Una de cada cinco víctimas acaba retirando del juzgado la denuncia contra su agresor
Una de cada cinco mujeres víctimas de violencia de género que interpusieron denuncia en los juzgados de Jerez en el primer trimestre de este año decidieron retirarla, según se refleja en el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. La delegada de Bienestar Social indicó que se trata de un porcentaje alto, "pero es que nos encontramos con mujeres con muchas dificultades de inserción laboral, muchas dificultades económicas, con hijos, y dan marcha atrás y siguen soportando la violencia. El plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres va a facilitar junto con la estrategia a nivel nacional la incorporación de las mujeres y va facilitar desde el Ayuntamiento que tengan nuevas oportunidades. Las decisiones de estas mujeres maltratadas muchas veces están mediatizadas, porque no tienen la suficiente autonomía y no pueden hacer frente al futuro", argumentó.
En los tres primeros meses del año el Juzgado de Violencia de Género del partido judicial de Jerez recibió 141 denuncias, de las que sólo siete fueron presentadas directamente en el juzgado por parte de la víctima, mientras que la inmensa mayoría, 111, prácticamente el 80%, llegaron a través de un atestado policial. De ellas, 102 fueron denuncias presentadas por la víctima en comisaría, en tres casos el atestado se levantó por denuncia de una familiar y en seis, se produjo por intervención directa de la Policía. Además en 23 casos más hubo parte de lesiones.
A instancia de las víctimas en este primer trimestre se adoptaron 47 medidas judiciales de protección en el ámbito penal, de las que 23 fueron órdenes de alejamiento y 24 prohibiciones de comunicación, a las que se suman siete medidas de protección en el ámbito civil. La Orden de Protección es una resolución judicial que, en los casos en que existan indicios fundados de la comisión de delitos ó faltas de violencia doméstica y exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena su protección mediante la adopción de medidas cautelares civiles o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias.
De acuerdo a los datos del primer trimestre, en algo más de un 25% de los casos la relación entre víctima y agresor es de matrimonio, mientras que en un 20,93 se trataba del ex cónyuge; en un 6,98% de los casos había una relación afectiva y en el 46,51% , esa relación afectiva estaba ya rota.