Las buenas amistades de Quique Faura

Enrique Faura, administrador único de la sociedad Sherry Mirador, "=""> es un viejo conocido de los juzgados malagueños. Se crió empresarialmente en los años del desaforado ladrillo en la comarca de la Axarquía malagueña. A principios de los años 90 Faura era un joven concejal en Vélez Málaga por un partido independiente llamado Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar. Allí conoció a los dos personajes que le marcarían su futuro profesional. Uno fue un político, Francisco Delgado Bonilla, muyvinculado a Javier Arenas, alcalde de Vélez durante veinte años y controlador absoluto del PP local. Faura se casó con su hermana y, posteriormente, contrató como comercial de su inmobiliaria al hermano del alcalde. El otro personaje es Jesús Ruiz Casado, el ingeniero soriano que empezó el despegue de su inmobiliaria, Aifos, en la Costa del Sol y al que Faura conoció a través de Delgado Bonilla. Ruiz Casado, que compartió banquillo con Isabel Pantoja y Julián Muñoz y fue condenado en el marco de la Operación Malaya de Marbella, fue compañero de algunas aventuras inmobiliarias de Faura e incluso llegaron a compartir la propiedad de la televisión local de Vélez Málaga, gracias a la licencia que les había otorgado el Ayuntamiento, cuyo alcalde era Delgado Bonilla.

Durante los años de la burbuja Ruiz Casado vendió miles de viviendas sobre plano. El dinero que los compradores entregaban a cuenta de la futura vivienda era utilizado para adquirir nuevos terrenos para construir en terrenos sin licencia o que directamente no eran urbanizables y necesitaban de una recalificación. Faura montó Mirador, que actuaría con la misma política comercial agresiva que Aifos en unos años en que la demanda no paraba de crecer. Ambas promotoras, Aifos y Mirador (a más pequeña escala), son un buen ejemplo de por qué estalló la burbuja y debería ser una enseñanza para el nuevo boom que está experimentando el ladrillo.

Faura acabó siendo conocido en la Costa del Sol por las innumerables denuncias que recibía su promotora por vender casas que no construía. En 2008, en pleno estallido del sector, Faura tenía promociones en Rincón de la Victoria, Málaga, Vélez, Fuengirola o Benalmádena... y 400 familias que habían pagado por pisos que no habían recibido.

En 2014 fue condenado a cuatro años de cárcel por el Tribunal Supremo, aumentando en dos años una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que había sido recurrida por Faura. Se le acusaba de apropiación indebida por haberse quedado con 400.000 euros entregados por una docena de compradores de viviendas en una promoción de Vélez que se llamó Mirador de la Fortaleza que ni siquiera contaba con licencia municipal. En aquella ocasión el alcalde, su cuñado, se desmarcó de los negocios de Faura: “Si Quique (por Enrique Faura) se ha quedado con el dinero y no lo da, es un problema suyo, no del Ayuntamiento”.

También fue muy sonada su alianza con el juez malagueño Juan de Dios Anguita, titular del juzgado de primera instancia número 4 de Málaga en la primera década del siglo. Aparte de juez, Anguita era promotor inmobiliario al 50% en la sociedad Pantié. El otro 50% era de su mujer. Faura y Anguita se aliaron para invertir en unos terrenos propiedad de Pantié, el Cortijo Jurado, una finca en la barriada malagueña de Campanillas sobre el que pesa la leyenda negra de ser un sitio embrujado y que tiene mucho éxito entre los turistas de lo paranormal. La idea era levantar un hotel de lujo que nunca se construyó. El juez fue inhabilitado dos años por sus malabarismos en los negocios y no inhibirse en causas que afectaban a su esposa. Aquella asociación acabó de mala manera.

Uno de los últimos juicios contra Faura se celebró en 2021 por hechos ocurridos en 2005. Una vez más era una urbanización vendida sobre plano en el municipio Fuente de Piedra y que no se construyó. En esta ocasión los afectados eran casi todos ingleses. “Muchos de mis clientes afectados son británicos y no van a poder venir al juicio. Hace 16 años que compraron esto. Ellos no se pueden creer que la Justicia española sea tan lenta”, explicaba la abogada de los afectados, Patricia Morales. A raíz de este caso, en la Costa del Sol se ha llegado a formar una asociación de damnificados que se dedica a defender a sus paisanos británicos de las posibles estafas de las promotoras españolas.