El PSOE cuestiona la contratación de las obras de la autovía Jerez-Sanlúcar

La contratación de las obras de emergencia por la Junta de Andalucía en la autovía Jerez-Sanlúcar (A-480) ha sido puesta en duda por el PSOE tras conocerse que se realizaron mediante un procedimiento de emergencia. En cambio, la Consejería de Fomento ha negado que se haya producido cualquier irregularidad en el procedimiento seguido.

El asunto se abordó en la sesión de control del Parlamento andaluz celebrado este jueves donde el portavoz del grupo del PSOE, Juan Espadas, reclamó explicaciones por dos contrataciones de emergencia que ha realizado la Junta de Andalucía con la empresa Obras Civiles y Edificación Barveal SL, domiciliada en Guadalcacín. Una de ellas ha servido para el arreglo de los hundimientos que se produjeron meses atrás en la calzada de la A-480 entre los kilómetros 10 y 18. Mientras, la segunda adjudicación fue para reparar la A-390, carretera que une Chiclana con Medina.

La intervención vino motivada ya que horas antes la Cadena Ser había señalado públicamente que esta sociedad mercantil fue adjudicataria de los contratos a pesar de no figurar en el registro de licitadores de la Junta ni tenía acreditada su solvencia. La empresa está domiciliada en una vivienda de la pedanía jerezana que es la casa de alquiler de la administradora única, Bárbara Veas. Según la emisora, la firma ni tiene plantilla y acumula fuertes deudas.

Juan Espadas sostuvo en el pleno del Parlamento andaluz que no había motivo para recurrir por urgencia a una empresa que, además, subcontrató con otras tres firmas el encargo que consiguió de la Consejería de Fomento. Según se recoge en la plataforma del contratante de la Junta de Andalucía, las obras de reparación de la A-480, que fueron supervisadas por la consejera de Fomento, Marifrán Carazo el pasado mes de febrero, se adjudicaron el pasado 18 de enero por un importe de 2,8 millones de euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Mientras, los arreglos en la A-390 se contrataron a finales del año pasado por un importe de 1,1 millones de euros aproximadamente.

Según se recoge en la plataforma de contratación del organismo autonómico, se analizaron las ofertas de nueve licitadores al proceso de adjudicación de los arreglos de la autovía Jerez-Sanlúcar y otros nueve en la Chiclana-Medina.

La Junta defiende la legalidad del procedimiento de contratación

La Junta de Andalucía negó que exista ninguna irregularidad en la adjudicación de las obras a la empresa Barveal y ha asegurado que las obras contratadas se han ejecutado "en tiempo y forma". Fuentes de la Consejería de Fomento han dicho a la agencia de noticias Efe que estos dos contratos fueron tramitados por la vía de emergencia de acuerdo con el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite la contratación verbal en estos casos, aunque en este procedimiento participaron nueve empresas.

Según la Consejería, no es necesario que una empresa esté inscrita en el Registro de Licitadores para poder ejecutar una obra de emergencia. También indican las citadas fuentes que es "falso" que la empresa Barveal sea la mayor adjudicataria de contratos de emergencia de la Consejería de Fomento, ya que de los 81 contratos de emergencia adjudicados por la Consejería de Fomento de 2019 hasta ahora, a esta empresa solo se han adjudicado dos.

"La Consejería registra una media aproximada de ocho licitadores invitados por contrato de emergencia, pese a que la ley permite adjudicar a una empresa concreta un contrato de emergencia", señalaron fuentes de la Consejería, que añadieron que aplican los criterios de "invitar al mayor número de empresas posibles y que, además, sean de la provincia en la que se actúa".

Estas fuentes insistieron en que los contratos de emergencia de la Consejería de Fomento son "más garantistas" que las exigencias determinadas en la Ley de Contratos del Sector Público, que permite la subcontratación de unidades específicas de las obras.

La ministra Montero exige explicaciones

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, afirmó que “es exigible explicaciones urgentes por parte de la Junta” porque “presuntamente una empresa fantasma ha recibido contratos y adjudicaciones por un importe nada menor de cuatro millones de euros”.

Montero incidió en que “tienen que responder de forma urgente porque, además, se han producido adjudicaciones por un procedimiento de emergencia que obvia todos los demás controles que tiene la contratación pública”. La ministra de Hacienda añadió que “llueve sobre mojado porque previamente se había producido una denuncia sobre contratos sanitarios adjudicados a dedo presuntamente sin respetar los procedimientos al uso”.