Querulancia

Querulancia: El ansia de pleitear. 2- Una forma de paranoia que lleva a plantear, en forma recurrente e irracional, denuncias y litigios. 3- Tendencia patológica hostil y reivindicativa de los sujetos que se consideran agraviados y sienten que se subestima el perjuicio causado. Es un síntoma de la psicosis reivindicadora.

En diciembre de 2017 un pueblo de 4.400 habitantes, San José del Valle, vivió un pleno absurdo. Una moción de censura, un alcalde que derriba a otro con el voto de un concejal elegido por Izquierda Unida expulsado de Izquierda Unida, y un secretario diciendo que todo eso que estaban haciendo estaba mal. Al secretario, que es el que sabe, ni caso. Cruces de acusaciones y a enfilar el camino al juzgado. Esta misma semana el Supremo -hasta ahí ha llegado el asunto- desestimaba el recurso de una de las partes contra esa moción. Decía el auto: “Inadmisión a trámite por carencia en el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”. Esto, en román paladino, quiere decir ‘señores, no me molesten con esto’. Interés casacional cero.

Mismo pueblo. González vs. García litigan por un cuarto de aperos de 35 metros cuadrados rodeado de casas de autoconstrucción en la conocida como barriada Briole, donde lo de tener papeles es una modernidad superflua. Viva el ‘hágaselo usted mismo’. González y García, alcalde y ex alcalde, del PSOE y del PP, no pueden ni verse. Nuevo pleito abierto para la fiscal de Medio Ambiente, Patricia Navarro, a la que cada año llegan más de un centenar de casos de este cariz en una provincia con 40.000 viviendas ilegales cuyas infracciones, a veces, si la oposición lo considera, salpican al alcalde.

Así le sucedió al ex alcalde de Chipiona, Antonio Peña, que prefirió renunciar al puesto antes que decidir entre tirar la casa de una vecina o verse imputado, el gran dolor de cabeza de un alcalde en nuestros días. Muchas de esas casas se levantaron bajo la gestión de Dolores Reyes, antecesora en el cargo, que hizo la vista gorda mientras la gente ponía ladrillos -lo que le costó una condena de cinco meses de prisión casi doce años después-. Además, Dolores Reyes, fue inhabilitada por practicar el deporte rey de los ayuntamientos de este país: el enchufismo. A ella se le probaron 345 casos.

El caso de Jesús López, ex concejal de Barbate, ex gerente de urbanismo y promotor, fue legendario: el verdadero terror de los juzgados. Se las arregló para presentar él solo cerca de 200 casos en los años 90, la época de Serafín Núñez como alcalde. Irónicamente (o no), López fue condenando por resistencia a la autoridad cuando intentó impedir el desalojo de su vivienda militar en Sevilla, en mayo de 1997.

Querellantes compulsivos

Jesús López sería el antecedente en la estrategia con la que ha irrumpido Vox en el panorama político, apropiándose de la antaño táctica esgrimida por Manos Limpias de disparar contra todo lo que se movía. Vox ha utilizado muy habitualmente los delitos de injurias y calumnias, y de odio, que es el que quiso esgrimir contra Susana Díaz por llamarles machistas, pero también contra el delirante Guillermo Toledo, contra Uxue Barcos, contra la alcaldesa de Girona, contra Teresa Rodríguez y Pablo Echenique, contra Pedro Sánchez... El listado -para cualquiera que tenga curiosidad y la barra de un buscador a mano- podría pasar por un trastorno obsesivo-compulsivo.

Pero Vox, desde luego, no ha inventado nada. La figura de los litigios injustificados (frivolous litigation) se ha importado, como tantas cosas, del modo de hacer de Donald Trump: hasta su toma de posesión como presidente, Donald Trump y sus negocios habían protagonizado un total de 3.500 pleitos en tribunales tanto estatales como federales durante las tres últimas décadas. Una cifra, según sus portavoces, perfectamente normal, teniendo en cuenta la envergadura del grupo empresarial. La cifra supera, sin embargo -según reseñaba USA Today- el número de casos, en conjunto, protagonizados por otros cinco altos nombres del mundo de los negocios. El mensaje: “No te metas conmigo: aunque no lo creas, el sistema me protege”.

“Hemos de pensar que los políticos tienen una serie de indicios para creer que les van a admitir una querella, una denuncia... que lo hacen por tratar de preservar la legalidad -comenta el profesor de Filosofía del Derecho y Política de la Pablo Olavide de Sevilla Rafael Rodríguez Prieto-. Que algunos partidos pueden tratar de utilizar esa vía para darse a conocer, como herramienta de propaganda, no es descartable: te asegura, por ejemplo, presencia en los medios. Pero ante una manifestación así te pueden decir: No, no, que yo realmente creo que se ha vulnerado mi honor, que me han injuriado. Es muy arriesgado. Habría que ir desgranando número de denuncias y resoluciones. Hay muchos partidos y asociaciones que han ido a los tribunales para que se garanticen determinados derechos y lo han conseguido: por ejemplo, 15MpaRato. El afectado podría decir también que lo que quería era hacerse propaganda”.

La cuestión es que los juzgados se han convertido en una estrategia política: hay decenas, cientos de casos, repartidos entre las fiscalías de anticorrupción y medio ambiente, que tienen a políticos de por medio. La memoria de la Fiscalía Anticorrupción del año 2018 ofrece una aproximación. En el año 2017 se produjo un incremento en el número de procedimientos judiciales (609, frente a los 524 del año 2016), y en la incoación de diligencias de investigación de la Fiscalía (39, dos más que el ejercicio anterior). Sin embargo, el número de acusaciones sólo fue de 46. Eso muestra la diferencia entre las denuncias y los casos que al final llegan a término. Eso sí, cuando la Fiscalía actúa no suele fallar. En 2017 obtuvo 33 sentencias condenatorias de 34 dictadas.

Apenas existe ningún alcalde que no tenga cuentas con la justicia. El paso por el municipalismo deja huella. Por ejemplo, del municipalismo vienen los tres cabezas de lista del PP al Congreso por Cádiz, María José García Pelayo, que fue alcaldesa de Jerez, José Ortiz, alcalde de Vejer, e Ignacio Romaní, ex teniente de alcalde en Cádiz. Los tres acuden a las elecciones habiendo pasado o teniendo que pasar por los juzgados. García Pelayo por una rama de la Gurtel relacionada con Fitur, que ya ha sido archivada; Ortiz por una demanda por injurias presentada por su rival socialista Antonio Verdú, y Romaní por el caso de un dinero entregado por Aguas de Cádiz al director de su tesis doctoral.

Otras veces la Justicia deja al descubierto el desconocimiento de los munícipes de conceptos básicos de la gestión. Sólo se explica así que en Los Barrios nada menos que tres alcaldes, Alonso Rojas, Juan Montedeoca y Ángeles Ariza, fueran condenados por lo mismo. Han tenido que hacer frente, con su patrimonio, al agujero de 333,956,33 que arrastra la empresa pública Recaudación Municipal Los Barrios. El libro de contabilidad era un desastre. Cuando jugar a ser político te sale verdaderamente caro.

El alcalde de Cádiz, José María González, un profesor de Secundaria con plaza en Almería que arrebató por sorpresa la alcaldía a Teófila Martínez cuando era un liberado sindical de Educación, se ha aprendido en estos cuatro años de qué trata esto de la política. De ciudadano normal ha pasado a conocer el banquillo mejor que el portero reserva de Oblak. En este tiempo ha sido denunciado por apoyar una manifestación del Metal, por mediar en una disputa entre aficionados en el campo del Cádiz, por no facilitar información al PP, por no haber firmado correctamente un convenio de alumbrado navideño, por no convocar una comisión, por los defectos de forma de los chiringuitos perennes, por ceder el uso de locales del Ayuntamiento... En todo ello ha habido una única condena hasta el momento, por injurias al haber afirmado con cierta bisoñez que el gobierno del PP había envenenado el agua de la barriada de Loreto a sabiendas.

Desde fuentes cercanas al alcalde gaditano interpretan que todo este continuo desfile por los juzgados obedece a un “único interés: imputar al alcalde y su equipo de gobierno, que quede la imagen de entrada en los juzgados. No dedican su tiempo a la política, no dedican su tiempo a hacer propuestas y oposición, sino a poner denuncias infundadas con las que quieren demostrar que a la política sólo pueden dedicarse quienes son políticos profesionales. Tales como ellos. El mensaje es: cuidado no os vamos a dejar pasar una, y vamos a procurar que paguéis por vuestra osadía de querer reemplazarnos a nosotros, los profesionales”.

Felipe Meléndez es un abogado gaditano que ha defendido a políticos de todo el arco ideológico, de IU a PP, y observa el fenómeno como una estrategia política que “sale gratis” y asegura que es cierto que meterse en política es “una actividad de riesgo. Hemos pasado de un intento de politizar la Justicia, lo que no se ha conseguido por la resistencia de la Justicia, a judicializar la política. Poner una querella no cuesta nada y supone una especie de marchamo de autoridad. En una demanda civil, si pierdes, existe el vencimiento, es decir, si te vencen pagas las costas. Si denuncias por dos millones, tienes que pagar el porcentaje correspondiente al dinero por el que has denunciado y que no has podido probar. Eso en penal no ocurre casi nunca. Si un político le pone una querella a otro y se la admiten, que es lo normal porque una admisión no quiere decir otra cosa que el juez ha comprobado que formalmente la querella se ha presentado correctamente, sin entrar en el fondo, te sirve para esgrimirla como un elemento político y, aunque sea falsa, no tendrás que pagar por ello”.

Arma política

Maribel Peinado, ex alcaldesa de Puerto Real, tuvo que abandonar entre lágrimas la política cuando era vicepresidenta de Diputación al ser condenada a dos años y medio de inhabilitación por no haber proporcionado en sus años como alcaldesa información relevante a la oposición. Los denunciantes, la socialista Ana Mosquera y el ecologista Iván Canca , en su declaración ante el juez reconocieron abiertamente que habían utilizado la querella como “arma política”, tal y como argumentaba la defensa de Peinado. El juez asumió este hecho, “pero no obsta a que si se cometió un delito, como entendemos que se cometió, deba ser objeto de sanción penal”. Peinado ha recurrido, pero sea cual sea el resultado la condena política ya se la ha cobrado: tuvo que dimitir.

En el momento en que la querella se presenta puede pasar como con la gallina desplumada. Una vez desplumada, quién es capaz de recoger las plumas. “Así me explicaba un profesor lo que podía significar el delito de injurias. Una vez injuriado ya te has quedado sin plumas. Los casos de ordenación del territorio, por ejemplo, no son como un delito común donde interrogas al que llevaba la navaja y al que se la enseñaron. En una denuncia de este tipo el juez tiene que empezar a llamar a técnicos, estudiarse un PGOU y sin que te hayas dado cuenta has llenado de papeles una habitación y han pasado cuatro años”. Son innumerables los casos, ya olvidados por la opinión pública y que tuvieron su momento de actualidad, que esperan turno para ser resueltos.

Fuentes judiciales reconocen que hay juzgados como los de Barbate, Chiclana o San Fernando que nadie quiere como destino. No le lucirá su labor de juez porque lo único que podrá hacer será ir quitándose papeles de encima. Sobre el caso de Barbate se pronunció el pasado viernes el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en una charla impartida en el Colegio de Abogados de Cádiz:“En Barbate hay una evidente falta de personal. Una juez está allí todos los días trabajando hasta las diez y las once de la noche y lleva así dos meses. Desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche está sola. So-la. A las dos de la tarde, los funcionarios se van”.

De esa lentitud de la Justicia ha sido víctima la ex alcaldesa de Rota, Eva Corrales. Su delito lo cometió siendo delegada de fiestas y su intención era pagar a la mujer de un funcionario que se encargaba de bordar las bandas de las damas para las fiestas del pueblo. Sin duda, su procedimiento fue chapucero. Pero la cárcel le pareció desmesurada hasta para el tribunal que la condenó, que pidió que el Gobierno se apiadara de un castigo excesivo para la materia de la que se trataba. El Goberno no se apiadó. Eva Corrales entró en la cárcel el pasado jueves por algo sucedido hace más de diez años.

Pedro Pacheco aún pena su últimos días, ya hace tiempo en régimen abierto, por sus errores de defensa en un caso de enchufismo tan chapucero que fue malversación, ocurrido cuando hace doce años era delegado de Urbanismo. Pacheco enchufó como alcalde de Jerez, como casi todos los alcaldes, a centenares de vecinos. Mencionar todas las denuncias existentes por esta circunstancia haría este artículo interminable. Pacheco cayó sólo por dos, dos correligionarios de su partido, y se ha comido cinco años de cárcel, cerca de cuatro de puro trullo.

En realidad, el caso de Pacheco es algo más complicado, pero la percepción de la opinión pública es que ha pagado por dos enchufes. Con el agravante de que esos dos enchufes cobraban, pero no trabajaban. Y en el fondo eso es lo que es. Del mismo modo el ex consejero Luciano Alonso colocó a un miembro de su partido de Málaga como director del Centro Andaluz de Flamenco de Jerez. El director ‘fantasma’ del CAFjamás pisó el CAF, no sabía ni dónde estaba ni lo que era. Sin embargo, Alonso, en este caso, sólo fue inhabilitado.

Manuel Arjona, el fiscal anticorrupción que logró la condena para Pacheco, aplica la fórmula aritmética. “En el caso de Pacheco han concurrido una serie de procedimientos sobre procedimientos. Los delitos son los que son, están ahí, han sido probados, y las penas son las que son”, explicaba a este medio. Y, sin duda, su argumento es inapelable.

Pacheco ha pasado el mismo tiempo en la cárcel -la condena es similar en tiempo- que pasará el atracador que tuvo en vilo al barrio de La Laguna de Cádiz el pasado verano. El atracador tuvo que esperar unos meses para ser sentenciado y obtuvo atenuante de drogadicción. Cualquier político tiene que esperar años para que se vea su caso y, si es condenado, pagar por lo que hizo la persona que él era diez años atrás. En el caso de Quality Food, que ahora se juzga, los hechos se produjeron hace 14 años.

José Antonio Barroso, ex alcalde de Puerto Real, miembro de una generación de alcaldes que ostentó el cargo con el enorme poder que les daban holgadas mayorías en los 90 y que actuaban con sensación de impunidad, se libró de la cárcel de milagro y eso que admite que cometió el delito: “Empleé el dinero del Plan Zapatero, que era un plan inútil, para cosas más necesarias. El juez vio la prioridad de la caja única. No me llevé nada”. Por algo parecido fue a la cárcel la ex alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez. El juez no interpretó lo mismo que el juez de Barroso. “El crimen y castigo de los alcaldes. No habla muy bien de nuestra Justicia enviar a la cárcel a gente que no se ha llevado un duro”, reflexiona Barroso.

Felipe Meléndez piensa que los jueces aplican correctamente la ley, pero al mismo tiempo plantea que, a veces, “aplicar la ley no es sinónimo de administrar justicia, pero en los casos de políticos estas condenas generan satisfacción en un ciudadano que, tras la crisis, ha cambiado de mentalidad. La época que juzgamos ahora, por la lentitud de los procesos, nos lleva a hechos en los que no existía lo que llamamos conciencia de antijuricidad”.