Segunda sentencia condenatoria al Ayuntamiento por no desarrollar un polígono industrial
Tribunales
Tendrá que abonar unos 2,5 millones, más intereses, a la asociación de concesionarios de vehículos de Jerez
Hace casi dos décadas firmó un acuerdo de compraventa con el Consistorio por unos terrenos en Pastranilla que nunca se urbanizaron
El Ayuntamiento deberá indemnizar con 3,4 millones a una propietaria por no urbanizar un polígono
Pastranilla, historia de un polígono industrial pendiente
La falta de desarrollo de un polígono industrial en la zona suroeste de la ciudad ha provocado una nueva sentencia condenatoria, la segunda, contra el Ayuntamiento de Jerez, que tendrá que devolverle el dinero que adelantó una asociación de concesionarios de vehículos de la ciudad para la compra de los terrenos. Este fallo se suma así a uno conocido a principios de año donde establecía la obligación del Consistorio de indemnizar a una propietaria por no urbanizar estos suelos.
El polígono en cuestión es Pastranilla, una bolsa de suelo de más de 270.000 metros cuadrados de superficie situada entre las espaldas de la Bodegas Estévez y el parque empresarial de la Carretera de Sanlúcar. Este nuevo polígono debería haber sido desarrollado por el Ayuntamiento, que heredó esta obligación de la desaparecida Empresa Municipal de Suelo de Jerez (Emusujesa), aunque no llegó a hacerlo ya que la subvención que recibió para esta obra entre 2008 y 2009 se destinó a otros gastos municipales.
El pasado 5 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Jerez condenó al Ayuntamiento a restituir unos 2,7 millones de euros por las cantidades que abonó Concejerez, la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Jerez, que hace más de una década adquirió parte de estos suelos a la liquidada empresa municipal para el desarrollo de un proyecto para unir en un mismo espacio a todo el sector de la ciudad —la iniciativa se denominó ‘Ciudad del automóvil’ y, posteriormente, ‘Kinética’—.
El fallo no es firme y puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial. Pero se da la circunstancia de que la cuantía que debe abonar el Ayuntamiento ha sido incluida dentro de las sentencias que prevé abonar a lo largo del año próximo mediante un préstamo que se suscribirá con el fondo de ordenación, la línea de crédito habilitada por el Ministerio de Hacienda para las administraciones locales con problemas financieros, a lo largo del año próximo y que el pleno municipal aprobó este lunes. Fuentes municipales señalaron que aún no se ha decidido si se recurrirá o no. Ahora bien, explicaron que, en previsión, se ha incluido su importe en el préstamo que se suscribirá el año próximo.
Más de tres lustros pendientes de un nuevo desarrollo industrial
Según se recoge en el fallo del Juzgado de Primera Instancia, y tras años previos de conversaciones, varias empresas concesionarias con presencia en la ciudad crearon Concejerez en 2008, la asociación de concesionarios de la ciudad, con el objetivo de desarrollar un parque tecnológico vinculado al automóvil, un proyecto donde concentrar en un mismo enclave el grueso de los negocios pertenecientes a este sector económico. Para ello, se empezó a negociar con Emusujesa, que en aquel momento era la encargada del desarrollo de suelo industrial en la ciudad, para la adquisición de suelos en Pastranilla para hacer realidad este proyecto, plasmándose un primer acuerdo de compromiso de compraventa en 2010.
En ese acuerdo primigenio —en él se hablaba de “promesa de venta”—, se estableció una aproximación de la superficie a adquirir, así como un precio máximo de venta del suelo. Mientras, la extinguida empresa municipal se comprometía a entregar los terrenos ya urbanizados. Ahora bien, no fue hasta 2012, y debido a que el Ayuntamiento carecía de las subvenciones que había recibido para acometer las obras y se había retrasado la tramitación urbanística necesaria para poder desarrollarlos (el plan parcial que ordena urbanísticamente los suelos no se aprobó hasta 2011), cuando se escrituró la operación de compraventa de los terrenos. En él se establecieron las condiciones definitivas del traspaso, además de la superficie que pasaría a Concejerez (unos 157.000 metros cuadrados aproximadamente por un precio que superaba los ocho millones de euros).
En él, se incidía en que Emusujesa tenía que urbanizar el futuro polígono y se establecía el método de pago (el primero era mediante un depósito en una entidad bancaria que ya habían suscrito los concesionarios cuando se realizó el anterior acuerdo y el resto en sucesivos pagos en los años siguientes).
Sin embargo, los siguientes abonos no llegaron a realizarse ya que Concejerez jamás recibió los terrenos ya listos para su desarrollo. De hecho, y tras varios años de reuniones y comunicaciones por correo electrónico con el Ayuntamiento, sin llegarse a algún tipo de acuerdo, esta entidad le comunicó en 2020 que resolvía la compraventa y en 2021 presentó una demanda para la resolución del acuerdo.
En la sentencia, se apunta que Concejerez estaba en su derecho de no haber realizado los pagos que se había comprometido mediante escritura pública al Ayuntamiento ya que este nunca cumplió con su obligación de urbanizar los terrenos. Y también considera “lícito” que Concejerez optara por la resolución del acuerdo debido a esta circunstancia, de ahí que se condene al Ayuntamiento a pagar unos 2,5 millones de euros, más intereses, para restituir las cantidades que abonó por esta operación.
Indemnización de 3,4 millones a otro propietario
A finales de 2022, el Juzgado de Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez condenó al Ayuntamiento a indemnizar a una de las antiguas propietarias de estos suelos con 3,5 millones. Los hechos ocurrieron en 2004 cuando Emusujesa firmó un convenio urbanístico para hacerse con estos suelos a cambio de una cantidad, además de un pago en especie de una parcela ya urbanizada en este futuro enclave industrial.
Sin embargo, al no urbanizarse estos suelos y no recibir la parcela acordada, la propietaria inició un largo procedimiento judicial en 2015 y que concluyó con este fallo del Juzgado de lo Contencioso donde condena al Consistorio a indemnizar por no traspasar la finca. Ahora bien, la sentencia fue recurrida ante el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) por el Ayuntamiento.
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