Procuradores y abogados jerezanos han percibido unos 533.000 euros por el sistema de justicia gratuita

Los profesionales de la abogacía y la procura de Jerez que prestan servicio en el sistema de justicia gratuita han recibido unos 533.000 euros aproximadamente en total por las asistencias realizadas en las guardias y el turno de oficio entre enero y marzo. Se trata del primer pago en el que se ha aplicado la nueva orden reguladora de las compensaciones económicas a quienes prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita, que entró en vigor el 1 de enero.

El texto, consensuado entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y los colegios profesionales, incrementa sus retribuciones, que no se subían desde 2009, según ha señalado la Consejería en un comunicado. En concreto, los procuradores han percibido 46.777 euros por los servicios del turno de oficio del primer trimestre del año, y que, una vez comprobadas las certificaciones, no han necesitado ninguna subsanación por parte de los profesionales.

En el caso de los letrados, se ha abonado 486.680 euros para los profesionales del Colegio de Jerez por las guardias realizadas (57.680 euros), cuyas retribuciones ya se subieron en 2023 y 429.073,92 euros por asistencias del turno de oficio, que se han incrementado este año tras estar congeladas desde 2009.

Con la aprobación de la nueva orden de módulos y bases del turno de oficio, la compensación económica a los profesionales que prestan servicio en el sistema de justicia gratuita se ha incrementado entre un 15% y un 20% en función de los procedimientos. Además, se han incluido actuaciones que garantizan el acceso a una asistencia profesional a las personas que carecen de recursos económicos suficientes, así como a colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género.

Desde la pasada legislatura, el pago se hace en dos plazos para agilizarlo. Así, en el primero se abonan las certificaciones que aportan los profesionales (tienen un mes una vez cumplido el trimestre) que no presentan ningún error, de forma que para el segundo plazo quedan solo pendiente aquellas que requieren de alguna subsanación. Antes de la modificación del reglamento, solo se podía hacer en un único pago, lo que obligaba a disponer de todas las certificaciones subsanadas.