El proceso de estabilización en el Ayuntamiento de Jerez: 2.783 aspirantes para 907 plazas

El 28 de diciembre de 2021, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Con esta legislación, el Gobierno central obligaba a todas las administraciones públicas a llevar a cabo procesos de estabilización de su plantilla para acabar con la temporalidad.

En el caso del Ayuntamiento de Jerez se da la circunstancia añadida de que es una entidad pública donde el número de funcionarios y personal laboral fijo es mucho menor respecto al de laborales indefinidos (569 frente a 831, según cifras de mayo del año pasado), una situación heredada de décadas de ausencias de convocatoria de ofertas de empleo público y de contrataciones sin procedimientos de concurrencia pública.

La ley estatal establecía una serie de hitos temporales que el anterior gobierno del PSOE logró cumplir. Así, se publicaron las ofertas de empleo público antes del 1 de junio de 2022 (lo hizo el 26 de mayo). Concretamente, convocó 907 plazas de laboral fijo y cuatro de funcionario.

El siguiente ítem estaba fijado en el 31 de diciembre de ese año. Antes de esa fecha, debía aprobar la convocatoria y las bases que regularían el procedimiento selectivo. El ejecutivo inició entonces un proceso de negociación que culminó abruptamente cuando acabó aceptando la propuesta que le presentó CGT en el último momento, a la que se adhirió CSIF. El resto de sindicatos se desvinculó alegando que no se había tenido en cuenta buena parte de lo negociado hasta entonces. Finalmente, la convocatoria y las bases el 22 de diciembre de ese año.

Tras esto, se abrió el plazo para que se presentaran las solicitudes, trámite que concluyó a finales de abril del año pasado. En junio se aprobó el listado provisional de admitidos y excluidos y en octubre, la definitiva, aunque con posterioridad se aceptaron varios recursos presentados.

Finalmente, son 2.738 los aspirantes admitidos que deberían ser baremados para optar a las 907 plazas propuestas por el Ayuntamiento como laboral fijo (430 fueron excluidos por no cumplir con los requisitos). Entre los aspirantes hay no solo personal municipal, sino también despedidos del ERE que se aplicó en el Ayuntamiento en 2012, además de trabajadores de otros organismos públicos.

Sin embargo, mientras se desarrollaba este procedimiento, se presentó una demanda contra las bases del procedimiento al considerar que eran discriminatorias. Y el Juzgado de lo Social ha determinado que lo son. Así, censura que se puntúe más al periodo trabajado en el Ayuntamiento de Jerez a partir de 2007 que antes de esa fecha. Y tampoco entiende que se valore más el trabajo en el Consistorio que un mismo puesto y categoría desarrollado en otra administración pública. Ambas cuestiones, añadida a que tampoco se reservó un cupo para personas con discapacidad, han motivado que el Juzgado considere que las bases son discriminatorias por lo que deben anularse.

Este fallo se produce, además, en un momento sensible para el procedimiento. El siguiente hito que establece la Ley es que todo el proceso de estabilización debe estar acabado antes del 31 de diciembre de este año. La incertidumbre, por tanto, se apodera de este proceso pues ahora el actual gobierno local deberá decidir si recurre o inicia una negociación exprés para aprobar unas nuevas bases o modificar las ya existentes para adaptarse a la sentencia. Y habrá que ver si es necesario abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes o las listas de aspirantes ya aprobadas son válidas.