Multa al Consistorio de Arcos por su "inactividad" ante los ruidos de un bar

Arcos/El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condena al Ayuntamiento de Arcos a indemnizar con 80.000 euros a cuatro vecinos por su "total inactividad" ante los ruidos generados por un bar cafetería del pueblo.

La sección primera de la Sala Contencioso Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, reconoce el derecho de estos cuatro afectados a ser indemnizados por la institución municipal con 20.000 euros cada uno, sin costas, por el "daño moral", la "incomodidad" y el "sufrimiento experimentado en sus vidas personales" ante los ruidos ocasionados por la cafetería Bonsay, desde 2011 a 2014. En la actualidad, el establecimiento está cerrado. Ante esta resolución judicial que responde a un recurso de apelación de los cuatro vecinos contra una sentencia del 13 de junio de 2016, que no les dio en un principio la razón, cabe apelación por parte de este Ayuntamiento.

El juez recoge en el escrito que desde el año 2011 "el establecimiento cafetería Bonsay, situado frente a la vivienda de unos y bajo la de los otros, viene sistemáticamente incumpliendo horario de cierre, superando niveles de ruido permitidos, con utilización de televisores, siendo reiteradas las denuncias formuladas sin que el Ayuntamiento haya realizado actuación alguna". Y habla de "la existencia de ruidos excesivos derivados de haber sacado una barra al exterior, donde se permite el consumo de bebidas alcohólicas; la utilización de aparatos de música y televisores a elevado sonido y la falta de respeto del horario de cierre, cerrando formalmente las persianas pero abriéndolas continuamente para permitir la entrada y salida fuera de horarios". Así constan en los informes desfavorables de medición de ruidos de la Diputación y de la Junta de Andalucía efectuados en uno de los domicilio de la calle Costa Rica.

Dice el TSJA que pese a que existió una resolución en 2013 de la Delegación Municipal Urbanismo para que el bar adaptara la actividad a la licencia otorgada o se solicitara una nueva calificación ambiental y otra licencia, hubo después "numerosas denuncias, reiterando los incumplimientos de ruidos". Por ello, el fallo judicial expone que "ha quedado probado la total inactividad durante años del Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias para evitar la utilización de equipos de música y televisiones en el local sin licencia para ello, así como la producción de un exceso de ruido en las viviendas de los apelantes, que ha ocasionado una lesión en su derecho a la intimidad en el domicilio y al desarrollo de la vida en el mismo desprovisto de las injerencias sonoras".

Además de esta resolución , los afectados mantienen abierto un proceso judicial contra el propietario de esta cafetería. "Ha habido más de 300 denuncias y 14 mediciones de ruidos por parte de las administraciones y mandadas por el juez. Esto ha sido una batalla que no se lo puede imaginar nadie", explica Antonio José Troncoso Girón, uno de los vecinos, que narra cómo su madre "ha tenido que marcharse de mi casa en numerosas ocasiones por no poder dormir". Como consecuencia de ello, habla de episodios de estrés, ansiedad y depresión en los afectados. "Otro vecino, aquejado del corazón, ha tenido que irse a vivir a otro sitio por esta pesadilla", añadió. El Ayuntamiento anuncia que estudiará la resolución con su gabinete jurídico. Los hechos se enmarcan durante el gobierno municipal del PP-AIPro, pero llega hasta el actual del PSOE pues los afectados pedirán otra indemnización por el ruido que sufrieron desde 2014 y hasta que cerró el establecimiento, en 2016.