Comienza en Cádiz el mediático juicio originado por un estudio de Miguel Hernández

Cádiz/La Audiencia Provincial de Cádiz acoge a partir de este lunes un juicio por la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de Antonio Luis Baena Tocón, un arcense que aparece en un estudio historiográfico como secretario judicial en el consejo de guerra del poeta Miguel Hernández en 1940. Ahora su hijo, el cordobés afincado en Jerez José Francisco Baena, sienta en el banquillo a casi un centenar de demandados, la mayoría periodistas y directores de medios de comunicación nacionales y regionales, por hacerse eco de lo que entiende como una mentira que mancha la reputación de su fallecido progenitor. 

El principal demandado es el catedrático de historia de la Universidad de Alicante y autor del estudio Juan Antonio Ríos Carratalá. Según el demandante es el culpable de crear el “libelo difamatorio” que ha originado la mancha reputacional de su padre. José Francisco Baena defiende que su padre, el alférez Antonio Luis Baena Tocón, fue secretario del Juzgado Especial de Prensa, un Juzgado de Instrucción al que fue destinado mediante reclutamiento forzoso para cumplir el servicio militar, y no del consejo de guerra como figura en el estudio. 

El eco mediático

Una primera demanda contra la publicación de la Universidad de Alicante provocó un eco mediático en el que, según recoge el escrito, se llegó a calificar a Antonio Luis Baena Tocón con “expresiones ofensivas como verdugo, asesino, hiena asesina, ratita delatora que no acabó Derecho, cabrón, mierda, responsable de la ejecución de Miguel Hernández, y otras de similar cariz, o bien con carácter general, el secretario del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández o que firmó su condena a muerte”.

Estas expresiones se publicaron en numerosos medios de comunicación y su posterior onda expansiva en redes sociales –llegando a ser trendic topic– entre junio de 2019 y mayo de 2020 y ahora se dilucida si vulneraron el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen del padre del demandante. 

La tercera demanda

Ninguna de las demandas anteriores contra este estudio han conseguido respaldo judicial, ni la que presentó contra la publicación de la Universidad de Alicante ni la que presentó ante Google con el objetivo de desindexar numerosos enlaces digitales sobre este trabajo y su posterior cobertura mediática, causa que recurrió hasta el Tribunal Supremo. 

Sin embargo, la jueza instructora entiende que esos procesos tenían “un objeto más restringido y específico” que el que hoy se juzga, “el derecho al acceso a determinadas informaciones desde el ámbito de la universidad o bien al tratamiento de datos personales y el derecho de olvido digital”. 

Los demandados

Entre los periodistas que tendrán que pasar por la Audiencia Provincial en esta semana se encuentran varios profesionales de El País, la Ser, la Sexta y periódicos levantinos, además de diferentes directores de medios de comunicación e informativos como Soledad Gallego, Pedro J. Ramírez, Antonio García Ferreras, Ignacio Escolar, Bieito Rubido o Cristina Ónega. Pero la demanda no se limita al entramado mediático –son una treintena de medios los demandados–, sino que diferentes entidades culturales, sindicales o formativas como el Archivo Histórico Provincial de Alicante, la Fundación Española de Historia Moderna, UGT o las universidades de Alicante y Valencia también están convocadas a presentarse en el juicio que comienza este lunes.

La demanda recoge la petición de rectificación de todos y cada uno de los medios con la publicación de la sentencia, así como una cuantiosa indemnización que supera los diez millones de euros.

En cuanto al estudioso, la defensa de Ríos Carratalá ya expuso en la vista de cuestiones previas celebrada en febrero que el catedrático estaba dispuesto a rectificar los datos erróneos que se demostrasen de modo fehaciente con la documentación correspondiente, de hecho así lo hizo con alguna fecha de su estudio, y se muestra abierto al diálogo con el demandante, del que dice solo encuentra “insultos, difamaciones y denuncias” en estos “cinco años de locura” que lo han convertido en el primer catedrático que tenga que declarar por la publicación de sus estudios universitarios.