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Vigilantes de seguridad se quedan sin cobrar la nómina y ven peligrar sus puestos

Los empleados de la empresa de seguridad Ombuds, unos 80 en Jerez, protestan por el impago de la nómina de junio y la incertidumbre sobre el futuro de la compañía

La negativa de la banca a renovar las líneas de financiación a la empresa, la tercera del sector de la seguridad en España, conduce a Ombuds a la posible quiebra

Vigilantes de seguridad de Ombuds, ayer durante su concentración en uno de los centros en Jerez de la cadena de supermercados en la que prestan servicio. / Pascual
Á. E.

09 de julio 2019 - 20:21

Ni han cobrado la nómina del última mes ni es seguro que puedan conservar sus puestos de trabajo. Los vigilantes de seguridad de Ombuds, de las principales compañías del ramo en España controlada por la familia Cortina, se concentraron ayer a las puertas de uno de los supermercados a los que presta servicio en Jerez en señal de protesta por la delicada situación que atraviesa el colectivo ante la posible quiebra de la compañía.

Los problemas que arrastra la empresa tras la decisión de las entidades bancarias de cerrar el grifo a la refinanciación de su deuda, afectan en la provincia a unos 150 trabajadores, 80 de ellos en Jerez, donde Ombuds se encarga de la vigilancia de los centros de una cadena de supermercados y de una bodega.

Según la información facilitada por el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV), mayoritario en Ombuds Seguridad y Ombuds Servicios –las dos ramas en las que opera–, la empresa ha solicitado acogerse al concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda por la negativa de la banca a renovar las líneas de financiación y no ha pagado la nómina correspondiente al mes de junio a los 8.000 vigilantes que tenía en activo en el país.

La información que trasladan los directivos de la empresa con los que ha mantenido contactos SPV es de “total incertidumbre”, señala un responsable sindical, quien se queja de la falta de transparencia cuando están en peligro los puestos de trabajo de tantos miles de vigilantes.

El informe del auditor de cuentas cuestiona la viabilidad futura de la compañía, que según las informaciones publicadas por distintos medios no ha logrado recuperarse tras la adquisición a mediados de 2017 de Castellana de Seguridad (Casesa), lo que unido a otros factores ha disparado tanto las pérdidas de Ombuds en los últimos ejercicios como la deuda con Administraciones públicas, hasta acumular un pasivo de más de seis millones de euros.

“Todo es muy confuso y ni siquiera los directivos saben qué va a pasar”, explican las mismas fuentes, a las que llegan noticias difusas sobre posibles negociaciones con un fondo inversor para tratar de evitar el concurso de acreedores, alternativa que el sindicato tampoco tiene claro que sea la mejor solución.

“La situación es muy delicada y existe el riesgo de que la empresa no tenga viabilidad futura”, añade el responsable sindical, quien recuerda que se trata de trabajadores con “salarios mileuristas” que tienen dificultades para llegar a fin de mes, por lo que el impago de una sólo nómina pone en serios apuras a las familias afectadas en la provincia y en Jerez.

Tras las dos primeras concentraciones en El Puerto y Jerez, el Sindicato Profesional de Vigilantes abordará la aprobación de un calendario de movilizaciones, que posiblemente arrancará con una nueva protesta el próximo viernes en el municipio jerezano con otra protesta en un supermercado, tras la que se trasladarán a San Fernando y a los tres centros de la misma cadena en el Campo de Gibraltar.

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