Amplio apoyo a los guardias civiles que sobrevivieron al ataque de la narcolancha en Barbate

Familiares de los guardias civiles asesinados y supervivientes de los sucesos ocurridos el 9 de febrero en el interior del puerto de Barbate, han arropado, con su presencia a los cuatro agentes que hoy prestan declaración en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barbate.

Sandra Fernández, portavoz de la Asociación de Familiares Nuestro Corazón por Bandera, ha manifestado que “estamos aquí para darle apoyo a los compañeros que ese día pasaron uno de los peores días de su vida, a que ellos se sientas arropados, y confiar en que se esclarezca las cosas como fueron, como pasaron, que los que tienen responsabilidades las asuman, y que todo se aclare”.

Fernández, ha explicado a las puertas del juzgado barbateño que “su asociación no está personada en la causa, nosotros estamos apoyando, somos familiares y simpatizantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y estamos apoyándolos y reivindicando la carencia de medios que tienen, la situación actual que viven de desprotección y de inseguridad cuando ellos salen a trabajar”.

En su opinión, “esto tiene que parar ya porque no pueden seguir realizando esta terea de seguridad ciudadana de la que todos nos beneficiamos, en las condiciones en la que lo hacen”. Sandra Fernández asegura que están en contacto con las asociaciones que se han personado en la causa, ya que “al final tenemos muchos puntos de reivindicaciones en común, y estamos trabajando de la mano en ese sentido”.

Esta portavoz, tras oír las declaraciones del general y jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, quien aseguró que no hubo errores en el operativo de aquella noche, ha manifestado que “se ha visto que fue improvisado, que fue en pocas horas, que esas narcolanchas estaban allí desde hacía tiempo, y que en ese momento se decidió iniciar ese operativo, entonces, las personas que dieron la orden tienen que aclarar qué pasó, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron, ya que de ahí se derivó la operación y se metieron al agua porque se les ordenó”. 

Según ha expuesto, esas personas “tienen que asumir sus responsabilidades, cuando una persona tiene una responsabilidad, no solo es para que se les hagan fotografías y les pongan medallas, y cobren su sueldo, es una responsabilidad con respecto a las órdenes que dan, y hay que aclarar lo que pasó”.

En esta declaración se investigan posibles responsabilidades penales de los mandos de la Guardia Civil que ordenaron el operativo en el que murieron dos agentes, según ha informado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Junto a ellos, el juez pretende tomar declaración al capitán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que estaba en el puerto, y que transmitió a los mandos superiores la situación que es estaba viviendo en este recinto portuario, donde varias narcolanchas estaban refugiadas del temporal, y que recibió las órdenes de actuar. Las diligencias se abrieron tras una denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) a la que se ha sumado el sindicato Justicia para la Guardia Civil (Jucil).

La AUGC interpuso esta denuncia por considerar que los mandos de la Guardia Civil de Andalucía y Cádiz responsables del operativo sometieron a los guardias civiles en el operativo de Barbate a un riesgo evidente, con medios muy inferiores a los que tenían los narcos.

Este "grave suceso ha de tener responsables, tanto para los narcotraficantes como a nivel interno".

El Juzgado de Primera Instrucción Número 2 de Barbate instruye por un lado las diligencias para detener a la tripulación de la narcolancha que acometió la embestida, cuyo piloto está supuestamente huido en Marruecos, mientras que otro juzgado instruye el sumario para determinar si los mandos de la Guardia Civil que ordenaron el operativo cometieron alguna responsabilidad penal.

El pasado mes de mayo el juzgado rechazó la petición de la Fiscalía de archivar las diligencias abiertas para depurar posibles responsabilidades penales de los mandos y pidió su identificación.

Este juzgado también acordó incorporar a los autos las declaraciones prestadas ante el juzgado por los guardias civiles supervivientes, que viajaban con los dos agentes que resultaron fallecidos, en la neumática que sufrió las embestidas de las narcolanchas en el puerto de Barbate cuando iban a identificar a sus tripulantes.

En aquellas declaraciones "manifestaron las inaceptables condiciones de seguridad y de falta de medios" con las que se enfrentaron a las narcolanchas, según informó entonces la AUGC.

La Asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) también se sumó a las acusaciones y denunció por un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves al general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y al coronel jefe de la Comandancia de Cádiz como responsables de aquel operativo, en el que murieron los agentes Miguel Ángel González y David Pérez.