Una reunión "agridulce" entre Pedro Sánchez y María José García-Pelayo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en su calidad de presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mantuvieron un encuentro en La Moncloa en la jornada de este lunes para abordar fundamentalmente la necesidad de un nuevo sistema de financiación para los ayuntamientos. El Gobierno central calificó la reunión de "productiva"; en cambio, la regidora jerezana señaló que se marchó con una sensación "agridulce".

En esta cita, no estaba contemplado que, de manera específica, se hablara de la situación económica del Ayuntamiento de Jerez. De hecho, ni la alcaldesa ni el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en sus respectivas comparecencias públicas hicieron mención de ello una vez acabado el encuentro. Únicamente se mencionó en un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Jerez donde se aseguró que la primera autoridad de la ciudad le reclamó "algún mecanismo de ayuda" singular, más allá de los préstamos a los que se acoge de manera habitual, para "aliviar la carga financiera" y, de este modo, "mejorar" los servicios públicos. En este mismo escrito se apuntó que también se le trasladó que el Ayuntamiento "afrontará la deuda estructural, pero necesitamos la colaboración y el apoyo del Gobierno de España".

En la reunión se abordó fundamentalmente la necesidad de la reforma del sistema de financiación de las entidades locales ya que el que vigente en la actualidad, que se reguló en 1985 y que se modificó de manera sustancial por última vez en 2022, no está adaptado a las necesidades actuales, tal y como reiteró García-Pelayo tras el encuentro con el presidente del Gobierno. Otros asuntos abordados fue también el encarecimiento que tendrá la tasa de basuras a partir de mediados del año próximo por la entrada en vigor de una nueva ley estatal de residuos, la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda y la gestión de la inmigración.

Sobre el cambio del modelo de financiación local aún no hay nada concretado. Eso sí, la FEMP trasladó una resolución aprobada en octubre de la que Pelayo explicó que es una "base" acordada por todos los grupos políticos para que pueda haber un "acuerdo rápido" en materia de financiación local.

Ahora bien, este asunto debe abordarse en una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), un órgano donde están presentes el Gobierno central y los ayuntamientos. Sin embargo, según la regidora jerezana, esta no se reúne de manera ordinaria desde 2022, de ahí que apuntara que se marchaba de la reunión con una sensación "agridulce" puesto que no se le ha concretado una fecha de convocatoria para poder abortar el modelo de financiación.

Mientras, el ministro de Política Territorial aseguró que estaba previsto celebrarse, pero que se ha pospuesto al haberse priorizado los trabajos y encuentros para hacer frente a los efectos provocados por la DANA de Valencia, aunque aseguró que se tiene previsto "arbitrar todos los mecanismos" "muy pronto" para que esta reunión pueda celebrarse próximamente, aunque sin concretar fecha. Acto seguido Ángel Víctor Torres destacó que en estos últimos años la administración central ha aumentado desde 2018 en un "35%" las aportaciones a las entidades locales.

Por su parte, María José García-Pelayo criticó que se haya priorizado el debate sobre la financiación autonómica soslayándose el de la local. Al respecto, indicó: "No dejamos de escuchar que ya está abierto el debate sobre la financiación autonómica y de eso nos alegramos; pero no nos podemos permitir que no exijamos que también se hable de la financiación de los ayuntamientos".  

El incremento de la tasa de residuos

Otro de los asuntos abordados fue la obligatoriedad legal de que los servicios de recogida de residuos no pueden ser deficitarios por lo que los ayuntamientos deben crear o actualizar las tasas o precios públicos para financiar íntegramente el servicio. Esto forma parte de una Ley de Residuos aprobada en 2022 a nivel estatal que da tres años de plazo a los ayuntamientos para implantar este sistema. En el caso de entidades locales como la de Jerez, los contribuyentes ya abonan una tasa —va incluida en el recibo del agua—, pero el gobierno local sostiene que la práctica totalidad de los ayuntamientos se verán obligados a subirla. De hecho, cifró el aumento en una media de "176 euros".

Por ello, la presidenta de la FEMP demandó una "moratoria" de su implantación —esta obligación legal deberá aplicarse a partir de abril de 2025—, además de mostrar sus dudas sobre la "legalidad" de la medida dado que, a su entender, una normativa estatal no puede obligar a los ayuntamientos a crear tasas. En cambio, el ministro de Política Territorial comentó que esta ley es una transposición de la Unión Europea por lo que recordó que es de aplicación obligatoria, aunque mostró la predisposición del ejecutivo a "flexibilizar" su implantación.

En el caso de Jerez, la recogida de residuos tiene un coste que supera los ocho millones de euros; mientras el tratamiento tiene un coste de unos 8,2 millones, según los gastos correspondientes al pasado ejercicio. En 2023 se recogieron más de 103.000 toneladas de residuos en Jerez. Mientras, según el presupuesto municipal vigente, el Ayuntamiento percibe unos 16,7 millones por la tasa de recogida de residuos.