Defensa endurece las condiciones para exportar armamento tras la polémica de las bombas de Arabia

El Gobierno podrá exigir a países que compren armamento a España que certifiquen su destino y uso en el caso de que se trate de transacciones que se deban someter a un control adicional porque “lo aconsejen la sensibilidad de la operación y los intereses nacionales”. Así lo establece un real decreto publicado este miércoles en el BOE y aprobado en el Consejo de Ministros del martes por el cual se refuerzan los mecanismos de control de la venta de material de Defensa por parte de España, estableciendo un refuerzo para ciertas operaciones comerciales.

Este decreto modifica uno anterior de 2014, incluyendo una intensificación del control de estas operaciones en “determinados casos” especialmente sensibles, indica el nuevo texto. Los nuevos controles incluyen mecanismos de verificación del destino de las armas, por lo que antes de venderlas a los países se tendrá que poner en conocimiento de sus “gobiernos, destinatarios y usuarios finales de la mercancía” el hecho de que se va a comprobar su destino y uso.

Para ello, el decreto incluye un nuevo documento de control o “certificado de último destino” que deberán rellenar los países destinatarios de la mercancía. Prevé además la posibilidad de establecer un compromiso de no utilización del armamento fuera del territorio del país importador, así como una cláusula de verificación en destino del producto exportado.

La decisión de incluir este refuerzo extra a las operaciones de venta de armas la tendrá el órgano que venía realizando las autorizaciones de compraventa de armamento, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Jimddu).

Ese certificado de destino de las armas podrá legalizarse por vía diplomática, ya sea por la representación de España en el país comprador o por la representación del estado emisor en España.

La modificación del decreto se produce después de la polémica surgida en septiembre de 2018 por la paralización de la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión que Defensa sospechaba podrían ser utilizadas contra la población civil en Yemen. El país árabe respondió amenazando con cancelar la compra de cinco corbetas a Navantia, lo que ponía en riesgo un contrato vital para la industria de la Bahía. Tres días después, el Gobierno de Pedro Sánchez matizó que suspender la venta era solo “una intención” y menos de una semana más tarde, anunció que mantendría el contrato.

Precisamente, el Gobierno reconoció a principios de este mes que Navantia deberá pedir una licencia de exportación definitiva para las corbetas. Según el Ejecutivo, Navantia presentó un acuerdo previo de exportación que recibió el visto bueno en julio de 2015, pero ésta ha caducado.“La futura licencia será examinada con todo rigor de acuerdo con las prohibiciones y los parámetros contenidos en el Tratado sobre el Comercio de Armas, lo dispuesto en la legislación española y los ocho criterios de la Unión Europea", garantiza el Ejecutivo.