Un segundo intento para 'El Caribe'

Desde finales de 2018, las obras de rehabilitación del número 17 de la calle Ramón de Cala están paralizadas por un enfrentamiento entre el promotor, la Junta de Andalucía, y el constructor, la empresa Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones SL. Ahora el organismo autonómico ha iniciado un nuevo procedimiento, el segundo ya, para rescindir el contrato y readjudicar los trabajos para poder acabarla.

La rehabilitación de esta casa palacio situada en la Cruz Vieja, punto neurálgico del Barrio de San Miguel, se contrató en 2017. El proyecto contemplaba la adecuación interior de este histórico inmueble, que fue construida hace casi cuatro siglos por Francisco Ponce de León, apodado ‘El Caribe’, para albergar 22 viviendas que se prevén destinar al alquiler para familias con recursos económicos limitados.

Tras iniciar el expediente de resolución del contrato de obras el pasado mes de abril, a finales de octubre la secretaría general técnica de la Consejería de Fomento y Vivienda remitió la documentación al Consejo Consultivo de Andalucía, órgano que tiene la solicitud desde principios de este mes. En paralelo, la administración autonómica ha suspendido el plazo para resolver el procedimiento de resolución hasta no tener el dictamen del órgano consultivo pues es preceptivo.

Sin embargo, este es el segundo intento para tratar de desbloquear la paralización de unas obras que provocó que hace casi dos años la Junta tuviera que reforzar las medidas de seguridad en el inmueble al detectarse varios intentos de okupación, así como de robos de materiales de obra y vandalismo, unos hechos que han sido continuamente denunciados por los vecinos de la zona.

Los problemas en la ejecución de la obra se empezaron a producir en 2018. La empresa adjudicataria reconoció hace dos años a este medio que mantenía un “conflicto jurídico” con la Junta de Andalucía, una situación que llevó a la paralización de los trabajos. Ante la falta de acuerdo entre ambas partes, la administración autonómica, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, inició el expediente de resolución de contrato. Para ello, y tal y como establece la normativa de contratación, solicitó el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía. En paralelo, la empresa constructora presentó una solicitud de rescisión del contrato.

En junio del año pasado, el Consejo Consultivo emitió su dictamen donde determinó que la Junta de Andalucía debía iniciar un nuevo expediente ya que no había llegado a contestar a la petición de la constructora de rescindir el contrato. Por lo tanto, instaba a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía a realizar un nuevo procedimiento donde documentase las causas de resolución esgrimidas, con los correspondientes informes que lo justifiquen, y otorgándole un “nuevo trámite de audiencia” al interesado (la empresa adjudicataria) para que alegue lo que estime oportuno.

De este modo, fue el pasado 24 de abril cuando la dirección general de la Agencia de Rehabilitación y Vivienda inició el nuevo expediente y meses después, ha solicitado otra vez la opinión del órgano consultivo de la comunidad autónoma.