Las bajas por salud mental aumentan y ponen en riesgo a las pymes de Cádiz

Cádiz/El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha realizado un análisis detallado de los datos sobre la incapacidad temporal (IT), las tendencias observadas y las graves implicaciones para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 90% del tejido empresarial de la provincia, tomando como base el periodo de enero a septiembre de 2024.

Durante este periodo que ha sido objeto del estudio se registraron 36,44 bajas por cada 100 trabajadores, con un incremento del 5,93% respecto al mismo periodo de 2023. Este aumento responde principalmente al crecimiento en la incidencia de las bajas por contingencia común, que han subido un 7,26%, mientras que las bajas por contingencia profesional han disminuido un 6,71%. Además, el índice de IT, que mide los días de baja por cada 100 días cotizados, se ha incrementado un 11,32%, alcanzando 5,31 días de baja. Este crecimiento se asocia a la mayor duración y frecuencia de las bajas por enfermedad común, especialmente en casos vinculados a la salud mental.

Los datos se han analizado igualmente partiendo de 2023; aunque la incidencia media de bajas disminuyó un 22,90% en comparación con 2022, ciertos indicadores sí registraron aumentos. Entre ellos, destaca el incremento del índice de IT en un 2,11%, situándose en 4,84 días por cada 100 días cotizados. Las bajas por patologías respiratorias e infecciosas también experimentaron un repunte alarmante en diciembre, con 20.000 bajas adicionales respecto al mes anterior.

El impacto de estas cifras en las pymes de la provincia de Cádiz es muy importante, según la valoración realizada por estos profesionales del Orden Social y Laboral. Este sector empresarial por número de empleados, que constituye el motor económico y generador de empleo en la provincia, se enfrenta a graves dificultades para gestionar los costes derivados de las bajas prolongadas, especialmente en casos de salud mental, donde algunos procesos alcanzan duraciones cercanas al año. Estas ausencias prolongadas no solo incrementan los costes directos por sustituciones o pérdidas de productividad, sino que también agravan la carga administrativa para las empresas, muchas de las cuales carecen de recursos especializados para gestionar estas situaciones.

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández, ha señalado que “el incremento de las bajas laborales y su duración media representa un desafío crítico para las pymes de nuestra provincia, que ya lidian con un contexto económico complejo. Desde el colegio, consideramos imprescindible trabajar en soluciones conjuntas que permitan aliviar esta carga y garantizar que el sistema de incapacidad temporal sea más eficiente y equilibrado”.

Fernández también ha subrayado la necesidad de mejorar los procesos relacionados con las bajas por enfermedad común, particularmente en el ámbito de la salud mental, donde los tiempos de espera para diagnósticos especializados agravan la situación. “La colaboración con las instituciones sanitarias y laborales será clave para encontrar soluciones prácticas que beneficien tanto a las empresas como a los trabajadores”, ha añadido.

El colegio reitera su compromiso con las pymes de la provincia y su disposición para liderar iniciativas que fomenten un entorno laboral más sostenible y justo. En este sentido, se hace un llamamiento a las administraciones públicas para establecer mesas de trabajo conjuntas que permitan diseñar políticas adaptadas a las necesidades del tejido empresarial gaditano y garanticen la protección de los derechos laborales en un marco de sostenibilidad económica.

Esta valoración reafirma la preocupación del colectivo de graduados sociales, “como médicos de cabecera de las pymes” –como define su presidente– por el impacto de la incapacidad temporal en la provincia y su determinación de impulsar un diálogo constructivo para afrontar estos desafíos de manera eficaz y equitativa.

José Blas Fernández considera que “el absentismo no puede servir para convertir derechos sociales en privilegios mal justificados”. “El absentismo, cuando se deriva de prácticas abusivas o del conocido absentismo del caradura, impacta de manera desproporcionada en las pymes, que no cuentan con los recursos financieros o humanos para asumir estos sobre costes de manera continuada”, afirma el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta.

"El absentismo no puede servir para convertir derechos sociales en privilegios mal justificados”

El presidente también menciona situaciones que, aunque extremas, son representativas del abuso del sistema. “Casos de trabajadores que buscan permisos por circunstancias personales inverosímiles, aunque son casos anecdóticos, ilustran cómo algunas personas intentan aprovecharse de los derechos sociales y convertirlos en privilegios mal justificados. Esto no solo desvirtúa el espíritu de protección del sistema, sino que crea un coste desmedido para las empresas, especialmente en el caso de las bajas por enfermedad común y cuidados familiares, donde se concentra el mayor nivel de fraude”.

Según la ley, los tres primeros días de baja suelen recaer exclusivamente sobre las empresas, como sucede en la mayoría de los convenios colectivos, agravando aún más el impacto económico en las pymes. “El sistema sanitario, sobrecargado, a menudo facilita estas bajas sin la debida supervisión, convirtiéndose en un soporte para el absentismo de corta duración. La falta de recursos para inspeccionar estas prácticas deja a los empresarios indefensos frente a un sistema que no siempre vela por el equilibrio entre derechos y obligaciones”, añade el presidente. “La tardanza en las intervenciones quirúrgicas y citas de especialistas, las prolongadas listas de espera, mientras no son revisadas o intervenidas, permanecen de baja por IT y ello suponen bajas de largo plazo que impactan igualmente en la empresas”.

El impacto del absentismo no se limita a la economía interna de las empresas, sino que, según el presidente, “erosiona la capacidad de las empresas para competir, debilitando los márgenes y comprometiendo la sostenibilidad del tejido empresarial”. Además, señala que las empresas se enfrentan un dilema creciente: asumir los costes de estas prebendas o arriesgarse a perder su viabilidad. “En un entorno donde las empresas no pueden trasladar estos costes a los precios de sus productos o servicios, los márgenes se reducen y, con ello, la posibilidad de seguir generando empleo y contribuyendo al estado de bienestar. No se puede tomar derechos sociales y convertirlos en privilegios mal justificados”.