Huelga metal Cádiz ¿Por qué están bloqueadas las negociaciones entre los sindicatos y la patronal?

El periodo de vigencia del nuevo convenio y el incremento salarial suponen los principales escollos para el acuerdo entre patronal y sindicatos del sector del metal, que este viernes ha sufrido el cuarto día consecutivo de huelga indefinida, con nuevos incidentes en la ciudad de Cádiz.

Ambas partes estuvieron reunidas en Sevilla hasta bien entrada la madrugada de este viernes con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. La Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca), que aglutina a las contratas de un sector que da empleo a más de 20.000 trabajadores, ha explicado que llevó a la mesa de negociación dos propuestas diferentes.

La primera ofrecía un periodo de vigencia de 2021 hasta 2024, con un incremento salarial del 2% en cada año (en el caso de 2021 con carácter retroactivo desde el 1 de junio) salvo en 2024, que habría un 2,25%. Al termino de este intervalo, si el IPC hubiera sido superior a estos porcentajes, se abonaría en un pago único el diferencial entre el alza del coste de la vida y el incremento salarial.

A continuación se lanzó una segunda propuesta, con un año menos de vigencia, hasta 2023. En este caso, se recogería un alza salarial del 2% en cada ejercicio, y al igual que en la anterior, se abonaría el diferencial con la inflación si el IPC es superior a este incremento salarial.

Al mantener los sindicatos como exigencia la revisión anual de las tablas salariales, los mediadores lanzaron su propia propuesta con un incremento del 1,5% a aplicar en 2021, elevándose al 1,75% en 2022 y 2023. Si el IPC es superior, se consolidaría en la tabla salarial en un porcentaje variable, entre el 20% y el 30% de la desviación en función del año. Además, se abonaría en un pago único la diferencia entre las subidas aplicadas y el IPC real de los tres años de vigenci del convenio.

Evitar la pérdida de poder adquisitivo

Las tres propuestas fueron rechazadas por los sindicatos, que este viernes argumentaron que su objetivo prioritario es que “los trabajadores no pierdan poder adquisitivo” y consideran que el nuevo convenio no puede tener un periodo de vigencia superior a dos años. Así exigen que se traslade cada año a las tablas salariales el incremento del IPC real, que se ha desbocado en los últimos meses como consecuencia de la subida de los precios de la energía.

Desde su punto de vista, las propuestas de la patronal no consolidan el incremento del coste de la vida en las tablas salariales del convenio, ya que se abonaría el diferencial con el IPC en una paga extra. Asimismo, reiteran que este abono único de la desviación del IPC no es viable en el sector por su alto nivel de eventualidad, lo que llevaría, según su versión, a que muchos eventuales no recibirían ese pago al extinguirse su relación laboral antes de cobrarla. "Qué trabajador reclama luego esa cantidad para que no le vuelvan a llamar", han cuestionado este viernes los secretarios provinciales de Industria de UGT y CCOO, Antonio Montoro y Juan Linares, respectivamente.

Además, insisten en que el convenio no debería tener un periodo de vigencia mayor a dos años para acometer una revisión en profundidad de su articulado y adaptarlo a las condiciones cambiantes de la economía. A eso se suma que este conflicto laboral se ha convertido en “un referente” nacional, según ha apuntado Antonio Montoro, en un contexto marcado por la moderación salarial de los últimos años, que ha llevado a que la subida salarial media pactada se sitúe en el 1,5%, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo.

Implicación de las tractoras en la negociación

Por su parte, las empresas de la industria auxiliar auxiliar argumentan que no pueden asumir este incremento de la masa salarial, ni lo pueden repercutir en sus contratos con las grandes tractoras con las que trabajan como Navantia, Airbus, Acerinox o Cepsa.

Estas empresas cuentan con convenio propio y no están incluidas en la convocatoria de huelga. Sin embargo, su actividad depende en gran medida de los servicios que le proveen las contratas locales con las que trabajan, por lo que están sufriendo ya un grave perjuicio por esta huelga.

Una de las bazas con las que cuenta la parte laboral para presionar a la patronal es que cada día de paro supone un retraso en los grandes contratos de las empresas tractoras. La más afectada sería Navantia, donde fuentes del sector han indicado su preocupación por el impacto en el encargo de las cinco corbetas para Arabia Saudí. La botadura del quinto y último buque estaba prevista para el cuatro de diciembre, aunque esta fecha estaba pendiente de confirmación oficial.

También habría incertidumbre por el impacto en el negocio de reparación de cruceros, un negocio en el que el cumplimiento de los plazos es clave y en el que el astillero de Cádiz ha logrado posicionarse a nivel mundial, alcanzando un pleno de ocupación el pasado verano. En estos momentos, en el dique cuatro del astillero de Cádiz está siendo reformado un buque de Carnival, y hay otro de Royal Caribbean, el 'Radiance of the Seas' atracado en su dársena esperando a entrar en dique. Asimismo, en el dique seco de Puerto Real está también el Marella Explorer.

En la factoría de Dragados Offshore también está en su fase final la construcción del módulo para el parque eólico Dolwin 6, en el Mar del Norte, otro de los grandes contratos logrados por las tractoras de la Bahía, valorado en más de 350 millones de euros, y que tiene como fecha de entrega mediados de 2022.

Esto explica las declaraciones de los representantes sindicales que han criticado que las grandes empresas no hagan "nada para arreglar este conflicto" cuando "tienen mucho que decir porque son los pagadores de las industrias auxiliares del metal de Cádiz", según ha indicado el responsable provincial de Industria de CCOO, Juan Linares.