"Los vecinos no vamos a ser policías"

Los problemas en el residencial Calipso continúan y nada parece presagiar que se vayan a solucionar en un corto periodo de tiempo. Tras la denuncia pública de un grupo de afectados hace algo más de una semana en este periódico, la delegada de Vivienda y de Acción Social, Carmen Collado, mantuvo, el pasado 20 de octubre, una reunión con los vecinos, un encuentro en el que le expusieron a la responsable municipal las ocupaciones ilegales en los pisos de titularidad pública (VPO) y la "inseguridad" que dicen vivir los propietarios de las viviendas.

"Tras decirle de nuevo la problemática, la delegada lo achacaba a cuestiones políticas y a la gestión del anterior gobierno. Los vecinos le expresamos claramente la idea de que esto no es un asunto político, sino de seguridad ciudadana", remarcan los afectados. De esta forma, pusieron sobre la mesa algunas medidas de prevención para nuevas ocupaciones ilegales como "bloquear las puertas y las ventanas de las viviendas deshabitadas, mayor iluminación, medidas contra las conexiones ilegales de luz y agua, así como acciones legales inmediatas contra los 'ocupas' y los vecinos más problemáticos". Según relatan los afectados, la delegada les comunicó que "no iban a poner puertas 'anti-ocupas' porque no había dinero y que iban a realizar un filtro más exhaustivo para dar las viviendas. Sin embargo te dicen esto, pero después te suelta que como de 'izquierdas' que es no va a dejar a la gente en la calle, que eso no se lo permiten".

Desde el día 20 a ayer, 24 de octubre, se ha efectuado una ocupación ilegal y se impidieron otros dos intentos, según alertan un grupo de vecinos del residencial. "Las ocupaciones van por día y de manera violenta. Ya son ocupaciones con amenazas, con violencia y con riesgo de que ocurra alguna desgracia. Tenemos patrullas de la Policía Nacional constantemente aquí, parece que viven con nosotros. Ellos dicen que vienen, pero que si el Ayuntamiento no denuncia ellos no pueden hacer nada más. Esta situación es insostenible", critican los afectados, quienes además ultiman una denuncia contra el Ayuntamiento: "La delegada nos dijo que ejerciéramos nuestros derechos, pues lo vamos a ejercer, esperamos que la justicia nos ampare. Collado dice que denunciemos las ocupaciones, pero las viviendas son de ellos, ¿tenemos que ser los vecinos los vigilantes? Desde el Ayuntamiento no quieren mojarse, no quieren implicarse y nos dejan la responsabilidad a los vecinos".

"Las viviendas son públicas, de titularidad municipal, el Ayuntamiento es el propietario y es el que tiene que tomar medidas. Nosotros no podemos convertirnos en policías. Ellos tienen que poner las soluciones, los propietarios de las viviendas son ellos y nosotros no estamos dando ningún problema", continúa exponiendo un grupo de afectados, añadiendo que "no queremos indemnizaciones, no queremos dinero, lo que queremos es vivir dignamente. Ahora no se puede, hay delincuencia, vandalismo, amenazas. ¿Dónde estamos por Dios?". Lo más positivo que este grupo sacó del encuentro con la responsable de Vivienda fue que desde el pasado viernes hay un vigilante (que se suma a uno privado que contrataron los propietarios) que ha puesto el Ayuntamiento.

Por su parte, la delegada de Vivienda reconoció ayer que "hay problemas" en el residencial. "Cuando entramos nos encontramos que el anterior gobierno había dado viviendas sin ningún criterio, como los ingresos. Bien, pues parte de esas familias, en concreto a cuatro, ya le hemos buscado una ubicación más acorde a su situación socioeconómica", declaró Collado. La responsable municipal remarcó que "no vamos a echar a nadie a la calle sin alternativa", e informó de que "los vecinos saben que estamos trabajando, pero el problema es que debemos buscar otras ubicaciones. Eso sí, los casos de ocupación ilegal los tenemos denunciados desde el Ayuntamiento, pero la justicia, como todo el mundo sabe, a veces va lenta".

"Vamos a poner rejas, también vamos a poner puertas 'anti-ocupas', pero es que cuestan mucho dinero, y se pondrá en la medida del riesgo de ocupación. Hemos contratado a un seguridad, que va a ser un recurso que pague Emuvijesa, pero es nuestra obligación evitar que ninguna familia esté en la calle", declaró Collado. La delegada subrayó que "a las familias propietarias les cuesta entender la impotencia que tenemos para 'sacar' a las familias que ocupan. Lo que tenemos que hacer es denunciar, y es lo que hacemos, y también buscar desde Servicios Sociales una alternativa".

"Es una situación muy complicada, porque hay que aunar el respeto al derecho de vivir dignamente bajo un techo y vivir en paz. También debo apelar al principio de solidaridad de todos, porque son personas también y tienen derecho a una vivienda. Pero reitero, se está haciendo un esfuerzo ímprobo para dar solución a cada caso", remarcó Collado.