Teófila llama "fascista" al alcalde de Cádiz

Cádiz/El guion del desarrollo de la política municipal en Cádiz podría interesar a cualquier productora de relevancia para crear una serie al estilo de House of cards. Como si fuera el final de una temporada, un giro inesperado a última hora propició ayer que el debate sobre la posible paralización de la remunicipalización de los servicios de playas quedase aplazada en la Junta General de Cádiz 2000.

La decisión de dejar sobre la mesa este asunto, que la tomó el alcalde, José María González Santos, cogió con el pie cambiado al PP, que había solicitado la convocatoria de esta sesión. Una de las broncas más agrias que se recuerda en el Salón de Plenos acabó con la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, llamando "cacique" y "fascista" al regidor de Por Cádiz sí se puede. Una actuación que nada tiene que ver con lo que debe ser un debate democrático.

La determinación de suspender el Pleno la tomó González Santos al hacer suya la petición que realizó el portavoz del PSOE, Fran González, a Ignacio Romaní (PP) para que retirara del orden del día tanto este punto sobre la detención del proceso de internalización como otro en el que se iba a estudiar la posibilidad de emprender acciones legales de reclamación patrimonial contra el presidente de la sociedad municipal, Álvaro de la Fuente, por haber tomado diferentes decisiones sin contar con el visto bueno ni del Consejo de Administración ni de la Junta General.

La intención de esta petición era que se tomara la decisión final en virtud de dos informes que habían sido encargados en esta misma sesión. Con el primero de ellos se pretendía que el jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento se pronunciase sobre la situación en la que quedan los trabajadores que han sido subrogados si se tuvieran que volver a licitar los contratos que han sido rescatados. Por su parte, en el segundo se solicitaba a la Intervención y a la Tesorería del Consistorio que certificasen que se ha realizado una transferencia de crédito a Cádiz 2000 para poder asumir las obligaciones por las prestaciones que ya está desarrollando esta entidad municipal. Ambos puntos fueron aprobados con el voto a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, y la negativa del equipo de Gobierno por considerar que existía subjetividad en la literalidad de las propuestas.

A partir de aquí, llegó la bronca. Pero para entender lo que sucedió, primero hay que tener en cuenta lo que pasó al inicio de la sesión. La Junta General de Cádiz 2000 que se había convocado para la jornada de ayer se celebró a petición del PP. En el orden del día propuesto por los populares, primero se iba a debatir la paralización de la remunicipalización para tratar posteriormente el tema de los informes y, por último, el asunto de las posibles acciones legales contra De la Fuente. Sin embargo, el PSOE solicitó que se invirtiera el orden del día y primero se debatiera las dos solicitudes de informes para luego tratar la suspensión del rescate de los servicios externalizados, contando con la aceptación de la Presidencia.

Esta jugada le vino bien al alcalde para propiciar posteriormente el aplazamiento de la sesión. De hecho, aunque lo que se votara iba a tener incidencia en la gestión del Ayuntamiento, toda la atención estaba centrada en lo que iba a hacer el PSOE, ya que siempre se mostró favorable a la remunicipalización, aunque se ha mostrado crítico sobre cómo se estaban realizando los trámites por parte del equipo de Gobierno. Su abstención en el Consejo de Administración al que el PP también llevó la suspensión del procedimiento ya hizo dudar de su implicación. En la Junta General estaba obligado a votar en contra de la paralización para que no se diera marcha atrás a los trámites ya realizados, por lo que tenía que mojarse. Y al final, el PSOE salió airoso con esta maniobra, lo que permitió una nueva patada hacia delante.

Fran González, al que todos miraban por el sentido final del voto socialista, se lo dejó claro a Ignacio Romaní cuando le dijo que "condicionamos paralizar la municipalización a tener estos informes", recalcándole que esta decisión no se iba a tomar ayer. "Seremos consecuentes", le espetó el socialista para convencerle de que si vieran en estos estudios las presuntas irregularidades, apoyarían su suspensión siempre que se salvaguardara la situación de los trabajadores. A esto, el popular le contestó que la obligación de los miembros de la Junta de Cádiz 2000 es "parar un proceso que sabemos que se está haciendo mal".

Con este caldo de cultivo, y tras votarse la solicitud del segundo informe a Intervención y Tesorería, el alcalde se agarró a la petición del PSOE y al artículo 64 del ROM para dejar sobre la mesa el asunto de la paralización de la internalización mientras que no se realicen los citados estudios.

Esta determinación enervó tanto al portavoz popular, Ignacio Romaní, como a la exalcaldesa de Cádiz, Téófila Martínez. Romaní calificó como "una burrada" la actuación del regidor municipal y le acusó de "estar intentando evitar que los consejeros de una sociedad hablen de irregularidades de una empresa". Ante esto, la presión pasó a la secretaria municipal, que, en virtud de los estatutos de Cádiz 2000 y del ROM, no vio ningún inconveniente en el aplazamiento.

"No intente huir. Me parece muy cobarde su postura", sentenció Romaní al dar el primer edil por finalizada la sesión. La discusión entre las partes acabó en mitad del Salón de Plenos con Martínez llamando "cacique" y "fascista" a González Santos. El epílogo a este capítulo fue la petición por parte del PP de una nueva convocatoria con carácter de urgencia y un informe a la Secretaría General sobre lo sucedido.