Cacerolada de los funcionarios de Justicia en Cádiz
El Ministerio de Justicia ha citado este martes a los sindicatos, que reivindican subidas salariales como las concedidas a jueces, fiscales y LAJ
La huelga judicial impide celebrar 9 de cada 10 juicios, según los convocantes
El 30% de los juicios señalados el año pasado en Cádiz se suspendió
Cádiz/Dos semanas después de que los funcionarios de la administración de Justicia iniciaran una huelga indefinida y tras numerosas jornadas de paros y protestas, el Ministerio de Justicia ha citado este martes a los sindicatos, que reivindican subidas salariales como las concedidas a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los jueces y los fiscales.
La cita, que empezó a las 12:30 y se prolongó durante horas, fue convocada después de que los sindicatos anunciaran su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra y el secretario de Estado de Justicia, Pilar Llop y Tontxu Rodríguez, por no reunirse con el comité de huelga.
Antes de la reunión, los funcionarios de Justicia de la provincia llevaron una cabo una cacerolada como acción de protesta desde la Subdelegación del Gobierno en Cádiz hasta la sede del PSOE, ubicada en la calle Ancha esquina con la Plaza San Antonio.
A última hora de este martes, sindicatos y Gobierno no habían llegado a un acuerdo. De ahí que los representantes de los funcionarios de Justicia afearan al departamento que dirige Pilar Llop que no les presentara ninguna oferta económica susceptible de ser aprobada. El Ministerio, explicaron, ofreció “solamente el compromiso de negociación del reconocimiento de funciones con incremento retributivo” con el nuevo Gobierno después de las elecciones generales del 23 de julio y no puso sobre la mesa ninguna propuesta de incremento salarial. Así, los sindicatos Staj, Csif, Comisiones Obreras y UGT reiteraron sus demandas retributivas al Ministerio.
Tras los acuerdos alcanzados con Letrados de la Administración de Justicia y con jueces y fiscales, los funcionarios exigen mejoras salariales de entre 350 y 430 euros.
Con las Cortes Generales disueltas, a partir de ahora ya no se puede aprobar ninguna norma con rango de ley y, por tanto, tampoco la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), cuya negociación es una de las reivindicaciones de los huelguistas.
No obstante, el comité de huelga pidió el “compromiso de negociar cualquier nueva ley que, como la LOEO, plantee modificaciones que afecten a las condiciones de trabajo” de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia.
Cerca de las diez de la noche de este martes, el comité de huelga permanecía en el Ministerio de Justicia en espera de que el secretario Tontxu Rodríguez volviese a la mesa de negociación que, según aseguraron los convocantes de las movilizaciones, abandonó de forma abrupta tras negarse a negociar las propuestas sindicales.
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