, pero al final sale. Pedro Pacheco se hizo famoso en España por una frase: "La justicia es un cachondeo". En realidad, ni él lo dijo así, ni el caso por el que lo dijo tenía una gran trascendencia (una disputa con un gobernador civil de los de entonces sobre casas de maestros). Hay hasta canciones de grupos pop que recuerdan la frase. Así de inocentes éramos en los 80. De todos los correos enviados para elaborar este reportaje, en el que la mayoría de los juristas en activo invitados declinaron aparecer por no opinar sobre la decisión de otros compañeros, hubo uno que llamaba la atención. Pertenece a u magistrado respetado por sus colegas y con fama de sentencias bien argumentadas y comedidas. Decía: "Me resulta completamente indiferente ese señor que hizo un daño enorme a la Justicia, merced a una chanza que el tiempo le habrá desmentido". Cuando la Justicia española se democratizaba, pero aún le quedaban restos del pelo de la dehesa, aquella frase a los jóvenes juristas, hoy veteranos que han cambiado desde dentro y con pocos medios el funcionamiento de uno de los pilares básicos de una sociedad democrática y que aún lo hacen con instrumentos muy precarios, escoció aquella broma, o lo que fuera.

Realmente, nadie, excepto sus más fieles, piensa que ello pese en el subconsciente de la Justicia a la hora de valorar la situación de un preso incómodo. Juan Carlos Campo, magistrado, ex secretario de Estado de Justicia y diputado del PSOE, cree en "una justicia independiente, que avanza lenta, mucho, pero que no se detiene, y ajusta cuentas a la corrupción. Lo hace de manera inédita, procesando por primera vez a un partido político por destruir los discos duros que presuntamente contenían la contabilidad de su caja B, un caso digno de un impeachment: Gürtel, los papeles de Bárcenas, Púnica, Auditorio, Andraxt, Brugal, Lezo, Acuamed, Noos y así hasta más de medio centenar de casos que apuntalan una problemática estructural con responsables directos".

Para Campo, Pacheco es "la moraleja de un cuento muy triste. Nuestro ordenamiento jurídico es garantista, rehabilita y repone la dignidad del individuo. No opino sin ver papeles, pero si ha pagado más que otros o merece el tercer grado estoy seguro de que el sistema no puede fallar en asunto tan serio porque la voz de la razón es suave pero no descansa hasta ser oída".