Una de las empresas que gestiona la planta de Las Calandrias recurre la licitación

Valoriza Servicios Medioambientales SA, una de las firmas que gestiona actualmente la planta de tratamiento de residuos de Las Calandrias, ha presentado un recurso contra el proceso de licitación de estas instalaciones durante las dos próximas décadas. La firma considera que el pliego de condiciones que regula este procedimiento hace económicamente inviable la explotación de este centro de tratamiento y alerta de errores e incumplimientos de la normativa de contratación en el concurso.

El recurso fue presentado el pasado día 8 ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Jerez, el órgano que tiene las competencias para resolver las discrepancias en los procesos de adjudicación iniciados por el Ayuntamiento. Así, reclama que se anulen los pliegos de condiciones que rigen el concurso por considerar que incumplen la normativa de contratación pública y que se redacten unos nuevos donde, entre otras modificaciones, se cambie el tipo de contrato (pase de ser una concesión de servicios públicos a uno de obra pública). Asimismo, demanda que el plazo se presentación de ofertas para optar a la licitación, que expira este miércoles, se suspenda de manera cautelar mientras el Tribunal no se pronuncie sobre este recurso para poder formalizar su propuesta.

Por el momento, el plazo de presentación de ofertas continúa adelante y no ha trascendido de que haya habido un pronunciamiento del Tribunal de Recursos Contractuales. Este medio se puso en contacto con el delegado de Urbanismo y Sostenibilidad, José Antonio Díaz, quien declinó pronunciarse sobre el recurso señalando que es un "órgano independiente" quien debe pronunciarse y que la empresa "está en su derecho" de presentar esta reclamación.

Para empezar, Valoriza cuestiona que la explotación de la planta de tratamientos, ubicada en el paraje de Bolaños, se considere una concesión de servicios. A juicio de la recurrente, esta tipología “es errónea”, una circunstancia que no es baladí pues incide en el “régimen financiero del contrato”.

Así, razona que en el pliego se exige que el nuevo prestatario realice una inversión de unos 17,5 millones de euros en las instalaciones para adaptarlas a la nueva normativa medioambiental. Además, en el estudio de viabilidad del pliego de condiciones se estima que un 70% de esta inversión deberá hacerse con recursos ajenos al concesionario y a un interés nominal del 3,5%. Mientras, los activos de la planta se valoran actualmente en unos 8,3 millones de euros.

Una concesión con costes erróneos e inasumibles

Valoriza sostiene que las estimaciones económicas en la licitación no son reales porque, pare empezar, advierte de que los costes de los intereses serán muy superiores a los fijados en el estudio de viabilidad económica (los eleva hasta el 7%) y duda de las pérdidas previstas en los primeros años de concesión, señalando que serán superiores y más extendidas en el tiempo.

Asimismo, razona que una gestión de un servicio público puede incluir la ejecución de inversiones de manera obligatoria, aunque en este caso deben tener un peso “residual” en el coste total de la explotación. En cambio, en la propuesta planteada para Las Calandrias, estas obras suponen “un acto nuclear del contrato” puesto que supone “más del doble del valor de las instalaciones existentes”.

Por ello, plantea que este contrato se califique como una concesión de obra pública, una catalogación que no es baladí puesto que la normativa permite, a juicio de Valoriza, otro tipo de financiación que permitiría hacer viable la concesión. Así, afirma que esto, además de facilitar la obtención de financiación externa, sino que también le libraría del pago de un canon concesional puesto que este se sustituiría por las obras a ejecutar. En su recurso, Valoriza señala que, de atenderse estas premisas, “el contrato podría ser viable o, sobre todo, financiable”.

De hecho, Valoriza ya presentó alegaciones a mediados del pasado año cuando el gobierno local aprobó la estructura de costes de esta concesión —el documento donde se fijan los gastos económicos y de funcionamiento de esta instalación—. Sin embargo, su escrito fue rechazado tras los informes técnicos.

Un pliego con "criterios discriminatorios”

Por otro lado, la recurrente cuestiona los criterios que se exigen para que las empresas que presenten su oferta justifiquen su solvencia económica, llegando a señalar, incluso, que son “discriminatorios” para favorecer a “las empresas pequeñas y con unas características concretas” cuando se reconoce que la futura adjudicataria requerirá de “una financiación externa de relevancia”,

Así, incide en que se establece como único criterio la ratio entre activos y pasivos “y prescinde de la valoración de la solvencia en función del balance de patrimonio neto”. Para ello, advierte de que se exigirán a los oferentes que tengan un activo que suponga “casi el doble” de la deuda que tengan, circunstancia que, a su entender, “en la vida real solo cumplirían empresas con muy poca deuda y mucho activo, con independencia de si ese activo es muy voluminoso o poco voluminoso, ya que solo se aprecia el valor relacional entre la deuda y el activo”. Por lo tanto, considera que este criterio es discriminatorio y vulnera la libertad de competencia ya que, asegura en la ley de contratos públicos se incluyen otras fórmulas para determinar la solvencia de las empresas.

Finalmente, Valoriza advierte de que el pliego de condiciones no permite que se modifique el contrato si hay cambios en la normativa sobre gestión de residuos que tengan relevancia sobre el equilibrio financiero de la explotación.

Desde 2002, las instalaciones de Las Calandrias son gestionadas por la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformado por las empresas Sufi y Verinsur. Sufi fue adquirida en 2015 por el grupo Sacyr. Valoriza pertenece a la filial de servicios municipales, medioambientales y de gestión de residuos.

La planta de tratamiento de Las Calandrias se encarga de la gestión de los residuos procedentes de algunos municipios de la provincia como Jerez, El Puerto o Arcos, entre otros. En ella se tratan los residuos sólidos urbanos (se obtiene compost) y por otra los envases ligeros procedentes de la recogida selectiva. En 2021 recibió más de 175.000 toneladas de residuos.