La Fiscalía de Cádiz pide 5 años de cárcel para un policía nacional acusado de revelación de secretos

Cádiz/La Audiencia de Cádiz acogerá el próximo 24 de septiembre un juicio a un policía nacional acusado de un delito de revelación de secretos. La Fiscalía pide que el agente sea condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa de 4.500 euros. Asimismo, el Ministerio Público plantea que el funcionario sea inhabilitado para empleo o cargo público por un periodo de tiempo de seis años.  

Según recoge el escrito de acusación formulado por el fiscal, de las actuaciones practicadas resulta acreditado que el procesado, con antecedentes penales que no constan debidamente incorporados a la causa, publicó el 15 de febrero de 2015 en los diarios digitales Sanlúcar Digital y El Diario Independiente dos artículos con idéntico contenido titulados Corrupción o decencia policial.  La Fiscalía afirma que lo hizo en su condición de portavoz sindical y “a sabiendas de la ilicitud de su actuar”. 

En tales artículos, prosiguen las conclusiones provisionales de la Fiscalía, se hacía mención expresa a una embarcación ubicada en el pantalán de Chipiona, junto a los prácticos, de 6,99 metros de eslora y 2,76 de manga, y a una motocicleta Yamaha modelo YZF R6. 

El uso provisional tanto del barco como de la moto fue cedido por las autoridades competentes para que ambos vehículos fuesen empleados sin distintivos oficiales en cualquier diligencia de investigación policial.

No obstante, el agente encausado afirmó en sus artículos que “tales bienes eran destinados al uso recreativo y particular de ciertos miembros del Cuerpo Nacional de Policía”, según la acusación pública.

Debido a estas publicaciones, los efectos antes citados tuvieron que dejar de ser usados en la persecución de delitos, dada la facilidad para ser reconocidos por cualquier persona una vez delatadas sus características identificativas. En el caso de la embarcación, se adjuntaban además fotografías de la misma.

Además de ello, el 23 de enero de 2015, “siendo consciente de la ilegalidad de su actuación y con total desprecio por la intimidad de las personas, el acusado difundió a través de un correo electrónico a distintos destinatarios, unos compañeros de profesión y otros no, una denuncia de un ciudadano, a la que había tenido acceso por su condición de miembro del Cuerpo Nacional de Policía”.

En la citada denuncia, precisa el escrito de acusación, además de constar los membretes oficiales, figuraban el número de identificación profesional del instructor y la filiación completa del denunciante, así como los hechos por éste denunciados.

Aunque este procedimiento que ahora se va a juzgar en la Audiencia de Cádiz se remonta al año 2015, la Fiscalía no plantea la atenuante de dilaciones indebidas a la hora de solicitar las posibles penas a imponer.