De las vacas locas a la plaga de moscas en Jerez

Antes de la pandemia del covid, Europa se vio azotada desde mediados de los ochenta a principios de los años 2000 por otra pandemia de origen animal, la enfermedad de las vacas locas o encafalopatía espongiforme bovina, que derivó a la postre en la vertiente humana Creutzfeldt-Jakob, que provocó la muerte en España de cinco personas.

El hombre se empeñó en alimentar animales herbívoros con piensos cárnicos, adulterados con proteínas procedentes de harinas de carne elaboradas con restos de otros animales para ahorrar así los costes del engorde, y las consecuencias no se hicieron esperar.

Los efectos más comunes observados en los animales fueron la confusión, trastornos nerviosos, agresividad y una muerte segura en unos meses; en los hombres, demencia y muerte segura al cabo de un año.

La crisis sanitaria de las vacas locas obligó a las autoridades comunitarias a extremar las medidas y precauciones para prevenir y evitar en el futuro nuevos contagios. De esta reflexión nació la nueva normativa de gestión de los Sandach, siglas de subproductos animales no destinados al consumo humano, actividad a la que se dedica la empresa en la que se ha detectado el foco de la plaga de moscas que desde hace una semana afecta a Jerez.

Vaya por delante que, según han confirmado los técnicos de la Junta de Andalucía, el insecto en cuestión no trasmite enfermedades ni ocasiona problemas de salud, más allá de las molestias de su presencia.

Además, la empresa ubicada en una nave del polígono industrial de El Portal en la que la Junta sitúa el foco de la plaga únicamente se dedica al almacenamiento de estos subproductos, no así de su tratamiento, del que se hace cargo una fábrica de la zona norte de Sevilla, hasta la que se traslada los desechos animales con una rotación de almacenaje en Jerez de 24 horas.

La empresa jerezana, además, únicamente cuenta con autorización para el almacenamiento de material de la categoría 3 (C3), derivado de animales cuyos cadáveres han sido declarados aptos para el consumo humano tras la inspección sanitaria y cuyos restos entrañan menos riesgo para la salud.

No en vano, el reglamento comunitario clasifica estos productos en función de su nivel de riesgo para la salud, identificando dentro de la categoría 1 (C1) aquellos materiales que presentan un riesgo con respecto a encefalopatías espongiformes transmisibles.

Pese a la modificación de la normativa comunitaria, la plaga de moscas de Jerez ha destapado fallos en la cadena de control e inspección de la gestión de estos residuos peligrosos, aunque sea en un eslabón intermedio de la manipulación del material que, supuestamente, implica menos riesgo para la salud..

La cuestión es que la Junta lo atribuye a una negligencia del propietario de la empresa del polígono de El Portal, cuyos responsables niegan tajantemente que el foco esté en sus instalaciones, donde no obstante, las moscas encontraron las condiciones idóneas para su cría por una filtración en la cámara de almacenamiento de los subproductos animales.

Desde la empresa esgrimen que su actividad está sometida a rigurosas inspecciones cada tres o cuatro meses, sin que hasta la fecha se hubiese detectado la filtración,ni las deficiencias higiénico-sanitarias observadas tras la detección del foco de la plaga de moscas sobre la que, cabe recordar, fueron los vecinos de la zona de Torrox los que dieron la voz de alarma ante la invasión de sus casas por parte de estos insectos.

A raíz de las quejas vecinales, la Junta localizó el foco, procediendo al cierre y cese temporal de la actividad de la empresa, por un plazo de 48 horas -en realidad serán algunas más ya que hasta el lunes no tiene previsto volver a inspeccionar la nave para elaborar un nuevo informe- para que el propietario de la empresa subsane las deficiencias a fin de garantizar la salubridad.

Nada se ha dicho sobre si la filtración se produjo en el intervalo entre la última inspección y la detección del foco, ni si ocurrió lo mismo con el estado insalubre de las instalaciones, cuestiones para las que este medio ha pedido una explicación de la Junta de Andalucía, que de momento se remite a la información hecha pública, a la espera de que se emita el nuevo informe.