Los sindicatos piden medidas para prevenir la violencia en las aulas tras la agresión en Jerez

Los sindicatos de enseñanza CSIF y USTEA, además de CCOO han demandado este jueves, tras la agresión ocurrida en un instituto de Jerez, la necesidad de que se implementen medidas "para garantizar que los centros educativos sean siempre espacios seguros" y han alertado de que este episodio "es fruto de una sociedad que usa la violencia cada vez con más frecuencia".

CCOO: "El alumno agresor se sentía insultado"

En un comunicado, el sindicato se "solidariza con el personal docente, el alumnado agredido y toda la comunidad educativa del IES Elena García Armada de Jerez".

Según ha podido conocer CCOO, el alumno agresor "se sentía insultado y estaba diagnosticado como alumno con NEAE (Necesidades Educativas Especiales)".

Sebastián Alcón, Secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz, indica que "esta grave situación requiere de modo urgente, y como primera medida, que toda la comunidad educativa, alumnado, trabajadores y familias de este centro, cuenten con el apoyo psicológico necesario antes este shock".

CCOO manifiesta su apoyo y solidaridad con la comunidad educativa de este Instituto jerezano y señala que este hecho evidencia la necesidad de que el sistema educativo cuente con los medios necesarios, especialmente humanos, para avanzar en la mejora de la convivencia en los centros educativos, especialmente en aspectos relacionados con la salud mental, el bienestar escolar y la atención a la diversidad.

CSIF: "Implementen las medidas necesarias"

En una nota, la presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García ha subrayado que "incidentes como el ocurrido este jueves en Jerez ponen de manifiesto la vulnerabilidad del profesorado y que es necesario tomar más medidas para garantizar que los centros educativos sean siempre espacios seguros".

"Precisamente hoy jueves constaba en el orden del día de la Mesa Sectorial de Educación un punto sobre el desarrollo normativo de la Ley de la Autoridad Pública del Profesorado", ha indicado.

El sindicato ha exigido "que se implementen las medidas necesarias que eviten agresiones a los profesionales que desempeñan su trabajo en los centros educativos" y "la necesaria ampliación de plantillas docentes, de forma que se minore el número de alumnos y alumnas a los que atender, lo que redundaría claramente en una mejora del clima de convivencia, así como el incremento de los profesionales de Orientación Educativa".

"El profesorado tiene derecho a realizar su trabajo y el alumnado a tener un proceso de enseñanza-aprendizaje que se realice con seguridad y los centros educativos deben ser espacios de convivencia en los que no tengan cabida este tipo de situaciones", ha concluido la responsable de CSIF Educación Andalucía, que ha expresado su solidaridad con las víctimas de esta agresión.

USTEA: "fruto de una sociedad que utiliza la violencia verbal, física y psicológicamente"

De su lado USTEA, tras mostrar su solidaridad con la comunidad educativa del centro y su apoyo a las víctimas, ha indicado que lo ocurrido "es fruto de una sociedad que utiliza la violencia tanto verbal, física como psicológicamente, cada vez más frecuentemente y que tiene su reflejo natural en los centros escolares".

Denuncian que "programas de éxito que en el pasado vertebraban la educación de manera transversal, educando a nuestros y nuestras jóvenes en una cultura de no violencia y resolución de conflictos de manera pacífica (...) han sido adelgazados hasta desaparecer por falta de apoyo y recursos fruto de decisiones políticas".

Estiman que el problema de la violencia en las aulas es complejo. "No debemos caer en la simpleza de pensar que una Ley de Autoridad del Profesorado y la normativa sancionadora que la desarrolle, podría llevarnos a solucionar estas situaciones, u otras de menor intensidad en la escuela".

"El ejemplo más clarificador de que las medidas coercitivas y represivas no funcionan lo tenemos en USA, donde la pena capital no influye en la disminución de los delitos. Las soluciones han de venir por otro lado: el lado de la prevención", piden.

También alertan de que la salud mental de los adolescentes, "seriamente afectada desde la pandemia", ha de "convertirse en una línea de actuación prioritaria", con recursos materiales y profesionales las instituciones educativas.

USTEA alerta de que "es imperativo que trabajemos juntos como comunidad para abordar estos desafíos de manera proactiva y efectiva. Esto implica la colaboración de madres y padres, docentes, alumnado, administraciones y la sociedad en su conjunto" y programas de prevención "que eduquen en valores no violentos" y permitan "dotar de herramientas de gestión de la rabia, ira y odio, al alumnado en su vida diaria".