Lula asegura que policías y militares fueron conniventes con la intentona golpista

Brasilia · Sao Paulo/El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron conniventes con los bolsonaristas radicales que asaltaron el domingo las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil.

"Quiero ver los vídeos grabados dentro de la Corte Suprema, dentro del Palacio (presidencial de Planalto). Hubo mucha gente connivente. Hubo muchos miembros de la Policía conniventes, muchos miembros de la Fuerzas Armadas aquí dentro conniventes", aseguró el líder progresista en un desayuno con periodistas.

El mandatario dijo que aún no ha conversado con sus colaboradores sobre sus sospechas porque está esperando que la situación se calme un poco, pero que está convencido de que a los protagonistas de los actos antidemocráticos del domingo les abrieron las puertas.

"Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que esas personas entraran porque no hay ninguna puerta quebrada. Es decir, que alguien les facilitó la entrada aquí", agregó el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

La seguridad de Planalto depende tanto de la Guardia Presidencial, un batallón del Ejército, como de los agentes de la Policía Militarizada de Brasilia, algunos de los cuales aparecen en vídeos confraternizando con los asaltantes.

De acuerdo con sus aliados, al asistir por televisión desde Sao Paulo a los ataques a las sedes del poder, Lula se quejó de la inacción de las Fuerzas Armadas y de su incapacidad para prever que la situación llegaría a ese punto.

"La imagen que tengo es de unas Fuerzas Armadas que saben que su papel está definido en la Constitución. Las Fuerzas Armadas no son el poder moderador que creen que son. Su papel está definido en la Constitución y es lo que quiero que hagan bien hecho", dijo.

Los miles de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro, que como su líder no reconocen la victoria de Lula en las presidenciales de octubre, asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de presionar un golpe de Estado contra el líder progresista.

El violento e inédito ataque concluyó con la detención de cerca de 1.800 personas, de las que una tercera parte fue liberada por razones humanitarias aunque seguirá vinculada al proceso.

El presidente dijo que ya inició un proceso de selección de personal para retirar a los bolsonaristas que trabajan en la Presidencia. "La verdad es que el Palacio estaba repleto de bolsonaristas, de militares, y estamos viendo si conseguimos corregir eso para poner a funcionarios de carrera, de preferencia a civiles que estaban aquí y fueron transferidos", afirmó.

Sobre las críticas a su ministro de Defensa, José Múcio, por no haber adoptado medidas para impedir los ataques que al parecer habían sido previstos, Lula afirmó que confía en su colaborador y que lo mantendrá en el cargo. "Si tengo que sacar a cada ministro en el momento en que cometa un error, será la mayor rotación de mano de obra en la historia de Brasil. Todos cometemos errores", dijo.

Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) pidió a las autoridades brasileñas investigar "minuciosamente" la "ofensiva" antidemocrática, según divulgó este jueves en su informe anual.

"El ataque del 8 de enero a las instituciones democráticas brasileñas no fue un episodio aislado y sí el resultado de una serie de ofensivas contra el sistema democrático durante los cuatro años en que Jair Bolsonaro fue presidente", afirmó la directora de HRW en Brasil, Maria Laura Canineu, en una nota.

Canineu considera que Lula y el resto de poderes "deberían fortalecer los principios democráticos, defender el Estado de derecho y responsabilizar a todos aquellos que practicaron o permitieron la violencia", en respuesta a este ataque "sin precedentes".

HRW señala directamente a Bolsonaro, "un apologista de la dictadura militar" brasileña (1964-1985) y quien durante los cuatro años de su mandato "amenazó los pilares de la democracia". "Promovió una campaña de insultos e intimidación contra los jueces del Supremo Tribunal Federal e intentó minar la confianza en el sistema electoral, diseminando alegaciones infundadas de fraude electoral", denunció en alusión al capitán retirado del Ejército, y advirtió de que "las tentativas de perjudicar las instituciones pueden tener consecuencias graves".