La paz social salta por los aires en las ambulancias tras el reciente acuerdo

Jerez/No han pasado ni tres meses desde que se firmaba la paz social en el sector del transporte sanitario, con un acuerdo sobre la subida salarial, cuando de nuevo se reabre el conflicto.

El motivo, según denuncian los miembros de los comités de empresa de las concesionarias del servicio en la provincia, es el incumplimiento de ese mismo acuerdo que debía haberse empezado a aplicar a finales del pasado año, con una subida del 1,5% y el pago de los atrasos correspondientes al segundo semestre de 2017. "El día 27 de diciembre las empresas nos comunican de manera informal que no van a aplicar el acuerdo. Textualmente nos dicen que es debido al cambio político en la Junta. Evidentemente nosotros les recordamos que el acuerdo lo firman los trabajadores con el comité de empresa y es vinculante, independientemente de un cambio político".

La firma del acuerdo, que puso fin a una huelga en el sector de ambulancias que apenas duró un día, se produjo el 23 de octubre, tras una larga reunión entre los representantes sindicales y de las empresas con la mediación de la delegación territorial de Salud, que agradeció públicamente a las partes el esfuerzo realizado.

Se da la circunstancia de que estas empresas ganaron el último concurso para el servicio de transporte sanitario que sacó el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y son las mismas que lo han prestado durante los últimos años: SGG, Digamar, que pertenece al mismo grupo, y Ambulancias Barbate que, curiosamente, según destacan los representantes sindicales, es la única que ha cumplido el acuerdo pese a que no lo firmó.

Dicho acuerdo contempla también otro 1,5% de subida aplicable a todos los conceptos con carácter retroactivo para 2018, de forma que los atrasos se abonarían en junio de este año y una subida del 2 % para 2019.

El doctor Ricard Armengol, director médico de SGG, indicó en este sentido, que la empresa entiende que se están cumpliendo los plazos del acuerdo.

No obstante, los comités aseguran que en este momento las conversaciones con las empresas son inexistentes y barajan ya denuncias en la Inspección de Trabajo, no sólo por lo que consideran incumplimientos del acuerdo, sino también “por la situación de la nave en el centro de trabajo de Cádiz”. Además la opción de una nueva huelga sigue estando sobre la mesa.

Las denuncias de los comités se extienden también a otros aspectos, y mantienen que los servicios privados que realizan estas concesionarias restan recursos al servicio público. "En Cádiz tenemos un verdadero problema, sobre todo por la noche ya que sólo estamos dos compañeros para los servicios del SAS. Si suena el teléfono y es una urgencia privada, tenemos que dejarlo y atender esa urgencia, desatendiendo el contrato con el hospital", afirman desde el comité.

Una situación que hacen extensible a otros centros de trabajo. "Utilizan las ambulancias destinadas al servicio del SAS y los trabajadores para hacer servicios privados, demorando el servicio público". A este respecto, el doctor Armengol indicó, por contra, que "los recursos de nuestros servicios públicos y privados son diferentes".

Desde los comités exigen un mecanismo de control de la Administración sobre las empresas concesionarias. "Se dan los millones y luego hacen lo que quieren. No hay ningún seguimiento y son temas que las direcciones de los hospitales conocen porque se lo hemos comunicado".

Denuncian, por otro lado, que las empresas están volviendo a traer ambulancias con ocho y nueve años de antigüedad que "de momento están en ‘stand by’. No tienen calefacción, ni aire acondicionado ni equipamientos y tenemos ya estos vehículos a las puertas de las naves. Nos tememos que cuando se firme de forma definitiva el contrato con el SAS, se lleven las ambulancias nuevas que se compraron para otros sitios".

Desde los comités acusan a las empresas de tensar la situación. "Es una provocación, una especie de huelga encubierta, de incumplimiento del concierto y dejadez de funciones, quitando vehículos destinados al transporte programado para demorar el servicio al usuario, con el fin de obligarte a convocar una huelga para beneficio propio".