El consejo de guerra al poeta Miguel Hernández origina 85 años después una macrocausa mediática en la Audiencia de Cádiz

José Francisco Baena está dispuesto a sentar en el banquillo de los acusados de los juzgados gaditanos a buena parte de la cúpula mediática de este país para "salvaguardar la memoria de su padre". Su nombre aparece en los estudios que Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante, publicó sobre las causas franquistas que condenaron a Miguel Hernández en 1939. Aquel medio de comunicación, universidad o entidad que se hizo eco de estas investigaciones en 2019 se encuentra ahora representado por su letrado correspondiente en la Audiencia Provincial gaditana y carga sobre sus espaldas una petición de entre 100.000 y 400.000 euros de indemnización.

El demandante, residente en Jerez, solicita alrededor de once millones y medio de euros en total por la "intromisión ilegítima en el honor, así como en la intimidad personal y familiar" de su padre, Antonio Luis Baena Tocón (nacido en Arcos en 1915), por aparecer como parte del entramado judicial que condenó al poeta alicantino Miguel Hernández hace 85 años. Más allá de la animadversión que le provoca el catedrático y sus investigaciones históricas en la que ahora entraremos, José Francisco Baena ha presentado la reclamación judicial contra más de un centenar de personas.

Los demandados

Si estas prosperasen, la Audiencia Provincial gaditana podría ver desfilar por sus pasillos en corto tiempo a conocidos nombres del periodismo español como Soledad Gallego, Antonio García Ferreras, Pedro J. Ramírez, Ignacio Escolar, Cristina Ónega, Albert Sáez o José Manuel Sanz Mingote. Además de a los periodistas que publicaron informaciones sobre el estudio académico de Ríos Carratalá, José Francisco Baena ha presentado demanda contra los directores de estos medios y contra la propia empresa editora o propietaria del medio en cuestión. De este modo, ayer estaban representados en la sala de vistas de los juzgados gaditanos un buen número de conglomerados de comunicación, tanto de prensa en papel y digital, como de radio, televisión y agencias de noticias.

Pero no solo las empresas dedicadas a la información se han visto afectadas por esta demanda, así el Instituto de la Cultura democrática, el Aula de historia y memoria democrática de la Universidad de Valencia, la Universidad de Alicante, Izquierda Unida o UGT tenían ayer a sus representantes togados en la Audiencia gaditana, que dicho sea de paso, no está acostumbrada a encontrarse con una proceso judicial que afecta a más de un centenar de personas y que congrega a más de una treintena de abogados.

En la mañana de este martes se comenzaron a presentar las excepciones procesales dentro del primer día de Audiencia Previa, diligencias que tuvieron que mudarse a la Audiencia Provincial por la falta de espacio en el Juzgado de Primera Instancia número 5, que es realmente el que lleva el caso. "Yo no había visto nunca nada así", comentaba uno de los abogados sobre las demandas a diestro y siniestro que había presentado José Francisco Baena. "Una desproporción absoluta", era otro de los comentarios que algunos letrados reiteraban por las cantidades solicitadas antes de comenzar el proceso.

El proceso judicial

Once millones y medio de euros en peticiones que van desde los 400.000 que le solicitan al autor de la investigación, el mencionado catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, a los 100.000 que le piden por ejemplo a UGT, "culpable" de haber publicado en su web un teletipo con la información del estudio, aunque ninguno de los consultados era capaz de entender bien el rasero utilizado.

La intención mayoritaria de los abogados es la de evitar la vista oral, no porque hubiese oportunidad de un acuerdo entre las partes, que si alguno la contemplaba se derrumbó nada más comenzar la audiencia previa, sino por la celebración de una macrocausa con tantos demandados, los desplazamientos que conllevaría, incluso el posible circo mediático. Esta opción se daría si el proceso se limitase a una deliberación por parte de la jueza de toda la documentación presentada. Sin embargo, fuentes cercanas a la defensa de Ríos Carratalá lamentaban que el demandante parece tener interés en que se llegue a las declaraciones en sala. "Algo que el catedrático estaría encantado, por otra parte, porque es un especialista de esa época histórica y podría estar tres días declarando en sala sobre sus fuentes, aunque procesalmente se opone porque prefiere que todo esto acabe cuanto antes", según las mismas fuentes.

"La demanda es clara y ofrece con exactitud los contenidos ofrecidos por los diferentes medios", según la abogada que sustituía este martes a Mariano García Abascal, defensor de los intereses de José Francisco Baena. El abogado del catedrático, por su parte, manifestaba que Juan Antonio Ríos Carratalá "siempre ha estado dispuesto a rectificar" cualquier dato "siempre que se le presenten fuentes fidedignas" del hecho histórico.

La Fiscalía, por su parte, rechaza los planteamientos de la demanda mientras no se celebre juicio y fijen su posición a la espera del resultado de las pruebas. Un dato que ha quedado claro en la sala de vistas es que los demandados no están dispuestos a "perdonar" sus costas del juicio. "Si le condenan a pagar las costas -en alusión a José Francisco Baena- la factura puede estar entorno al millón de euros", explicaban los abogados, aunque alguno apuntaba a que por la ausencia de propiedades por parte del demandante le terminarían declarando insolvente.

El estudio sobre Miguel Hernández

El origen de todo este proceso judicial es la investigación del catedrático de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Ríos Carratalá, y publicado en el libro Nos vemos en Chicote: imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista, y en el artículo El caso Diego San José, la sombra de Miguel Hernández y el juez humorista en el que sitúa al padre del actual demandante, Antonio Luis Baena Tocón, como secretario del Juzgado Militar de Prensa entre 1939 y 1940 y, por tanto, como parte activa (instructor del caso) en el consejo de guerra que condena al poeta alicantino Miguel Hernández. Toda la argumentación histórica para considerarlo "cooperador necesario", además de en los estudios mencionados, puede seguirse en este enlace en el que, además, cuenta el periplo judicial desde sus inicios con José Francisco Baena.

El demandante, por su parte, tiene un blog específico sobre "Antonio Luis Baena Tocón, el hombre que NO condenó a Miguel Hernández", en el que desarrolla su propia investigación y de paso le deja algunos recaditos al catedrático como "autor de libelos difamatorios". Según su estudio particular, su padre se encontraba haciendo el servicio militar obligatorio (y, por tanto, no era cargo público para "perder su anonimato" en prevalencia de los derechos personales ante el de expresión e información) y sus funciones eran las de secretario judicial, que no suponían una participación activa en los consejos de guerra.

Ante la publicación de la investigación de Juan Antonio Ríos Carratalá por parte de la Universidad de Alicante, el demandante solicitó que desapareciese el nombre de su padre por no ser una 'figura pública'. La entidad accedió a respetar el anonimato con las iniciales, lo que el catedrático recurrió, tal y como explica y detalla en su página web.

Por otra parte, José Francisco Baena solicitó a Google Spain la protección del derecho al olvido de su padre y que suprimiese dieciséis enlaces que contienen información sobre él, pero la Agencia Española de Protección de Datos no le ha dado la razón y el demandante lo tiene recurrido. Todo este proceso ha sido recogido por algunos medios de comunicación que ahora se ven sentados en el banquillo, acusados de divulgar la "información manipulada" y cuyo recorrido judicial se dilucidará en los próximos días. En el caso de que la causa llegue a juicio, este no será antes del mes de octubre tal y como indicó ayer la jueza.