El gasto de la Diputación de Cádiz en asesores crece un 75% en seis años

El gasto de la Diputación en el sueldo de sus asesores se ha disparado un 75% desde la llegada de Irene García a la Presidencia hace seis años. Más de 820.000 euros brutos anuales paga ahora esta institución en este concepto cuando a mediados de 2015, al dejar el poder el PP, eran unos 469.000 euros.

La contratación de cargos de confianza en la Diputación de Cádiz fue un fenómeno que se puso en boga sobre todo durante los dos mandatos de Francisco González Cabaña (2003-2011) y que vino motivado en parte por los numerosos pactos que tuvo que firmar el PSOE para mantenerse en el gobierno provincial. Eran los tiempos de gobiernos bipartitos, tripartitos, cuatripartitos o incluso un pentapartito en los que los socialistas se veían obligados a hacer estas concesiones a PA, PSA, Indepedientes Portuenses (IP), IU y a algún tránsfuga.

Esta fiebre por los asesores se redujo un poco en los cuatro años de mandato del PP (2011-2015), cuando José Loaiza decidió bajar el tope de estas contrataciones de 18 a 13, aunque siempre se quedó muy lejos de ese máximo, con varias vacantes sin cubrir. Sólo al final tuvo que abrir la mano, cuando la cúpula de su partido le obligó a colocar en la Diputación tanto a Enrique Moresco, ya ex alcalde de El Puerto, como a Rafael Ruiz Canto, que se quedó fuera del Parlamento andaluz.

La llegada de Irene García a la Presidencia en 2015 catapultó este recurso, aumentando esta nómina a 15 asesores. Curiosamente la política sanluqueña justificó este incremento por el pacto con el PA, de ahí que el PSOE se quedara con 12 cargos de confianza y los andalucistas con los tres restantes. Sin embargo, ese argumento saltó por los aires en 2019, cuando de una tacada Irene García aprobó subir la relación de asesores de su gobierno a las 20 personas, correspondiendo todas esas plazas al PSOE.