Doce sectores están ya en riesgo por los impagos de constructoras

Fue una de las noticias de 2005: Faltan obreros. Las cuadrillas compaginan varias obras y los capataces se rifan los pocos trabajadores cualificados que hay en el mercado, incluso captándolos en el propio tajo a cambio de unos euros más. Las promociones de viviendas se disparan y si en 2003 se iniciaron casi 11.600 viviendas, este año se ha alcanzado la cifra récord de 17.380, un 50 por ciento más. Éste fue el culmen a un decenio de progreso que hizo que la construcción llegara a tener más peso que la industria en el PIB provincial y empleara directamente a 73.500 personas.

Este carrerón espectacular se ha borrado de un plumazo en un año. La incertidumbre surgió a principios de 2007 pero ha sido tras el verano, cuando la caída fue evidente y el sector empezó a desmoronarse hasta llegar a una situación de no va más en la que se clama a la Administración por una respuesta urgente a través de la licitación pública y el Pacto por la Vivienda.

Hasta ahora se han conocido los desplomes bursátiles de constructoras, el abandono de proyectos por parte de promotores, y concretamente en la provincia, los primeros casos de suspensión de pagos de constructoras, como los de las empresas jerezanas Jerecom o Fivesur, y de paralización de obras. Pero la verdadera envergadura de la crisis inmobiliaria se mide por la gran cantidad de sectores que ha arrastrado consigo. No son sólo intermediarios de compraventa ni constructores y promotores, sino que hay hasta once grupos profesionales sumidos directamente en este declive: electricistas, ferrallistas, escayolistas, pintores, comerciantes de materiales de construcción, cerrajeros, cristaleros, fontaneros, urbanizadores, gestores de alquiler de maquinaria y, por supuesto, transportistas, según ha detectado la Confederación de Empresarios de Cádiz. Pero indirectamente puede sumarse una retahíla de comerciantes afectados que va desde hasta los vendedores de cocinas hasta los viveros.

Aunque es difícil conocer con exactitud el volumen de trabajadores afectados, el Observatorio de la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (Seopan) apunta que por cada empleo directo se generan 0,44 empleos adicionales en otros sectores. Según esta proporción, y teniendo en cuenta que al final del pasado año eran 66.200 las personas ocupadas en esta actividad, resulta que en Cádiz hay más de 95.000 puestos de trabajo pendientes del rumbo que tomará esta incipiente crisis.

Por el momento, el diagnóstico que hacen todas las asociaciones provinciales es muy negativo. Uno de los ámbitos más sacudidos es el del transporte de mercancías, al que pertenecen unas 2.500 empresas con más de 6.000 trabajadores. Según el secretario de la Asociación de Empresarios y Autónomos de este sector, Antonio Gutiérrez, "el bajón ha sido impresionante" y los negocios que dependen directamente de la construcción, que son cuatro de cada diez, están al 30 por ciento de su capacidad. "Hay pocos portes y algunos empresarios te estafan; esto no va mal, sino cuesta abajo y sin frenos", remarca Gutiérrez, que pide a los empresarios que extremen la prudencia sobre los contratistas para los que trabajan y critica duramente a la Administración por los insuficientes controles que ejerce sobre los constructores.

Otro ámbito muy afectado es el del comercio materiales de construcción. El presidente del colectivo provincial, Juan Caballero, asegura que la bajada de ventas el año pasado fue del 20 por ciento y ha provocado que las 150 tiendas y almacenes existentes en Cádiz inicien procesos de despidos. Además, entre un 10 y un 15 por ciento sufre también impagos por parte de las constructoras y, en el caso de la Bahía, "ha aumentado la oferta con nuevos grandes almacenes como Leroy Merlin y ha bajado la demanda". Ante esta situación el sector se encuentra "muy deprimido y no ve ninguna esperanza porque no sabemos cuándo volverá a haber dinero en los hogares".

Igualmente pesimista es Guillermo Portillo, portavoz de la Asociación de Instaladores Eléctricos. Ya tienen constancia de más de 30 obras paralizadas en la provincia, sobre todo en Jerez, Sanlúcar y Algeciras. Según estima, el 70 por ciento de las más de las 300 empresas instaladoras de Cádiz dependen totalmente de la construcción y "algunas ya están sufriendo impagos y situaciones de suspensión de pagos". "Yo, particularmente he declarado la situación de alarma y creo que, como en el 93, habrá que esperar uno o dos años para ver cómo termina esto", sostiene Portillo, que considera que la mejor solución para estos profesionales es, por encima de acuerdos como el Pacto por la Vivienda, que se diversifiquen a otras áreas como el aire acondicionado o el frío industrial.

Otros que, por su similitud, podrían seguir el mismo camino que los electricistas son los carpinteros, pero, por ahora, la crisis no ha afectado tanto a la industria de comercialización de la madera porque, como entran en la fase final de la obra, todavía tienen actividad y serán a partir de ahora cuando noten la paralización de la edificación de viviendas. Éste es el principal diagnóstico que hace Jesús Barberá, presidente de la federación provincial que aglutina a estos empresarios, quien afirma que los mayores perjudicados serán las grandes empresas porque "cada vez se trabaja menos en talleres y la mayoría de la actividad es de distribución y comercialización".

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