La libertad de no escoger

En Cádiz capital, Columela, Drago, Alberti y San Severiano afrontan el cierre de varias líneas en Bachillerato; el CEIP La Inmaculada, una de Infantil. Desde la Delegación de Educación, manifiestan que aún estamos en pleno proceso de matrículas y que no hay nada definitivo. La estructura de unidades de Infantil y Primaria se conocerá esta semana, y la de ESO y Bachillerato, en septiembre. Sin embargo, para los centros afectados, a juzgar por la actitud de la administración, el desbroce es seguro.

El desmantelamiento del sistema público –que viene de largo, advierten– tiene en esta reducción de alumnado unos objetivos claros: por un lado, un próximo concierto generalizado de todo el Bachillerato; y por otro, a largo plazo, minimizar la educación pública a una opción para quien no tenga otro remedio.

“Creería que lo de este año no obedece a una estrategia si, por ejemplo, se hubiera esperado hasta septiembre para estimar las líneas –comenta Lola, portavoz de la Coordinadora de la Escuela Pública y presidenta del AMPA del Columela–. Si hubiese igualdad de oportunidades de acceso. A la escuela pública le quitan y reunifican unidades todos los cursos y, a la concertada, que ni el viento la toque. Mi conclusión a esto es que, quien debería guardarme, no lo hace”.

“El primer paso para iniciar nuevos conciertos es eliminar líneas en la pública y crear una necesidad – comenta Susi de León, de la Junta de Personal Docente no Universitario–. El responsable del Servicio de Planificación, Joaquín Mateo, nos prometió que, en todos los centros con solicitudes, se crearían las líneas necesarias. No sólo esto no es así, sino que las cierra. Por eso pedimos su dimisión”.

La Junta de Personal presentó estos días un escrito y recogida de firmas en los que se exigía a Educación respuestas ante el futuro de estos centros y el de otros de la provincia (Almirante Laulhé, El Juncal, San Francisco en Arcos) y la dimisión de Joaquín Mateos –que está realizando, según el delegado provincial, Miguel Andreu, una labor “acertada y compleja”–.

“Cuando se intentó cerrar una línea en San Vicente, se hizo valer el derecho y la libertad de esos padres –comenta Susi–. ¿Y la de los padres del barrio de Casines, en Puerto Real, que ven agotadas las plazas del colegio que les corresponde? ¿Y la de los 22 alumnos y sus familias que se han quedado fuera en San Severiano?”.

David, portavoz de las familias del CEIP La Inmaculada, recuerda que la proporción de centros en la zona de Extramuros en Cádiz es de un 70% de concertados frente a un 30% de públicos: “Esto va en contra de cualquier Ley Orgánica de Educación –indica–. Si hay que reducir la ratio, que sea algo proporcional para todos”.

“Desde Educación –añade Lola–, se debería hacer valer la condición especial de la ciudad de Cádiz: que se convierta en un proyecto piloto por sus circunstancias. La realidad es que con la Delegación de Educación ni siquiera hay enfrentamiento: las órdenes vienen de Sevilla. Pues a ver con quién hablamos”.

En el IES San Severiano lo tienen claro: con Sevilla. El instituto contaba con dos líneas para 22 promocionados, más repetidores y nuevos admitidos. Llegaron 34 solicitudes: sólo han pasado doce. Veintidós familias se han quedado sin plaza. A once de estos alumnos los han reasignado aleatoriamente, sin tener en cuenta siquiera criterios de proximidad. “Pedimos que, al menos, dejarán la opción de líneas abiertas hasta septiembre –comenta Margarita Martínez, del AMPA–, pero nos dijeron que eso eran futuribles: que había una línea y estaba completa. El delegado, en sí, no ha hablado con las familias”. Ante este escenario, los portavoces del centro han acudido a hablar con el alcalde de la ciudad,José María González, que se ha ofrecido a interceder en Sevilla, junto a representantes de los afectados. San Severiano también ha pedido ayuda al Defensor del Pueblo Andaluz y al Defensor del Menor.

El IES Drago, en los últimos años, ha acogido tres líneas de Bachillerato. Este, año serán dos. “Había un criterio de respetar ese fondo que nos favorecía, porque rehuía la masificación –comenta Pepe Guillén, del AMPA del centro–. Para nosotros, el dar a conocer el cierre de líneas ahora es una decisión política: ya habrá gente que renuncie a meter a sus hijos si se enfrenta a la incertidumbre o a una clase masificada. Es una política de hechos consumados”. El portavoz subraya no tener nada contra la educación concertada "pero en igualdad de opciones: una cosa es que la administración amplíe el convenio y, otra muy distinta es que, además, te cargues la pública”.

El CEIS La Inmaculada ha perdido una de sus dos líneas de infantil (de 25 alumnos cada una), ya que actualmente sólo cuentan con 24 solicitudes. Todos a una clase, aunque la ratio máxima recomendada es de veinte. Esto no ha sido así otros años, ni lo es (todavía) en otros centros públicos, e incluso hay casos en la capital como el de San Felipe (concertado), que ha llegado a aumentar en una línea su oferta de Infantil –señalan– pasando a cuatro y bajando la ratio a veinte alumnos. En La Inmaculada tienen constancia de que hay padres que quieren matricular a sus hijos, pero que ya se han quedado fuera, con hermanos repartidos en distintos centros. El colegio ha presentado un recurso de alzada a la resolución de la Delegación Provincial: “El AMPA se reunió con Educación, pero no dieron ninguna explicación. La decisión parecía ya tomada y sin vuelta atrás. No existe un mínimo por el cual cerrar una línea –continúa David, portavoz de las familias del CEIP La Inmaculada–. Hay muchos colegios abiertos con doce alumnos, que sería el nuestro”.

En el IES Alberti, el cierre afectaría a una línea de segundo de Bachillerato. “Hay tres alumnos pendientes de septiembre pero no se los ha considerado: no los suman hasta entonces –comenta Patricia, la portavoz –. ¿Cómo vas a matricular a tu hijo en primero de Bachillerato si lo mismo luego no sabes qué va a pasar, o si podrá seguir estudiando la opción que quiere?”.

Menos líneas, menos profesorado, menos asignaturas, menos recursos, menos ayudas. Y una opción mucho menos atractiva ante padres y alumnos, ya que optativas como Dibujo Técnico, Latín o Griego pueden verse eliminadas.

El concierto educativo surgió de la necesidad de aumentar oferta y plazas en las épocas de bonanza demográfica. “También se podían haber planteado otras soluciones –apunta Susi de León–, pero no se hizo”. La educación concertada tenía, en principio, una naturaleza subsidiaria de la pública, pero “ha terminado siendo al revés: quien no puede acceder a la concertada, recurre a la pública”, corrobora David, desde La Inmaculada. Manuel Holgado, como representante de la plataforma andaluza de Escuelas Católicas, niega la mayor: “La educación concertada de los bachilleratos aparece en los años setenta, procedente de antiguas filiales: la concertada no es una educación subsidiaria de la pública y forma parte del sistema educativo andaluz. Y no está para cubrir las necesidades del sistema, sino para ofertar una educación distinta y plural –explica–. El principio no es que la concertada sea subsidiaria, sino que forma parte del mismo sistema, porque lo dice la Constitución”.

“El Tribunal Constitucional –añaden desde la Delegación Provincial– establece que las dos redes son complementarias y no subsidiarias, y califica esta relación como red dual”. En los últimos seis años, añaden desde la administración, la escuela pública en Andalucía ha aumentado en 608 unidades y la concertada, en 26. Y, “en lo que respecta a enseñanzas obligatorias e Infantil, la pública ha aumentado en 163 unidades y la concertada ha perdido 29”.

“Que se cierre una unidad pública es una pérdida para el sistema educativo –puntualiza Holgado–, es algo que no le gusta a nadie. Pero la administración cierra los centros en función de que esos centros tengan o no tengan matrículas”. “En algunos territorios, la demanda de escuelas concertadas es mayor –coinciden desde Educación– y, por tanto, no hay alumnos suficientes en la red para el mantenimiento de líneas cuya titularidad corresponde a la administración”.

Y, ¿casos como el de San Severiano? Holgado se acoge a la demanda: “Si un centro concertado no tuviera matrículas, perdería la unidad igualmente. El baremo lo marca Educación”. Rechaza la noción de competencia desleal: "Si alguien entiende que abrir a la opinión pública una oferta educativa es competencia desleal, también la administración ha hecho una oferta. Es la voluntad de la familia y alumnos, que deciden optar por un centro u otro”.

“Lo que siento es que quien debería velar por mí, no lo hace”, insiste al respecto Lola. “La administración ha de velar por los recursos públicos y está incumpliendo su función –señala Susi de León–. El panorama va a ir a peor, y ya se habla de huelga y otoño caliente de movilizaciones".

Competencia desleal.

“Si sólo miras el envoltorio –indica David–, las infraestructuras, lucen mucho más en los concertados. Eso influye mucho en la elección. En un centro público, los recortes se ven a la legua, pero la calidad real de la enseñanza no tiene nada que ver con un concertado”.

“La pública es la única que vela por las necesidades especiales –explica Lola–. Este año, se han intentado desviar algunos de estos alumnos a la concertada pero, cuando han llegado, los han echado: les han dicho que van a tener que pagar un extra y que se lo piensen. Cuando ellos se llevan el mismo dinero que el sistema público para tener a personal cualificado. Por supuesto que reciben la subvención pertinente, pero no se lo gastan en eso”.

“No sólo es que no se haga publicidad de los centros públicos –prosigue la portavoz de la Coordinadora de la Escuela Pública–, sino que la administración la hace de los concertados”. Todos ponen como ejemplo al colegio Adolfo de Castro: con programas “maravillosos en educación musical y premios del Ministerio y con el mejor profesorado que hay”. “Lo suyo podría entrar casi en malversación de fondos, porque se está desperdiciando el dinero público”, añade Susi. Los alumnos de la zona van al Amor de Dios. “Socialmente, a la gente del barrio, que ve que ha mejorado, les sería extraño mandar a sus hijos al mismo colegio que habían ido ellos, con el recuerdo que tienen de él”, explica Pepe Guillén.

El gran temor en la pública es que lo que se atisba sea el primer paso hacia un concierto generalizado del Bachillerato. “No lo creo –apunta Holgado–. Hay muchos centros que llevan solicitando el concierto décadas, todos los años, y la administración nunca se lo ha dado”. La aprensión, sin embargo, está ya extendida porque la actuación podría ser, haber sido, distinta. “Se podría aprovechar que no estamos masificados para mejorar la calidad de la enseñanza bajando la ratio –comenta Susi–. Haciendo grupos heterogéneos. Invirtiendo en las zonas complejas con más profesorado y horas de proyecto. No, vamos a empeorar las condiciones. Y a desmantelar”.

Un posible espejo en el que mirarse es Portugal, donde se han reducido los conciertos a la mitad y se han desarrollado centros integrados: “Pienso que una de las claves para los padres a la hora de escoger concertada es el cambio de centro a los trece años –explica Lola–. Existe el proyecto de una Ciudad de la Educación en lo que era la antigua Institución Provincial: un centro único donde cursar de Infantil hasta segundo de Bachillerato. Opciones y recursos hay si sabemos gestionar el dinero”.

“Con la existencia de un centro integrado –corrobora Pepe Guillén–, al menos todo estaría un poco más equilibrado. La única opción para la publica no es quitar la concertada. Pienso que habría que haber apostado por ella sin necesidad de quitarle nada a la concertada”.

“Bueno, aún no sabemos siquiera cuáles serán los presupuestos, no sabemos cuánto dinero va a ir a la pública –dice Lola–. Pero una cosa es segura: los concertados tendrán aire acondicionado”.