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San Fernando/Facua Cádiz critica la fórmula elegida por el Ayuntamiento de San Fernando para la gestión del suministro de agua tal y como ayer anunció el gobierno local y reclama que se opte porque sea gestionado por una empresa 100% pública, de forma que ninguna empresa privada forme parte de su accionariado.
El suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos que puede optar por hacerlo directamente, o a través de la concesión a una empresa pública, fórmulas que actualmente utilizan en la Bahía los ayuntamientos de Puerto Real, Chiclana y Cádiz; privada, una opción que hasta el momento se mantiene en San Fernando; o mixta, la modalidad utilizada actualmente por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Facua Cádiz advierte de que la decisión del equipo de gobierno municipal -de encomendar la gestión del servicio a una empresa mixta, de la que el Ayuntamiento dispondrá del 51% del accionariado, dejando el 49% restante en manos de una empresa privada- no supone la recuperación de la gestión pública de este servicio, dado que, aunque el Ayuntamiento disponga de la mayoría de las acciones de la empresa, será la empresa privada, en su calidad de socio técnico, el que continuará llevando las riendas de la gestión, decidiendo, por ejemplo, las obras a ejecutar y a qué empresas son encomendadas, o la atención a los usuarios.
Para la entidad, la fórmula de la empresa mixta impide en la práctica que el Ayuntamiento tenga un control efectivo sobre la prestación del servicio, pero le obliga a asumir cualquier consecuencia derivada de una mala gestión. Por eso, la organización de consumidores considera que el cambio de fórmula coloca en una posición más cómoda a la empresa privada mientras que no reporta al Ayuntamiento ningún beneficio considerable.
Facua Cádiz denuncia que esta modalidad de gestión impide que se desarrollen iniciativas para posibilitar la participación de los usuarios, como los observatorios del agua que funcionan en la ciudad de Sevilla o desde hace algunas semanas en Cádiz. También critica que el gobierno municipal haya tenido en cuenta exclusivamente, a la hora de adoptar la decisión, el informe elaborado por una consultora privada, sin que haya solicitado la opinión de esta organización u otros colectivos, como sindicatos o asociaciones vecinales.
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