¿Me puedo negar a hacer las pruebas de alcoholemia en un control?

Aunque todos los días, independientemente de la época del año, se realizan controles de tráfico, en verano, Semana Santa y en las festividades de Navidad y Fin de Año, es decir, en los momentos de más movimiento de vehículos, estos controles se refuerzan. De esta forma, la DGT busca asegurar dentro de lo posible que sustancias como el alcohol y las drogas, así como actitudes peligrosas al volante, no ponen en riesgo la seguridad de conductores y pasajeros.

De estos controles, uno de los más comunes son los controles de alcoholemia, que permiten conocer si el conductor ha consumido alcohol y su tasa de alcoholemia. Esta es la droga que da mayor número de positivos y es la principal causa de conducción alterada, según la DGT.

Pero ¿qué pasa si el conductor se niega a hacer las pruebas?

Según establece la DGT, cualquier vehículo es susceptible de ser elegido para pasar un control de alcoholemia, tanto en vías urbanas como interurbanas. En esos casos se detendrá el vehículo en una zona segura y los agentes le darán al conductor una serie de indicaciones.

Se trata de una prueba de carácter obligatorio. De negarse a realizarla se incurriría en un delito de desobediencia y el vehículo quedaría inmovilizado. Y además el conductor sería sancionado y podría enfrentarse a penas de prisión.

Se trata de un delito tipificado en el Código Penal, concretamente en el artículo 383. En este se establecen penas que van desde los 6 meses de cárcel al año y "privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y cuatro años".

En este artículo se establece también que negarse a someterse a otro tipo de test para detectar drogas es delito. Al igual que también es delito negarse a realizar una segunda prueba durante el control de la presencia de alcohol, la que normalmente se usa como comprobación de las tasas de alcoholemia.

La DGT comenzó a realizar controles de este tipo en el año 1981, mientras que los controles de drogas comenzaron a realizarse en las carreteras españolas a partir de 2010.