La Junta ve bien que el Gobierno se una al grupo de trabajo de Valdevaqueros

La duna de Valdevaqueros vuelve a enfrentar a las administraciones competentes, esto es Junta de Andalucía y Gobierno central. Tras la visita del delegado del Gobierno, Antonio Sanz, a la zona en la que señaló la necesidad de buscar una solución definitiva al problema de aislamiento de los vecinos de Paloma Baja, la Junta a través de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio respondió ayer que se alegra de que el Gobierno se incorpore al grupo de trabajo creado en 2013.

El delegado de Medio Ambiente en Cádiz, Ángel Acuña recordó que "la junta rectora del Parque del Estrecho aprobó encargar un informe a un catedrático y uno de los mayores expertos en dinámica litoral a nivel mundial de la Universidad de Granada, Miguel Losada, para encontrar la solución definitiva a la invasión de la carretera de acceso al poblado tarifeño por parte de la Duna". Dicho informe fue aprobado por la Junta Rectora el 19 de febrero de 2014.

Este informe presentaba un amplio trabajo con cinco alternativas. Se adoptó establecer un control integral de la duna para restablecer el equilibrio fisiográfico perdido. Estas obras debían realizarse por la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, ya que son obras de interés general y no son competencia de la Junta de Andalucía, sino de la Administración del Estado.

Sin embargo, cinco meses más tarde, el 7 de julio de 2014, en una nueva sesión de la junta rectora del Parque del Estrecho, se constata que tanto la Demarcación de Costas como la Subdelegación del Gobierno, no sólo no se incorporaron al grupo de trabajo sino que cuestionaron el informe aprobado en la última junta rectora, paralizando la ejecución del proyecto. Acuña se mostró satisfecho con el anuncio de Antonio Sanz y señaló que "ya es hora de que se animen a sumarse al grupo de trabajo" y añadió que "aunque desde la Junta de Andalucía se han venido realizando todos los años diversas actuaciones para reducir el impacto y retirar la arena de la carretera, se trata de mejoras temporales y es necesario acabar definitivamente con el problema".

El delegado recordó que desde Fomento se destinan todos los años 150.000 euros a estas tareas.

Por su parte, el diputado socialista, Salvador de la Encina, trasladará al Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria exigiendo al Gobierno la necesidad urgente de actuaciones que son competencia directas del Ministerio de Medio Ambiente y de Demarcación de Costas en relación a la Duna de Valdevaqueros en Tarifa, ya que el Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral así lo considera, al ser esta una obra de interés general.

La réplica a las declaraciones del PSOE se produjo también ayer por parte del secretario general del PP de Cádiz y diputado autonómico, Antonio Saldaña, quien recomendó al PSOE y a la Junta que, "en vez de polemizar, acepte la mano tendida del Gobierno de Rajoy para dar una solución definitiva a los vecinos de Punta Paloma".

El dirigente popular lamentó la "manipulación interesada" sobre la responsabilidad de cada administración en la problemática de la duna de Valdevaqueros. Además reprochó que "el PSOE trabaje para romper el consenso y buscar falsos culpables para escurrir el bulto y su responsabilidad" sobre la situación que sufren los vecinos de Punta Paloma.

Saldaña le recordó a De la Encina que la carretera de acceso a Punta Paloma es "competencia autonómica", responsabilidad de la Junta de Andalucía, cuyo "Gobierno socialista hace dejación de funciones al no dar solución a los problemas de accesos que sufren los vecinos cuando la arena inunda la vía como consecuencia del viento".

Asimismo, le espetó que el Gobierno mantuvo un compromiso claro con los vecinos de Punta Paloma, recordando que "la competencia de Costa se circunscribe a la regeneración de las playas aprovechando la arena de la duna", y recordó además que el Gobierno ha invertido más de 2 millones de euros en los últimos años, acciones que, sin embargo, no han solucionado el problema que requiere de "una solución integral y conjunta" en la que "no se antepongan las competencias, sino una solución definitiva".