Las últimas matronas de la Guardia Civil

El consejo de ministros celebrado el 13 de febrero de 1987 abrió una nueva etapa en la historia de las matronas, aquellas mujeres que como hemos visto en los artículos anteriores sirvieron en el Cuerpo de Carabineros desde mediados del siglo XIX, y en el de la Guardia Civil desde 1940, tras absorber éste a aquél.

A propuesta de los ministros de Defensa e Interior se había aprobado ese día la provisión de plazas para el ingreso en la profesión militar durante dicho año: 1.687 para las Fuerzas Armadas y 3.446 para la Guardia Civil. De estas últimas, 69 eran para matronas, lo cual no dejaba de llamar la atención ya que realmente eran las únicas que aunque sometidas al régimen interior del Benemérito Instituto no tenían la condición de militar.

Pero lo más novedoso vino poco después cuando por resolución de 30 de abril siguiente, la Subsecretaría del ministerio de Defensa, en uso a las atribuciones establecidas en el reglamento general para ingreso en la profesión militar, aprobado el año anterior, y de conformidad con el director de la Seguridad del Estado, se convocó por primera -y única- vez en la historia, pruebas selectivas de acceso libre para cubrir esas 69 plazas de matronas de la Guardia Civil.

Hasta entonces había que ser necesariamente viuda o huérfana soltera de la Benemérita y ahora podía optar cualquier ciudadana española mayor de edad sin distinción de procedencia ni de estado civil que estuviera en posesión al menos del certificado de escolaridad y acreditara una buena conducta moral y social. Podían acceder casadas o contraer matrimonio cuando quisieran, algo que había estado expresamente prohibido a las anteriores.

El procedimiento de selección de las aspirantes constaba de dos fases. Una de concurso donde se valoraban sus méritos académicos y profesionales, y la otra, de oposición, en la que debían superarse un reconocimiento médico, una prueba psicotécnica y otra de carácter cultural constituida a su vez por cinco ejercicios escritos sobre la Constitución de 1978, matemáticas, lenguaje y ciencias naturales y sociales.

El éxito de la convocatoria fue absoluto pues se presentaron más de 4.200 instancias, es decir, más de 60 aspirantes por plaza. Los exámenes se realizaron en octubre y el nivel académico de las que ingresaron fue muy alto, encontrándose entre ellas 16 licenciadas universitarias y 20 diplomadas en magisterio. El resto tenían titulación mínima de bachiller o formación profesional.

Tras un mes de formación en la ya desaparecida Academia del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, ubicada en la localidad barcelonesa de Sabadell, recibieron sus nombramientos el 18 de diciembre de 1987. Su programa de estudios se centró principalmente en el estudio de la legislación penal y aduanera en materia de contrabando y drogas.

Muy jóvenes en su inmensa mayoría, entre 18 y 28 años de edad, fueron destinadas diez días después, en la festividad de los Santos Inocentes, a las Comandancias para prestar su servicio específico: el registro corporal de personas de su mismo sexo en los recintos aduaneros de aeropuertos, fronteras y puertos, junto a más de un centenar de matronas veteranas ya existentes.

No sólo prestaron servicio propio del Resguardo Fiscal en la represión del narcotráfico y el contrabando oculto en cuerpos femeninos sino que incluso realizaron en algunos casos, apoyos en detenciones de mujeres terroristas y comparecencias judiciales. Hay que tener en cuenta que entonces las matronas eran las únicas mujeres que existían en la Guardia Civil.

La primera promoción de 197 guardias civiles femeninas no ingresó hasta el 1 de septiembre del año siguiente en la Academia jienense de Baeza y no comenzó a prestar servicio hasta después de recibir su nombramiento el 23 de junio de 1989. Precisamente algunas de las nuevas matronas fueron sus monitoras.

Todo aquello supondría el principio del fin de las matronas en la Benemérita. Hubieran podido haber sido dos formas perfectamente compatibles de prestar servicio en la Guardia Civil, y ambas muy necesarias, pero sin embargo se terminó por considerar que con la progresiva incorporación de la mujer en el empleo de guardia durante los años siguientes ya no sería necesaria su continuidad como matrona.

No volvieron a convocarse más plazas y se llegó a estudiar soluciones sobre su futuro profesional, llegando a comunicarles el propio director general de la Benemérita, en carta individualizada de 3 de noviembre de 1989, varias posibilidades: continuar de matronas hasta su extinción; integrarse como guardias civiles profesionales siempre que cumplieran los requisitos y superaran las pruebas correspondientes; o pasar a ocupar determinados puestos de trabajo de la Administración del Estado.

La mayor parte de ellas hubieran deseado convertirse en guardias civiles pero lamentablemente no se les facilitó finalmente esa opción y siguieron siendo matronas hasta el último momento.

Transcurridos nueve años, la Ley 50/98, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, estableció que dichas matronas, declaradas ya a extinguir, quedasen adscritas al ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil, al objeto de realizar misiones "de carácter instrumental y apoyo administrativo". Es decir, "trabajos de taquigrafía, mecanografía, despacho de correspondencia, calculo sencillo, manejo de máquinas y otros similares".

Consecuente con lo anterior, la Dirección General dictó la Circular número 2, de 17 de febrero de 1999, mediante la cual se dispuso que "las matronas dejarán de desempeñar la función específica de cacheos y registro de personas que venían realizando".

Dado que desde 1988 no había ingresado ninguna mujer como matrona en la Guardia Civil, a medida que por razones de edad o de salud fueron causando baja, las vacantes que iban quedando no se cubrían, razón por la cual su número fue disminuyendo.

Las últimas siete matronas de la provincia de Cádiz, que prestaban sus servicios en las Comandancias de Cádiz y Algeciras dentro de los recintos aduaneros del aeropuerto de Jerez de la Frontera, los puertos de Cádiz, Algeciras y Tarifa, así como en el de la Verja de la colonia británica de Gibraltar, en La Línea de la Concepción, finalizaron entonces sus cometidos. Estos pasaron a ser asumidos por guardias civiles femeninas mientras ellas comenzaron a ejercer cometidos burocráticos en las oficinas como funcionarias.

Se trataban de Lucía Díez González, Julia Malagón Cobo, María Asunción Martín Clavero, María Mateos Jiménez, María Luisa Moncada Alba, Eulalia Salvo González y Margarita Sánchez Baz.

Terminaba así siglo y medio de historia de las matronas del Resguardo Fiscal. Una historia que tal vez nunca debió concluir de esa forma y que posiblemente debió haber continuado. Han transcurrido ya casi dos décadas y en los recintos aduaneros se les sigue recordando y echando de menos. E incluso hay quienes quieren que vuelvan.