El traslado de la comisaría preocupa al comercio y a los vecinos del centro
Ciudad
Acoje reclama que de forma urgente se instale una comisaría de distrito y se busquen otros usos para las antiguas instalaciones
La asociación vecinal teme que "no se den alternativas"
Jerez/El traslado ya efectivo de la Policía Nacional a las instalaciones de la nueva comisaría de La Asunción ha incrementado la preocupación entre comerciantes y vecinos del centro, que ven cómo se ha llegado a estas fechas sin que se haya puesto en marcha la prometida comisaría de distrito que iba a ubicarse en la calle Larga. En concreto este compromiso era fruto de un acuerdo entre el Gobierno central y el local, que se anunció el pasado julio y con el que se daba respuesta a la demanda de los comerciantes.
El lugar elegido para esta oficina sería el inmueble que durante años ha sido sede de la Asociación de Comerciantes del centro Acoje, pero hasta el momento la asociación sigue allí y tampoco se ha realizado ninguna obra de adaptación, salvo unas catas que se practicaron para identificar la importancia de los daños que sufre la fachada por las filtraciones del agua de lluvia.
Acoje desconoce en qué punto se encuentra la tramitación o los trabajos técnicos para adecuar su actual sede a las necesidades de unas dependencias policiales. El pasado jueves, en el marco de una nueva reunión de la Mesa de Seguridad, la asociación entregó un escrito al delegado de Seguridad, Rubén Pérez, en el que se insiste "en la necesidad de instar de urgencia al nuevo Ministerio para que se instale en el centro una comisaría de distrito con todos los servicios de seguridad y administrativos", según afirma la presidenta de Acoje, Nela García, quien agrega que "la zona Centro y la zona Sur de la ciudad deben tener cobertura en este sentido".
García argumenta que el tamaño de Jerez "es incluso superior al de otras poblaciones donde existe más de una comisaría de Policía Nacional y es una de nuestras reivindicaciones desde hace unos años, cuando se conoció la futura construcción de la nueva comisaría, que ahora ya está funcionando".
Al comercio y a los vecinos no sólo les preocupa el problema de quedar desasistidos en materia de seguridad sino también el desmantelamiento de servicios públicos que supone para el centro. "La despoblación también se produce por la falta de servicios y por el traslado de instituciones oficiales", mantiene la presidenta de Acoje.
En esta reclamación, el comercio va de la mano con los vecinos. De hecho, la presidenta de la asociación de vecinos del centro histórico, Tamara Jiménez, indica que "los servicios se marchan del centro y nos preocupa que nos dejen desamparados. Somos pocos vecinos y por la noche, a partir de que cierran las tiendas ya el centro está desangelado y nos preocupa que se va la Policía Nacional y no nos den alternativa".
Por otro lado, para Acoje es también urgente que se vaya trabajando en un uso alternativo para las instalaciones que se quedan desocupadas en la plaza del Arroyo, y que de momento estarán bajo vigilancia con el fin de evitar okupaciones o que sufran saqueos. Acoje entiende, a este respecto, que han sido dos años perdidos "pues apenas se ha avanzado nada en ningún sentido, ni en una nueva comisaría de distrito ni el futuro uso del edificio del Arroyo".
García señala que tanto desde su asociación como desde el Clúster Turístico y la asociación de vecinos del centro histórico se han realizado propuestas y “hemos ofrecido ayuda para ir planteando soluciones a estas cuestiones”.
Una de estas propuestas, que Acoje entiende es la más idónea sería la ubicación en las antiguas instalaciones de la comisaría de un parador de turismo y centro cultural. "Ayudaría también mucho a la revitalización de todo el entorno. Los paradores de turismo son un motor muy importante para la economía, el empleo y la difusión de la cultura y la gastronomía de las zonas donde se ubican".
No parece en cualquier caso que la alternativa de uso vaya a ser a corto plazo. Existe voluntad por parte del Gobierno central de ceder el inmueble al Ayuntamiento, aunque habría que concretar la fórmula jurídica. La alcaldesa Mamen Sánchez afirmó el pasado julio que hay iniciativa privada interesada en el edificio, pero también advirtió que cualquier solución llevará un mínimo de dos años.
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